Los compromisos
Antes de renunciar a la jefatura de Gobierno del DF, López Obrador hizo públicos 50 compromisos de lo que sería su gobierno en 2006-2012. Son congruentes con su planteo alternativo de nación. Precisan acciones que, sin duda, instrumentará. Por ello, urge una evaluación crítica que permita replantear algunos de ellos, agregar otros y puntualizar varios más. El propósito de los 50 compromisos es evidente: explicitar las acciones que recuperarían una dinámica económica capaz de crecer a un ritmo alto y sostenido, crear empleos y, lo que es central en la propuesta, "abatir la pobreza y propiciar el bienestar de todos los mexicanos".
La responsabilidad de cualquier gobierno es elevar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población. Esto resulta, por supuesto, más ambicioso que lo planteado por AMLO. No se trata de un tema secundario. Si no se acepta que debe actuarse con el fin de que toda la población mejore, los alcances de la propuesta pueden ser restrictivos. Obviamente, la prioridad son los sectores sociales más desfavorecidos y, a través de la superación de sus condiciones de pobreza, se actuaría sobre el conjunto. Pero, hace falta mayor precisión. Dos elementos resultan básicos para afectar a todos los trabajadores: la generación de empleo y los salarios.
La experiencia muestra que hace falta que los empleos nuevos ofrezcan una remuneración razonable para que las vacantes sean ocupadas. Los puestos de trabajo que pagan salario mínimo tienen los mayores índices de rotación de personal. Por ello, tienen que aumentar los salarios mínimos. El planteo de garantizar que los salarios mínimos aumentarán por encima de la inflación es importante, pero insuficiente. Es indispensable establecer una meta de mejoría en las remuneraciones legales en el sexenio para realmente mejorar las condiciones de vida de los asalariados.
Este objetivo de recuperación salarial entrará en contradicción con la política del Banco de México. El compromiso 45 establece que se respetará la autonomía del banco central y se mantendrán los equilibrios macroeconómicos lo que, en verdad, generará tensiones que pondrán en riesgo el cumplimiento de los propósitos sociales. El Banco de México ha establecido su meta histórica para el mediano y largo plazo: mantener una inflación anual de 3 por ciento, con un margen de un punto. Para lograrlo ha instrumentado una política monetaria que reduce la liquidez. Lo ha hecho aplicando el corto y pronto lo hará de una manera más transparente: fijando tasas de referencia, como lo hacen otros bancos centrales.
La decisión de mayor o menor restricción a la liquidez de la economía se asocia al comportamiento de la propia inflación y, sobre todo, a las expectativas de los agentes económicos. Si éstos piensan que la inflación será mayor de lo propuesto, se busca alinear esas expectativas retirando circulante, lo que eleva las tasas de interés. Con ello se desestimula el crédito, se frena la actividad económica y se restringe la creación de nuevos empleos. En un contexto de incrementos a los salarios reales, es obvio que los agentes piensen que la inflación será mayor a 3 o 4 por ciento, lo que llevaría al banco central a incrementar el corto.
La contradicción es clara. Habrá dos políticas: una que mejora los salarios y trata de que se generen empleos mejor remunerados, para lo cual es necesario crédito a una tasa adecuada; otra política que para alinear las expectativas a la meta aumentará las tasas de interés, directamente o a través de operaciones de mercado abierto. La autonomía del banco central permitirá actuar contra una política económica con propósitos sociales. Ello será inevitable. José Antonio Ocampo ha planteado que es indispensable que "las autoridades macroeconómicas, incluidos los bancos centrales, examinen periódicamente los efectos de sus políticas sobre el empleo y los ingresos de los sectores más pobres" (Reconstruir el futuro. Globalización, desarrollo y democracia en América Latina, p.176).
El asunto es simple. Si los responsables económicos actúan para mantener los equilibrios macroeconómicos serán un obstáculo para el éxito del programa económico con contenido social. Es indispensable que haya una visión integral común. Ello implica entender que el equilibrio macroeconómico es fundamentalmente pleno empleo y crecimiento económico estable, acompañado de una baja inflación y cuentas externas y fiscales sostenibles. Así las cosas, no es posible un banco central autónomo y mantenimiento del déficit fiscal y el de la cuenta corriente controlados, si lo que se busca es que los objetivos sociales definan la política económica. Plantearlo no sólo es incongruente, sino irrealizable.