Las dos campañas
Cinco años han transcurrido ya de la administración foxista y hemos tenido graves retrocesos en múltiples aspectos: diplomáticos, económicos, agrarios, migratorios, policiacos y ecológicos. En este contexto de retroceso y tensiones sociales no podíamos esperar una mejoría en el conflicto de Chiapas. La militarización en la región no ha tenido cambios sustanciales por parte del Ejército Mexicano. En cuanto a los grupos paramilitares, su fortalecimiento y crecimiento han sido constantes gracias a una derrama económica selectiva que tanto el gobierno federal como el estatal han venido efectuando sistemáticamente. El riesgo de perder esos recursos económicos facilita, por un lado, la docilidad de muchas comunidades no zapatistas; por el otro, propicia la confrontación y tensión social con las comunidades zapatistas. El intento de involucrar al EZLN con el cultivo de enervantes, por último, fue una grave señal del Ejército.
La alerta roja del EZLN vino a revelar al mundo y al país que la militarización continúa y que sigue constituyendo el mayor riesgo de violencia en la región. Los grupos paramilitares se han fortalecido, en efecto, aunque en este momento estén contenidos, sin abrir fuego. Pero son los que aseguran que los presupuestos de desarrollo social de los gobiernos federal y estatal fluyan selectivamente a las comunidades y regiones donde ellos se encuentran, de manera que podíamos decir que en cierto modo su influencia ahora también es económica y política. En este aspecto podemos hablar de coincidencias o de continuidad de políticas federales hacia el conflicto de Chiapas durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Porque, en realidad, el presidente Fox no aclaró, al afirmar que en "quince minutos" resolvería el conflicto de Chiapas, a qué día, año, década o siglo pertenecían esos minutos; por lo tanto, siguen pendientes los relojes sociales de ese cuarto de hora mítico.
Ahora bien, muchos se preguntan en México, y fuera de México, si con un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones federales de 2006 podría tener solución el conflicto de Chiapas. Debemos responder que es difícil saberlo, porque no se trata solamente de la convicción de un gobernante, sino de una negociación real y a fondo, y por ello gradual, con viejas fuerzas políticas y económicas de Chiapas y de otras zonas del país. Quiero decir que la solución del llamado conflicto de Chiapas no puede ser resultado de una sola decisión personal ni puede contemplarse como una acción inmediata y rotunda, sino como un proceso social complejo. La esperanza (para emplear un término cercano a los seguidores de López Obrador) de una solución rápida del conflicto se origina posiblemente de una premisa que no se corresponde plenamente con la realidad: creer que el poder de un gobernante es suficiente para transformar la sociedad entera. O mejor aún, creer que con el cambio de un gobernante cambia la sociedad entera. Este tipo de premisas forma parte indisoluble de las tradiciones del poder cupular.
En Bolivia han cambiado en poco tiempo varios presidentes de la república sin que esos cambios hayan provocado una transformación social del país suficiente para eliminar precisamente las causas sociales que provocan las continuas renuncias de los mandatarios. En Ecuador y Perú los cambios violentos o electorales de gobernantes no trajeron automáticamente las transformaciones sociales esperadas. En México el ascenso de un gobernante panista sólo reafirmó las políticas económicas de los dos anteriores presidentes priístas, de manera que el cambio consistió, parafraseando a Ovidio y a Rubén Bonifaz Nuño, en decir (y hacer) de otro modo lo mismo.
Los cambios de gobernantes no traen aparejadas automáticamente transformaciones sociales. Pero sobredimensionar las figuras de los gobernantes es una dinámica natural en los sistemas de poder cupular y en las elites de partidos, porque es el único recurso para crear diferencias en plataformas políticas que son coincidentes o cada vez más semejantes. Por ello, la pasarela de precandidatos suele ser tan sólo un cambio de luces en la continuidad de las elites políticas. En este contexto de poder cupular, ¿quién nos asegura que una o dos figuras prominentes de la elite perredista podrían transformar positivamente nuestro país? ¿Acaso nuestra sociedad es un objeto pasivo que está a la espera de que un gobernante dé la orden del cambio para que en automático comience a transformarse? En este contexto, insisto, ¿por qué la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y recientes comunicados y expresiones del EZLN y del subcomandante Marcos han causado desconcierto o desazón en muchos medios y en las cúpulas perredistas?
Una vez aclarado por La Jornada y por la carta del subcomandante Marcos dirigida a Benito Rojas Guerrero que en ningún momento dijo en relación a los seguidores de López Obrador, "si están con ellos no están con nosotros", permanece, sin embargo, en el PRD y fuera de él, como una cuestión conflictiva la ubicación, autodesignación o definición de las fuerzas de izquierda en el país. Aunque la cuestión fundamental planteada por el EZLN creo que es más profunda y clara: convocar a un reordenamiento de la izquierda y del cambio social del país no desde la perspectiva de las cúpulas de poder, sino desde las bases sociales. Porque, en efecto, suelen olvidar los políticos que entre las elites de poder un país se ve diferente desde la realidad de los pueblos. Las campañas políticas por ello parten primero de un reforzamiento de la identidad partidista, como veremos mañana, en la siguiente entrega.