Considera Cabeza de Vaca que el cártel de los Arellano Félix está debilitado
México dio los datos que EU difundió sobre firmas vinculadas al narco: PGR
Washington "no dice lo que ocurre en su propio gallinero", dice Eugenio Elorduy
El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, informó que México proporcionó la información que dio a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre empresas vinculadas al narcotráfico.
Al asistir en Tijuana a una reunión nacional de asuntos periciales, el funcionario federal señaló que de manera unilateral, el gobierno estadunidense decidió congelar propiedades vinculadas con actividades ilícitas y hacer pública la lista de personas y empresas acusadas de lavar dinero. Consideró que el cártel de los Arellano Félix se encuentra debilitado.
Cabeza de Vaca comentó que se desarrolla desde hace tiempo una investigación conjunta y, producto de ello, se realizaron más de 20 cateos en domicilios de Chihuahua durante julio pasado por parte de elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Esta pesquisa, advirtió, lleva mucho tiempo y hasta el momento se carece de información "contundente" y se convirtió en tema "trillado".
Estableció que en México no se puede recurrir a congelar las cuentas de personas vinculadas con el crimen organizado porque la ley lo prohíbe, ya que primero se requiere de una investigación, seguida de una consignación.
El titular de la PGR señaló que, a pesar de haber un "avance importante", en México aún no hay responsabilidades concretas para hacer consignaciones y consideró que podría haber resultados una vez que Estados Unidos proporcione información sobre sus investigaciones. En ese sentido, el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, se pronunció por que el país del norte dé a conocer la lista de las empresas que operan en su territorio y que no la oculten, ya que Washington "no dice lo que ocurre en su propio gallinero".
El procurador general de la República señaló que las investigaciones del narcotráfico son muy lentas y el combate a los cárteles de las drogas es muy difícil, pero aun así han podido debilitar a la organización de los Arellano Félix y prueba de ello es que "esta frontera no registra altos niveles de violencia como otros puntos del país".
Tras advertir que erradicar al cártel de Tijuana no garantiza que se puedan instalar otros grupos delictivos en el territorio, el procurador general manifestó que impedirlo es tarea de la sociedad.
Al ser cuestionado sobre los avances en la investigación del asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco, uno de los editores del semanario Zeta, de Tijuana, en un par de ocasiones lo confundió con la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial, de Hermosillo.
En referencia al tema lo único que puntualizó es que se encuentra bajo arraigo Ray del Villar, quien inicialmente fue detenido acusado de ser uno de los asesinos del editor del semanario, sin que se confirme aún esta información, aunque hay indicios de que está relacionado con el crimen organizado.
Por otra parte, el alcalde de Chihuahua, Juan Blanco Zaldívar, anunció ayer la revisión de la concesión del rastro municipal TIF, operado por la empresa Corrales San Ignacio, propiedad de los hermanos Miguel y Gerardo Arriola Márquez, cuyas cuentas empresariales fueron congeladas por el gobierno de Estados Unidos, tras ubicarse como una de las células del cártel de Juárez, encargadas de la introducción de droga en el vecino país.
El edil reconoció que después de que el Departamento del Tesoro estadunidense dio a conocer el listado de empresas ligadas al narcotráfico, entre las que se encuentra la operadora del rastro, podrían suscitarse problemas en el manejo de la empresa municipal, concesionada hace dos años a Corrales San Ignacio.
Atribuyó la responsabilidad de haber entregado la concesión a dicha empresa a la anterior administración municipal, que encabezó el priísta y actual secretario de Desarrollo Económico del estado, Alejandro Cano Ricaud. Desligó al actual ayuntamiento del proceso administrativo por medio del cual se entregó el manejo del rastro a la empresa privada, constituida por familiares de los presuntos narcotraficantes Miguel y Gerardo Arriola Márquez.
Blanco Zaldívar adelantó que a raíz de los problemas legales que enfrente la empresa en cuestión, someterán a revisión la concesión del rastro municipal TIF, y de ser necesario se revocará la misma, de acuerdo con las disposiciones legales.
De hecho el rastro municipal fue asegurado por la PGR hace un año, junto con varias propiedades, empresas, ranchos y residencias, luego de que los hermanos Arriola Márquez fueron detenidos en la ciudad de Chihuahua a consecuencia del operativo Toro III. La mayoría de las propiedades ya fueron entregadas de nueva cuenta a la familia Arriola.