No se consultó a la comunidad y ésta cobró renta de $50 mil mensuales a una empresa

La extracción de minerales, sujeta a usos y costumbres en Chicomuselo

"Primero la compañía se metió a la mala y dijo que no nos tocaba nada", aseguran ejidatarios

Reciben capacitación y mejoran su nivel de vida, afirma empresario

ROSA ROJAS /II ENVIADA

Chicomuselo, Chis. Los usos y costumbres del poder económico, sea nacional o trasnacional, no difieren mucho. En el ejido Grecia el personal de la Compañía Minera Caracol SA de CV llegó hace dos años: "primero se metieron a la mala; (dijeron) que ellos tenían una concesión federal para sacar el mineral (barita y antimonio) en el ejido, y que nosotros no teníamos nada que decir y no nos tocaba nada", comentaron los ejidatarios Rufino Zaca-rías Ramírez y Héctor Santiso.

Los campesinos, entrevistados en la cabecera de este municipio de la región fronteriza con Guatemala, agregaron que entonces la gente se enojó. "Nos levantamos y les dijimos que el gobierno no nos regaló las tierras, que nosotros luchamos por ellas, que la resolución presidencial salió en 1987 y ni modo que les regaláramos nuestros derechos; entonces hicieron ofrecimientos de obras para el ejido, pero no cumplieron, por eso en marzo les paramos seis camiones durante 20 días."

Por su parte, el ingeniero Tristán Canales Reyna, cabeza de la empresa y a cuyo nombre están las concesiones de exploración y explotación, informó que se accedió "a pagar la renta que nos están pidiendo por explotar el mineral (50 mil pesos mensuales), lo que se contrapone con la Ley Minera, pero no se contrapone con la ley de la costumbre".

-¿Qué quiere decir eso?

-La Ley Minera dice que el subsuelo es de la nación.

En efecto, el artículo sexto de la Ley Minera de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional en la materia, establece: "La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno (...) y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades", por lo que, en caso de no haber acuerdo con la empresa, ésta podría solicitar la expropiación de la tierra, permiso de ocupación temporal o constitución de servidumbre, en el área sobre la cual tiene la concesión minera.

Sin embargo, el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por México en 1989, que tiene prelación sobre cualquier ley reglamentaria, establece en su fracción dos: "En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras (subrayado nuestro).

"Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades".

En la entrevista, realizada vía telefónica, Canales Reyna detalló: "Aquí no está limitado dónde termina el derecho agrario y dónde empieza el derecho minero. Entonces, como no existe el entendimiento de que el subsuelo es de la nación, ellos dicen 'la nación, ¿quién es la nación? La nación somos nosotros, a mí págame un poco de dinero y yo te dejo que trabajes', eso lo están haciendo como acto de redención al campesino, porque no hay canalización de los gobiernos estatal y federal, porque desconocen el procedimiento en la materia. Entonces el uso y costumbre de la región es ceder un poco para que la distribución de la riqueza se dé aun fuera de la ley."

-Ahí hay un contrasentido -se le comenta-, porque en última instancia uno podría pensar que los primeros que tendrían derecho de tener la concesión son ellos.

-Así es, si ellos lo hubieran denunciado (la existencia del mineral) al principio, hubiera sido de ellos. Desafortunadamente lo que no tienen es el conocimiento y el capital para extraerlo, porque son inversiones muy cuantiosas, entonces lo que se hace, lo que se ha hecho en los últimos 500 años, es que se concesiona la explotación minera y esa concesión minera es tener realmente un socio, que se llama gobierno federal; éste nos pide la inversión y la rentabilidad.

-¿Entonces, cuál es el beneficio para los dueños de la tierra que son los ejidatarios y los comuneros?

-Normalmente es la capacitación, el sistema de vida diferente porque ya trabajan en otras cosas. Por ejemplo yo tengo siete, ocho muchachos de 17 años que se iban a ir a Estados Unidos y ya son operadores de Caterpillar y soldadores, ya dejaron de ganar 80 pesos diarios para estar ganando 2 mil pesos a la semana... Entonces hay capacitación, fuente de trabajo regional, cultura laboral y del esfuerzo, sistema de sanidad, mejoras en las condiciones de vida, que se van dando por añadidura a todo mundo.

