Al olvido la competitividad
En 2001, con la presentación del Programa para Fortalecer la Economía, el entonces renovado gobierno del cambio reveló que la complejidad de los trámites burocráticos, plasmada en farragosos reglamentos y reglas de carácter general emitidos por el anterior Ejecutivo federal, elevaba los costos de apertura y operación de las empresas, distraía los recursos para la inversión y limitaba la capacidad de innovación, por lo que asumió el compromiso de promover la competitividad del aparato productivo, por medio del mejoramiento del marco regulatorio y la promoción de la modernización tecnológica.
Desde entonces han sido persistentes en la presentación de programas: al de Fomento para la Productividad y Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas le siguieron otros cinco: para la Competitividad de las Industrias, que incluía 12 sectores; Compromisos para Elevar la Competitividad; el Emergente para la Competitividad; Acciones para Fortalecer el Desarrollo Económico y, recientemente, el Programa de Mejoras Regulatorias. Todos estos "nuevos" programas en realidad significan el replanteamiento constante del mismo esquema, ante la incapacidad manifiesta para ponerlos en marcha, a pesar de que la mayoría de las acciones deberían ser ejecutadas por las secretarías.
Pero mientras la falta de coordinación intersecretarial condujo a un nulo avance, países como China aprovecharon el tiempo enfocando su estrategia en desarrollar ventajas para desplazar del mercado a sus competidores -destacadamente, a México-, entre las que se incluyen la simplificación de los trámites legales; impulso creciente a la calidad; vinculación tecnológica de empresas y universidades; mercado interno fortalecido; incentivos gubernamentales; diversificación de productos y servicios; precios del agua, energía y servicios de logística 60 por ciento menores que los de México; tasa máxima del ISR de 15 por ciento; exención del pago de impuestos a las nuevas empresas en los primeros cinco años, y de 50 por ciento para los siguientes tres años y, exención del IVA a la importación de bienes de capital. Esa diferencia estratégica para enfrentar la competitividad global llevó a que la participación de China en 2004, sólo en el mercado textil de Estados Unidos, pasara de 13 a 24 por ciento, mientras que la de México cayó de 11 a 9 por ciento.
Para la industria nacional, el resultado ha generado impactos más drásticos: además del deterioro de su participación en mercados exteriores, se ha llegado a la quiebra de empresas, el rompimiento de cadenas productivas y la disminución de su actividad productiva en 23 de las 43 ramas del sector manufacturero, entre ellas las del sector azucarero, hilados y tejidos, automóviles, molienda de café, tabaco, prendas de vestir, aparatos electrodomésticos, jabones, detergentes y cosméticos y equipo y material de transporte. Otras, irremediablemente, se han visto obligadas a cerrar; tan sólo en el primer trimestre de 2005 se perdieron alrededor de 5 mil 500 empresas.
Con los tratados comerciales firmados a la fecha con 44 países, se esperaba diversificación de la economía; la muestra de ello es que en 2000 México registraba superávit comercial con 15 estados, incluyendo España y Estados Unidos; pero para 2004 sólo se logró saldo positivo con Estados Unidos y algunas economías más pequeñas. Por otro lado, creció el déficit comercial con economías más fuertes, como Canadá, Alemania, Chile y Bélgica, sólo por mencionar algunas. El retroceso ha sido la regla.
No es extraño que la iniciativa privada nacional manifestara su inconformidad por el "nuevo" Programa de Mejoras Regulatorias, señalando que no implica mejora alguna al esquema; tampoco apoya al aparato productivo nacional en su eficiencia y posibilidades de inserción en la competitividad global. El problema es que, no obstante poseer el país una serie de acuerdos en la OMC, para brindar protección arancelaria hasta el primero de enero de 2008 a productos del sector textil y del vestido -especialmente de la mercancía china-, ahora el gobierno federal ha decidido disminuir los aranceles a otros 105 países con los que México no tiene tratados y que representan 15 por ciento de nuestro comercio exterior. El pretexto para imponer esta medida, que lógicamente es rechazada por el empresariado, es que así nuestra industria contará con insumos de importación, accesibles y competitivos, al mismo tiempo que se atrae mayor inversión extranjera.
Al gobierno federal no le bastan las prácticas de triangulación de mercancías que utilizan las empresas chinas e indias para evadir el pago de aranceles; ahora busca facilitarles el camino, imponiendo a nuestros sectores productivos más sensibles -obviamente sin pasar por el Congreso de la Unión-- una mayor liberalización, que los torna más vulnerables, cuando lo que más importa es detener el cierre de empresas y rescatar las cadenas productivas en franca agonía. Si el "nuevo" Programa de Mejoras Regulatorias propuesto por el Ejecutivo significa mayor competitividad, pero para nuestros competidores, lo deseable es que corra la misma suerte que los anteriores programas: el olvido.
Es preferible dar tiempo para que el próximo Ejecutivo federal, esperemos que con mayor visión de Estado, rencuentre el camino que impulse el aparato productivo nacional.