Se podía haber acusado a Quirós Hermosillo por desaparición forzada, consideran
Cuestionan ONG capacidad de Femospp en el caso Radilla
Defensores de derechos humanos calificaron de "lamentable" que la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, consignara el expediente de Rosendo Radilla Pacheco bajo el cargo de privación ilegal de la libertad, "cuando existen mecanismos jurídicos, como la desaparición forzada, en los que se establece la responsabilidad del Estado en delitos de lesa humanidad".
Tras conocer la decisión del juez segundo de distrito con sede en Acapulco, Guerrero, quien libró orden de aprehensión contra el general Francisco Quirós Hermosillo, en agravio de Radilla Pacheco -detenido por el Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974, cerca de la comunidad de Atoyac de Alvarez-, Luisa Pérez Escobedo, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la desaparición forzada no se limita a la privación de la libertad, también incluye "graves violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a las garantías jurídicas, por lo que resulta preocupante que el fiscal especial no emplee instrumentos jurídicos más avanzados para garantizar la procuración de justicia y el esclarecimiento de los hechos".
Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación "estableció desde 2004 que el delito de desaparición forzada es imprescriptible al tratarse de una violación que afecta no sólo a la víctima, sino a sus familiares y a su comunidad", en tanto la privación ilegal de la libertad "no incluye el papel del Estado en la comisión de delitos contra particulares, pues se corre el riesgo de hacer de un delito de lesa humanidad una falta del fuero común".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, señaló que la orden de aprehensión contra Quirós "sólo es un primer paso previo a las investigaciones, las cuales deberán incluir tanto la sanción a los responsables materiales como intelectuales y establecer la clara responsabilidad del Estado en estos delitos".
Indicó que es "cuestionable" la decisión de Carrillo Prieto "cuando existe una figura jurídica más completa, en la que se establece que fue una política de Estado la que llevó a la violación de los derechos humanos de las víctimas y la denegación de la justicia".
No se trata, afirmó, de establecer que lo ocurrido fueron "hechos aislados cometidos por malos policías y militares, sino de que el Estado reconozca su responsabilidad en los hechos y actúe en consecuencia, garantizando la aplicación de la ley y una reparación integral del daño, así como el completo esclarecimiento de los hechos del pasado".
Por separado, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, informó que el próximo martes organizaciones y familiares de Rosendo Radilla presentarán una posición oficial ante la consignación interpuesta por la Femospp, luego de analizar las condiciones del caso.