Relaciones difíciles

Rufino Zacarías Ramírez y Héctor Santiso, ejidatarios de Grecia, explicaron las difíciles relaciones que llevan con la minera Caracol. Afirmaron que la empresa ha sacado en un año más de mil toneladas de material de la mina, ubicada en la colonia San Ramón, con superficie de 13.5 hectáreas. Todos los días trabajan unos 15 camiones. "Por eso la gente se inconformó y dijeron 'si no vamos a presionarlos nos van a dejar con las manos cruzadas, mejor tomamos los camiones', por eso los detuvimos, para que se llegara a un arreglo.

"Vino gente del gobierno del estado, de la procuraduría, nos decían que se negociara, que para qué íbamos a decir no, que iban a mediar para que trabajen con la plena confianza ellos y nosotros, y se llegó a un convenio que vence el 8 de septiembre, de que la minera iba a dar 50 mil pesos al mes, y sí pagaron abril y mayo; se ha estado repartiendo el dinero entre los ejidatarios (82) y avecindados (unos 100), pero a partir de que empezaron las lluvias, hace dos meses, ya no han pagado" porque el camino está muy mal y los camiones no pueden pasar.

Indicaron que se está demandando que la empresa pavimente la terracería de Flores Magón a Grecia, y de ahí a San Ramón y Los Arroyos, así como las calles del poblado. En total serían unos 40 kilómetros de revestimiento.

Información del gobierno chiapaneco indica que si las tres minas en las que trabaja la empresa Caracol consolidan sus actividades se "generarán 890 empleos directos, con inversión inicial de 6 millones de dólares" en los municipios de Chicomuselo y Acacoyagua.

Por su parte, Canales Reyna confirmó que actualmente la minera Caracol está trabajando en los predios San Ramón, La Revancha (500 hectáreas) y ampliación La Revancha (mil 50 hectáreas), extrayendo barita, que sirve para la perforación de pozos en la industria petrolera.

Además de esas concesiones mineras, según los registros de la Secretaría de Economía, se le han otorgado en este sexenio otras en Chicomuselo, en los predios La Mulita, con 56 hectáreas; El Leñadero, con 35; Siete Mulas, con 414 hectáreas; El Destino, con 284, así como Arena Negra, que abarca mil 500 hectáreas, y Diana, con 540, ambos en el municipio de Acacoyagua.

Canales Reyna no lo dijo, pero se publicó en agosto de 2004 que la Compañía Minera Caracol firmó con el puerto de Salina Cruz una carta de intención para un contrato por 25 años para exportar, vía ese recinto portuario, unas 25 mil toneladas mensuales de barita hacia Vancouver, Canadá.

En las oficinas de la minera en la cabecera municipal, donde también trabaja desde junio el químico Santiago Mortero verificando que la concentración de barita en el mineral sea la que requiere Petró-leos Mexicanos, se nos informó que la matriz de la empresa está en Tamaulipas y cuenta con otra oficina en Tapachula. Un empleado que se negó a dar su nombre aseveró que las relaciones con los ejidatarios de Grecia son difíciles porque son "muy agresivos, cuando tomaron los camiones (de la mina) detuvieron a uno de los empleados durante 28 horas y hace unos días apalearon a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que llegaron en 20 camionetas; fueron a cortarles la luz".

Canales Reyna informó también que uno de los problemas principales en este momento es abrir los caminos industriales que se requieren para concretar la operatividad de la mina y que ésta sea rentable. Unos 50 o 60 camiones transitarán diariamente y no deben atravesar el poblado, para evitar accidentes y el deterioro de la vialidad urbana, por lo que se negoció con los ejidatarios que se permita la construcción del camino. Agregó que, a cambio, la empresa "se obligó con el gobierno estatal y federal a conseguir los recursos para que reacomoden su camino nuevamente.

"Cuando asiste uno al ejido y platica con las autoridades, les explica qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede lograr, entonces ellos acceden y entienden, no son tontos, son gente consciente de que lo que quieren es mejorar su nivel de vida y su nivel de ingreso, con sus condiciones a veces groseras, a veces burdas, pero siempre son condiciones sentidas y naturales", aseguró.