Incumple recomendación de la CEDH respecto a contaminación en comunidad de Cuautla

Elude Salud de Morelos verificar situación de niños afectados por plomo en la sangre

El origen del daño serían descargas clandestinas de metales pesados en planta de BASF

LA JORNADA MORELOS

Cuernavaca, Mor., 10 de agosto. A pesar de que existen elementos que prueban que niños de la comunidad Hacienda del Hospital, municipio de Cuautla, padecen saturnismo -plomo en la sangre- debido a que durante 25 años la empresa alemana BASF descargó en drenajes clandestinos aguas residuales con altas concentraciones de ese metal, además de molibdeno, la Secretaría de Salud del estado se ha negado a aceptar las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que se practiquen nuevos exámenes médicos a todos los pobladores.

De acuerdo con Wendy Caballero, visitadora estatal del organismo defensor de las garantías individuales, existen elementos para afirmar que muchos niños padecen dolores cabeza, mareos, vómitos, cambio de coloración en la piel, debilidad y otras afecciones, que pueden provocar la muerte, a causa de la contaminación a que fueron expuestos por los desechos de la compañía alemana.

En 1973 BASF eligió El Hospital para dejar miles de toneladas de contaminantes, como residuos de plomo, cromo y molibdeno que fueron descargados en desagües clandestinos y arrojados al arroyo del Espíritu Santo, del cual se riegan plantíos de caña y abreva el ganado.

La empresa produjo desde ese año 2 mil toneladas de pigmentos bases, con los que luego se elaboraron otros miles de toneladas de pintura amarilla para los señalamientos de carreteras y avenidas, que fueron exportados a todos los países de América Latina. BASF aceptó en l996 que se le practicara una auditoría ambiental voluntaria, aun sabiendo que en 1997 desocuparía las instalaciones de la ex hacienda de Nuestra Señora de la Concepción, luego llamada del Hospital.

La compañía no desocupó el lugar, como estaba previsto, el último día de agosto de l997, motivo por el cual el 3 de septiembre de ese mismo año fue desalojada judicialmente, y las instalaciones se encontraron en condiciones sumamente deplorables.

Se firmó acuerdo que supervisarían Profepa e INAH

Como ha documentado La Jornada desde 1999, a partir de ese momento surgió una lucha de denuncias y procedimientos civiles, administrativos y penales, mismos que concluyeron al firmarse un contrato de transacción judicial, en el cual, bajo la supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la empresa alemana se comprometió a remediar y restaurar el inmueble ocupado, tanto ambiental como arquitectónicamente.

En cuanto a la afectación al poblado, la argumentación de BASF con respecto a la contaminación que generó era que se debía a la migración de polvos fugitivos que pigmentaron paredes, techos, piso y suelos del inmueble arrendado (5 mil 300 metros cuadrados), así como el retiro del drenaje industrial y la limpieza y restauración del drenaje histórico.

La región ha sido envenenada con miles de toneladas de plomo y molibdeno, que dañan la salud de niños y adultos y los hacen víctimas del saturnismo, y perjudican los mantos freáticos y las tierras agrícolas.

A pesar de esto, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social se niegan a mostrar los expedientes médicos de pacientes como el niño Brian Morgado, y otros que han sido atendidos en esa dependencia, con el argumento de que dichos historiales clínicos "se perdieron", porque son casos de hace más de cinco años, además de que el instituto no está obligado legalmente a rescatar el archivo muerto.

La trasnacional alemana sigue impune luego de ocho años de haber abandonado la ex hacienda azucarera y dejar una estela de enfermedad y veneno ambiental en el poblado de El Hospital, sin remediar el daño causado por los metales pesados, que alcanzan más de 15 metros de profundidad en el inmueble utilizado como fábrica de pigmentos bases.

Presunto contubernio de representantes de la empresa con funcionarios

En todo esto se percibe un contubernio entre funcionarios de dependencias federales y estatales con empleados de BASF Mexicana SA de CV; por ejemplo, mandos medios de la Profepa, como Irma Estela Dorantes, Anastasio Carranza, Gerardo Anselmo Alvarado, así como el ahora subsecretario de la segunda instancia, José Ramón Ardavín, ordenaron retirar material contaminado, extraído de los patios de la hacienda, sin dar aviso a los propietarios del inmueble, para ocultar evidencias y responsabilidades de la trasnacional contaminante.

Lo anterior consta en el acta asentada ante el notario público número 4 de Cuautla, Neftalí Tajonar, quien dio fe también del intento de ocultar la existencia de pozos y drenajes clandestinos que fueron utilizados por los técnicos de BASF para descargar aguas residuales contaminadas con metales pesados.

En agosto de 2004, Gerardo Anselmo Alvarado, funcionario de Profepa, dijo que ordenó a BASF concluir los trabajos pendientes en el área que rodea el predio arrendado, pero apenas el pasado 11 de mayo finalmente se comenzaron a realizar estas acciones, con una licencia otorgada por el municipio de Cuautla para excavar 60 metros cuadrados.

Es así como funcionarios de la empresa y gubernamentales tratan de ocultar los errores procedimentales en que han incurrido. BASF no está oficialmente liberada del problema; necesita el certificado de libre de contaminación del área afectada, una vez que haya remediado el daño ocasionado al poblado, sus habitantes, agua, tierras, ganado y entorno ecológico.

Monumento histórico protegido

A pesar de que hace años quitaron 11 mil toneladas de tierra contaminada para depositarla en un tiradero tóxico en Mina, Nuevo León, el problema continúa; además la ex hacienda del Hospital es un monumento histórico del siglo XVI, protegido por el INAH, el cual tampoco ha extendido el oficio de liberación por el daño causado a la capilla y otras áreas del casco de la propiedad, que perteneció a la orden de los hipólitos en el virreinato, fundada por fray Bernardino Alvarez con la intención de obtener recursos para atender a los enfermos mentales de la ciudad de México en aquella época.

El problema es de tal magnitud que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no se ha atrevido a otorgar el certificado de libre de contaminación para el inmueble afectado, porque el daño está a flor de tierra.

Los estragos en el ambiente y la población son mucho peores que hace una década; sin embargo, el director de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Enrique Rubio, y el secretario de Salud de Morelos, Antonio Campos Rendón, han negado la existencia de problemas de contaminación por plomo en la zona.

La negación de esta problemática por las autoridades llega a tal grado que esas dependencias, además de la Semarnat y la Profepa, se han negado a aceptar las recomendaciones de la CEDH, la cual exige que se practique nuevamente un examen médico a todos los habitantes del poblado.

Este asunto tiene un mar de fondo: corrupción, dicen los lugareños; exageración, dicen autoridades y empresa, pero no se atreven a dar la liberación a la trasnacional, que sigue impune, y el asunto está sin solución.