Ni Cárdenas ni López Obrador han dicho qué harían con Oportunidades: Boltvinik
Propone el PRD replantear la política antipobreza
En el primer foro perredista rumbo a la integración de la plataforma electoral de 2006 se propuso un replanteamiento estructural de la política social para combatir la desigualdad prevaleciente en el país. La estrategia no puede continuar la tendencia de ser considerada como una "ambulancia" que recoge a los heridos que va dejando la política económica, dijo Clara Jusidman.
Este primer foro fue irrumpido por un grupo de militantes de la delegación Miguel Hidalgo, que protestó por las pasadas elecciones partidistas en esa demarcación. Antonio Alvarez interrumpió a Javier González Garza, quien conducía los trabajos en el Club de Periodistas. "No venimos a reventar el foro, sino a denunciar un fraude y a pedir al presidente nacional (del partido) que incluyan la limpieza en las elecciones, ya que nos amenazan con expulsión por haber denunciado irregularidades en los comicios de Miguel Hidalgo.
"Necesitamos un partido que no nos amenace con expulsión por la denuncia en contra de Carlos Reyes Gámiz, quien violó la normatividad al entregar despensas en la pasada campaña para renovar la dirigencia en Miguel Hidalgo."
Clara Jusidman, ex funcionaria del gobierno capitalino, se abocó al tema del encuentro: Desigualdad social, pobreza y calidad de vida. Dijo que la política social no puede estar subordinada, funcional o en forma complementaria, a la política económica. Expresó que, por primera vez en la historia de México, el trabajo en actividades informales supera porcentualmente al de las formales, lo que conlleva a una cultura de la ilegalidad.
También criticó las pretensiones privatizadoras de los servicios de educación y salud, inscritas en las presiones internacionales de liberalización comercial. Se requiere, aseguró, un pacto fiscal que permita asignar los recursos al Estado para que recupere sus responsabilidades sociales bajo modalidades de transparencia y rendición de cuentas, eliminando privilegios burocráticos y el autoritarismo corporativo o populista.
Por su parte, Laura Itzel Castillo, secretaria de Desarrollo Urbano del actual gobierno capitalino, estableció la necesidad de incrementar los recursos públicos para la promoción de vivienda para los sectores menos favorecidos. De 2001 a 2004 se destinó apenas 0.16 por ciento del producto interno bruto para este rubro, dijo.
La prioridad futura debe ser la atención de la población que vive en 9.6 millones de hogares con percepciones inferiores a tres veces el salario mínimo, lo que requiere acuerdos institucionales para reorientar la canalización crediticia a la población derechohabiente con ingresos menores, adscrita al Fovissste y al Infonavit, indicó.
Julio Boltvinik, diputado federal perredista, señaló que la lucha contra la pobreza no puede ser una tarea exclusiva de la política social ni reducirse a programas dirigidos a su combate. Se requiere la articulación sinérgica entre política económica y social. A la fecha, ésta última está supeditada a la primera, señaló. Propuso la creación de un instituto nacional de evaluación del desarrollo para garantizar independencia en el diseño y aplicación de la política social, al que se incorporaría el funcionamiento del gabinete de desarrollo social y económico, con rectoría presidencial.
Al referirse a las propuestas que tanto Andrés Manuel López Obrador como Cuauhtémoc Cárdenas han hecho para integrar la plataforma electoral de 2006, propuso una estrategia intermedia que no copie cualquiera de los documentos, pero que tampoco los ignore. Ninguno menciona qué harán con herencias que tendrán de este gobierno, como el programa Oportunidades.