Tras seis días de excavaciones aún no aparecen los restos de varios desaparecidos

En marcha, denuncia penal contra el ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 15 de agosto. Organismos defensores de los derechos humanos de Uruguay preparan una denuncia penal contra el ex dictador Gregorio Alvarez, quien gobernó entre 1981 y 1985, fecha en que se dio por terminada la dictadura que comenzó en 1973. La demanda también alcanzará a los mandos militares de aquellos tiempos.

Todo eso sucede mientras siguen sin aparecer, tras seis días de excavaciones, los restos de varios desaparecidos, en un área que se amplió hoy y que, según informes de las fuerzas armadas, estarían enterrados en los predios del batallón 14 de paracaidistas, en Toledo, población del departamento Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo.

Por medio del informe los militares admitieron públicamente lo actuado en traslados ilegales, secuestros, asesinatos y desapariciones. Este reconocimiento es el eje del debate.

Los temas se deliberan en las calles e incluso los editoriales de algunos medios manejados por la derecha del país se muestran "atónitos" por las revelaciones, especialmente por el caso de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, quien fue secuestrada embarazada en Argentina -junto con su esposo, Marcelo-, donde vivió los horrores del centro clandestino de detención de automotores Orletti, para luego ser trasladada a Uruguay.

Allí permaneció en varias sedes oficiales hasta que nació su niña, entregada a la familia de un policía y recuperada, tras una larga lucha, en el año 2000.

El reconocimiento del papel jugado por los militares en éste y otros casos admitidos ahora tuvo fuerte efecto en la población y en una clase media conservadora que intentaba mirar hacia otro lado y olvidar pronto el pasado, y a la vez dejó sin discursos a los cómplices civiles de los militares que negaban lo sucedido durante la dictadura.

Esto cambió rápidamente el panorama general y van surgiendo nuevos casos y demandas, como la del grupo de abogados de los organismos humanitarios Guillermo Paysee, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj); Pablo Chargonia, de la central obrera PIT-CNT; José Luis González, representante del escritor argentino Juan Gelman, y Walter de León, uno de los patrocinadores de la denuncia por "atentado a la Constitución" contra el ex presidente Juan María Bordaberry, y Oscar López Goldaracena, quien había sido sugerido para integrar la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La base de esta acción es que mediante una seria investigación se determinó que los mandos no estarían comprendidos en la Ley de Caducidad (1986) -llamada en el país ley de impunidad-, cuyo artículo primero ampara a "los funcionarios militares y policiales que violaron los derechos humanos" y cometieron acciones "ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto" y esto dejaría por fuera a los mandos.

Aún falta definir detalles de la denuncia, que según el periódico El Observador ya está en marcha y se dirige básicamente contra el teniente general retirado Gregorio Alvarez, quien fue comandante del ejército en los años de dura represión, entre febrero de 1978 y el mismo mes de 1979, cuando la Operación Cóndor -la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur- estaba funcionando en pleno. Además durante casi cuatro años fue el dictador presidente de Uruguay.

Existe entre las pruebas la orden interna 7777 del ejército firmada por Alvarez el 3 de julio de 1978, donde éste asume la responsabilidad en caso de que se hubieran violado los derechos humanos.

"Este comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión, y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido, por su condición de jefe de estado mayor conjunto en la época de referencia", señala la orden.

El abogado del Serpaj sostiene que ante la situación de que las fuerzas armadas admiten vuelos de la muerte oficialmente "es necesario presentar esta denuncia".

En medio de la conmoción general también avanza la investigación sobre el secuestro y asesinato en Argentina en 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que están comprendidos en los casos de Cóndor que se investigan en varios juicios.

Por estos días se entregaron nuevos documentos de la cancillería que incriminan más profundamente al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco en los asesinatos de ambos dirigentes, en combinación con militares y parapoliciales de Argentina.

Zelmar Michelini hijo dijo recientemente en París al periodista Samuel Blixen: "queda largo camino por recorrer. Los militares han mentido tanto y tanto tiempo que cuesta creerles. Madres y familiares tuvieron acceso al informe y del comunicado que publicaron surge que aún falta mucha información, sobre todo en relación con los desaparecidos en Argentina. Los militares siguen mintiendo por omisión".

Tanto Zelmar hijo como su hermano, el dirigente político uruguayo Rafael Michelini, que tuvo un papel protagónico en las investigaciones tanto del caso Gelman como de la búsqueda y hallazgo de Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez- secuestrado en julio de 1976 en Argentina, cuando tenía 20 meses-, son incansables en la búsqueda de datos que lleven hacia todos los responsables de ese crimen de lesa humanidad, que también queda fuera de los alcances de la Ley de Caducidad.

La abogada Hebe Martínez Burlé sigue presentado pruebas en este caso tanto contra Blanco como contra el ex presidente civil de la dictadura Juan María Bordaberry.

Varias de las pruebas han sido entregadas por el historiador e investigador Oscar Destuest. Uno de sus más recientes hallazgos es un instructivo que data del 18 de febrero de 1976, donde éste "cambia el sentido de las tareas del servicio exterior como parte de la estructura de seguridad del Estado".

Conjuntamente con lo anterior están surgiendo también en Uruguay todos los datos de la corrupción que caracterizó a las dictaduras y a los dictadores.