Modelo de atención a la violencia contra las mujeres
El pasado jueves la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero, presentó su segundo informe ante el gobierno federal. Como hecho significativo, ayer lo hizo público ante la sociedad civil, en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia. La semana próxima lo presentará igualmente ante la sociedad juarense.
Se trata de un informe de 237 páginas, más otras 180 de documentos y anexos, en el que de manera realista y honesta da cuenta de las actividades realizadas desde mayo del año pasado, siguiendo sus tres líneas de trabajo: promoción de la verdad y la justicia, atención a víctimas y fortalecimiento del tejido social. En él insiste, con razón, que este informe ofrece pistas valiosas para un modelo de atención a la violencia contra las mujeres, que podría consolidarse y servir para otros estados con el propósito de colocarlas en el centro de las políticas públicas, pues a pesar de las escandalosas precariedades económicas y administrativas con las que en ocasiones ha venido trabajando, sobre todo durante la gestión del anterior secretario de Gobernación, da responsablemente cuenta de las causas históricas que han propiciado los feminicidios, así como de las razones estructurales que motivan hasta ahora su impunidad en la mayoría de los casos.
Vale la pena destacar que Amnistía Internacional informó el pasado martes desde Londres, luego de una misión de alto nivel en México, que la comisión para Juárez "ha realizado una labor positiva en relación con los familiares de las víctimas, y ha coordinado iniciativas federales y locales para tratar la problemática social en la que se encuentran algunas zonas marginales de Ciudad Juárez.
"Sin embargo -añade- las restricciones establecidas en su régimen jurídico han limitado la eficacia de su papel, dentro del establecimiento de la verdad y de justicia". Su propia titular expresó con modestia en la presentación del informe que los resultados que se tienen, si bien importantes, no son todos los que se quisieran; al final puntualizó algunas de las graves deficiencias, atribuibles también, desde mi punto de vista, a la falta de voluntad política, arrogancia e incapacidad de algunas de las autoridades federales, estatales y municipales que tienen injerencia fundamental en este asunto.
Entre éstas señaló la falta de continuidad en la calidad del Programa Integral de Seguridad Pública en esa ciudad fronteriza; no tener acceso a todos los expedientes penales para aplicarles, "con la anuencia de las procuradurías y bajo fórmulas de confidencialidad", la herramienta metodológica que se proyecta, a fin de explicar lo sucedido, como parte del derecho a la verdad y para conocer la magnitud del problema en términos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, así como que las familias de las víctimas aún no cuentan cada una con apoyo jurídico para ejercer su derecho a la coadyuvancia. Con sencillez, pero también con determinación, que respaldamos los integrantes del consejo ciudadano que la acompañan, la comisionada también lamentó que no se haya podido fortalecer una perspectiva de reparación del daño con la visión integral que sustenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que no se han investigado todavía a fondo los casos de tortura, ni se tienen aún los resultados que se desean para que cese la impunidad en muchos de los casos de feminicidio serial, "tareas que competen directamente a procuradurías y tribunales".
Por ello es importante que sostenga que el feminicidio es "un problema de Estado", y que su solución requiere en efecto de "acciones contundentes, esfuerzos parejos, así como la especialización de quienes deben dar atención integral a todos los casos". Desde mi punto de vista, y el de ilustres legisladoras y académicas, no basta una fiscalía especial, ni siquiera que la Procuraduría General de la República atraiga algunos casos -mientras no esté facultada constitucionalmente a traer todos los delitos graves de esta naturaleza, por falta de sensibilidad y negligencia hasta ahora de nuestros legisladores-, sino que es indispensable que se cree en esa dependencia una fiscalía especializada en delitos de género para poder emprender en el país una verdadera política de Estado en estas materias. Entre tanto hay que reconocer y agradecer los esfuerzos que la comisión para Juárez ha venido realizando con pasión y entrega por la verdad y la justicia, para atender a los familiares de las víctimas y prevenir la repetición de estos hechos.