Editorial
Neoliberalismo y pobreza, la ecuación de la violencia
La guerra entre bandas de narcotraficantes para tomar el control de territorios y rutas de trasiego de estupefacientes ha provocado una crisis de seguridad pública en México de tal magnitud que algunos analistas consideran que el país está entrando en un proceso de colombianización. En lo que va del año, casi 700 personas han sido asesinadas en crímenes relacionados con las drogas. Esta situación se deriva en parte de la grave corrupción imperante en las corporaciones policiacas, las cuales además se han visto rebasadas por el poder de fuego de las mafias.
Existe además otro tipo de violencia que afecta a una amplia franja de la población. A decir del Banco Mundial (BM), en el último año han muerto violentamente un promedio de 4.4 personas al día, crímenes vinculados a la pobreza, es decir, a la falta de oportunidades, de movilidad social, y el desempleo, entre otros factores económicos. Sin embargo, el BM omite que este panorama de precariedad se origina en las políticas neoliberales y del Consenso de Washington que el propio organismo apoya.
El campo es un buen ejemplo de la miseria provocada por esas políticas. De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), uno de cada 10 habitantes de América Latina padece subnutrición. Paradójicamente, la región registra un superávit en su producción agrícola. No es de extrañarse que la gente de escasos recursos recurra al narcotráfico para subsistir y que los campesinos se vean orillados a sembrar drogas, que son cultivos más rentables que los tradicionales.
México ocupa el primer lugar en exportaciones de mariguana a Estados Unidos y el segundo lugar en heroína. El número de cultivos de cannabis y amapola se incrementó de 2 mil 75.9 a 5 mil 809.9 y de 42.2 a 876.1, respectivamente, entre 2002 y 2003. Asimismo, el 90 por ciento de la cocaína que se consume en ese país pasa por territorio mexicano. La capacidad de las mafias nacionales para producir y transportar drogas se debe en buena medida a una fallida estrategia del gobierno federal en el combate al narcotráfico, fallas que se agudizan debido a la corrupción policiaca. El gobierno del presidente Vicente Fox carece de un plan de sustitución de cultivos ilícitos y los proyectos para desalentar la producción de drogas son insuficientes y, peor aún, se han reducido y sufren recortes presupuestales. En 2002 se aplicaron 46 mil 749 proyectos por un valor de unos 203 millones de dólares, con una cobertura de 535 mil 748 familias. En 2003 fueron 19 mil 907 proyectos, con un valor de 82.5 millones de dólares, que beneficiaron a 418 mil 991 familias. De un año al otro, el número de familias participantes disminuyó en 116 mil 757, y el presupuesto para tal efecto se recortó 50 por ciento.
Si el gobierno no es capaz de neutralizar el flagelo del narco, al menos tendría que establecer políticas económicas que le ofrezcan al campesinado otras alternativas al cultivo de drogas. Por el contrario, las actuales políticas macroeconómicas no sólo fomentan la pobreza en el campo sino en todo el conjunto de la sociedad, tanto en México como en toda América Latina. Datos de 2001 del BM indican que 20 por ciento de la población mundial sobrevive con un dólar diario y 2 mil 700 millones se las arreglan con dos dólares o menos. A su vez, las agencias de la ONU señalan que en 2004, unos 852 millones padecían hambre crónica y casi la mitad de la población mundial infantil sufría alguna carencia elemental que incidirá negativamente en su desarrollo.
Queda claro pues que el Consenso de Washington y sus políticas de libre mercado y privatizaciones son en realidad una fábrica de pobres y un caldo de cultivo para la violencia general y la vinculada con organizaciones delictivas. Es por ello que el combate a la violencia necesita no sólo estrategias de seguridad sino también un modelo económico que reduzca la brecha entre ricos y pobres.