El ministro Mariano Azuela podría ser quien defina si se discute a fondo o se desecha
Divide a la Corte la controversia de Estrada Cajigal contra juicio político
Cuatro magistrados apoyaron al gobernador morelense y cinco se manifestaron por la improcedencia
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició ayer la discusión sobre la procedencia o no de la controversia constitucional interpuesta por el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, en contra del Congreso de esa entidad, que declaró procedente el juicio político en su contra. El asunto dividió la opinión de los ministros al grado de que el ministro presidente Mariano Azuela podría ser quien defina si el máximo tribunal entra a discutir el fondo del asunto o lo desecha.
El ministro ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, hizo una férrea defensa del gobernador panista, al considerar que la Corte no debe pasar por alto las violaciones de procedimiento en las que incurrieron los legisladores locales, postura a la que se agregaron tres de sus compañeros.
Por otro lado, cinco ministros se manifestaron por la improcedencia de esta controversia con diferentes argumentos, aunque en términos generales consideran que el proceso de juicio político en contra de Estrada Cajigal aún no ha concluido y que en la segunda etapa de este asunto, cuando la decisión del Congreso de separarlo del cargo sea analizada por el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, el mandatario estatal tendrá la oportunidad de defenderse y alegar lo que a su derecho convenga.
Las decisiones de los congresos, definitivas e inatacables
Del lado de esta precaria mayoría -ayer la ministra Margarita Luna Ramos no estuvo presente y Mariano Azuela no ha fijado su postura-, José de Jesús Gudiño Pelayo argumentó que debe sobreseerse la queja en razón de que las decisiones de los congresos son definitivas e inatacables en materia de juicio político y, por tanto, la Corte no tiene competencia para conocer del asunto.
En la sesión de ayer, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien concedió a Estrada Cajigal una suspensión para que se mantuviera en el cargo hasta que la Corte resolviera el fondo de la demanda, fue particularmente vehemente en la defensa de sus argumentos en favor del mandatario estatal.
No sólo descalificó los argumentos vertidos por Genaro Góngora Pimentel, quien propuso el sobreseimiento del asunto porque la decisión del Congreso de Morelos de separar de su cargo a Estrada ''no es definitiva'', ya que éste tiene la posibilidad de defenderse cuando el caso pase a manos del Poder Judicial local. También arremetió contra Gudiño, quien había reiterado su postura de que los juicios políticos en las entidades deben ser resueltos precisamente por los estados y no por la SCJN, al señalar: "El ministro Gudiño dice lo de siempre: que la Corte carece de competencia''.
El señalamiento de Aguirre no pasó desapercibido para el público presente en la sesión y minutos después mereció una respuesta de Juan Díaz Romero, quien calificó de "gallarda" la persistencia de Gudiño en sus puntos de vista.
En su argumentación, Aguirre cuestionó a sus compañeros por no poner atención en "aspectos procesales" no del todo claros y que concluyeron con la procedencia del juicio político en contra del gobernador morelense, y que éste se encuentre a un paso de que el supremo tribunal determine si ha lugar a destituir del cargo al Ejecutivo local por serias omisiones durante su gestión.
Añadió que si no se tomaba en cuenta que hubo violaciones procesales en la primera etapa del procedimiento, es decir, si la Corte no admite la controversia, esto sentaría un precedente negativo porque "los legisladores de los estados podrán cometer cuantas violaciones procesales les venga en gana", lo que sería muy grave, porque además quedarían secuelas definitivas en agravio del funcionario.
En respuesta a los diversos argumentos de los ministros que no compartían su punto de vista, Aguirre les cuestionó: "Y la violación procesal, ¿qué?", al tiempo que reivindicó el papel que debe jugar el máximo tribunal como garante para no permitir las violaciones procesales de los legisladores. Cabe señalar que cuando la SCJN tomó conocimiento de la controversia constitucional en la que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal planteó que la Cámara de Diputados se había extralimitado al separar del cargo a Andrés Manuel López Obrador, el pleno de la Corte, por aplastante mayoría, evitó entrar al análisis de las violaciones procesales que fueron planteadas.
En caso de que la Suprema Corte determine que la controversia es procedente, los ministros analizarían el fondo del asunto, y aunque es poco probable que den la razón al mandatario morelense, éste se ha mantenido en el cargo más de 10 meses gracias a la suspensión que obtuvo y le restarían 13 meses de gestión antes de entregarlo.
La defensa de Estrada adelantó que si el fallo le es desfavorable buscarán que el Supremo Tribunal de Morelos resuelva el caso en un juicio sumario.