Carta a los partidos políticos
Ahora que algunos partidos empiezan vergonzosamente a preocuparse del tema de los derechos humanos para sus programas electorales, aunque sin dejar de poner mayor atención a la rebatinga interna por las candidaturas, y que las organizaciones civiles y sociales comienzan a acordar sus agendas mínimas a mediano y largo plazos, para resistir con mayor fuerza los riesgos de retroceso de la abortada transición a la democracia, es importante que consideren las propuestas de Amnistía Internacional (AI) para esta coyuntura.
Con la experiencia directa, y por conducto de las organizaciones mexicanas, de más de 30 años continuos en relación con la problemática de los derechos humanos en el país, el pasado 10 de agosto su actual secretaria general, Irene Khan, entregó -en un hecho inusitado- a los partidos políticos una carta abierta, durante un primer debate público al que convocó también a representantes de la sociedad.
Con la nueva lógica que imponen las circunstancias, en ella los llama, a los partidos y a sus candidatos, a precisar sus compromisos y detallar de qué forma piensan por fin hacer frente a algunas cuestiones fundamentales en la materia, para dar respuestas prácticas a las aspiraciones democráticas de los ciudadanos; y además los invita a un diálogo abierto con las organizaciones de la sociedad civil, para establecer la manera como se han de conseguir tales objetivos y afianzar el apoyo que hace falta para garantizar su éxito.
Luego de recordar con objetividad algunos de los principales problemas estructurales que propician las violaciones a los derechos humanos en México, así como la incapacidad y falta de voluntad política de los partidos y los actuales gobernantes, a escala federal y estatal, para resolverlos, Irene Khan puntualiza los temas en los que los candidatos y sus partidos deben concentrar su atención. Entre éstos menciona las esperadas, desde hace tiempo, reformas constitucionales que están pendientes, para garantizar que la ratificación de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos se hagan efectivas en la legislación nacional, así como la eliminación de las reservas e interpretaciones que el gobierno mexicano ha contradictoriamente hecho a tratados clave, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la no Aplicabilidad de las Limitaciones Legales a los Crímenes de Guerra y a los Crímenes contra la Humanidad.
Subraya, igualmente, la indispensable reforma judicial y del sistema de seguridad, para garantizar entre otras cosas la subordinación de la policía, las procuradurías y la judicatura a la observancia profesional e imparcial de los principios fundamentales de justicia establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Constitución, y para limitar el papel de la jurisdicción militar en los casos de violaciones graves de los derechos humanos de los que son presuntamente responsables las fuerzas armadas.
Propone, igualmente, que se delimite con prudencia la función de seguridad desempeñada por éstas, ya que el Ejército no está capacitado para desarrollar una función policial o judicial. Teniendo en cuenta los casos emblemáticos de Ciudad Juárez y Chihuahua, propiciados entre otras cosas por las profundas deficiencias en los sistemas judicial y de seguridad, así como por la discriminación y falta de igualdad, AI afirma, con razón, que es urgente aplicar políticas prácticas que garanticen el derecho de todas las mujeres a vivir sin violencia ni discriminación, y que estos objetivos deben integrarse en la reforma de la policía y del sistema de seguridad.
Irene Khan reconoce el papel que los defensores de derechos humanos han venido realizando en México para resaltar los abusos cometidos por las autoridades y representar los intereses de las víctimas en su lucha por la justicia, pero también pide que se diga y acuerde con ellos la manera como se va a garantizar su derecho a realizar su legítima labor, sin temor a represalias. De particular importancia es, igualmente, su señalamiento de que hace falta un compromiso sólido para eliminar las barreras jurídicas e institucionales que impiden en México que los responsables de crímenes del pasado sean debidamente juzgados y sancionados, y que este gobierno y el próximo deben garantizar de una vez por todas la justicia, la verdad y la reparación.
No se puede dejar de mencionar su insistencia en que los poderes Ejecutivo y Legislativo reformen la frustrante e insatisfactoria legislación vigente desde 2001, para que los pueblos indígenas disfruten de todos los derechos que les confieren las obligaciones de México recogidas en tratados internacionales, así como su recordatorio de que todos los aspectos de la política pública deben basarse en los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.