Editorial
Guerra sucia: mientras Chile avanza, México calla
En Chile la justicia avanza a paso lento, pero seguro, para esclarecer los crímenes y delitos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ayer miércoles el juez Sergio Muñoz ordenó la detención y procesamiento de Lucía Hiriart de Pinochet y su hijo Marco Antonio por el delito de fraude tributario, en el contexto de la investigación de las cuentas secretas que el ex dictador mantenía en instituciones financieras en el extranjero. Esta resolución es la más reciente de una serie de medidas legales para llevar a juicio a Pinochet por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. En contraste, en México los procesos contra los responsables de la llamada guerra sucia en las décadas de los 60 y 70 no han prosperado, en gran medida por la falta de voluntad, tanto del gobierno como del Poder Judicial, para esclarecer esos crímenes.
La detención de la esposa e hijo de Pinochet forma parte del proceso entablado contra el ex militar por 27 millones de dólares depositados en varias cuentas descubiertas en el desaparecido Banco Riggs de Estados Unidos y en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Ese hallazgo permitió que Pinochet fuera acusado de fraude tributario, falsificación de documento público y enriquecimiento ilícito. En los últimos cinco años, la justicia chilena ha emprendido varios procesos contra el ex dictador, lo que revela que en el país sudamericano existe la voluntad de arrojar luz sobre los excesos de la dictadura. Desde marzo de 2000, cuando Pinochet regresó de Londres tras haber eludido una orden de extradición girada por el juez español Baltasar Garzón, el general ha enfrentado juicios por los casos de la Caravana de la Muerte (1973, comitiva militar que recorrió Chile para ejecutar opositores políticos), los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa (1974) y el Plan Cóndor, iniciativa conjunta de las dictaduras de Suramérica para eliminar disidentes. Estos procesos revelan que en Chile hay gente con el suficiente valor cívico para acabar con la impunidad, desde las organizaciones de víctimas de la dictadura y sus abogados que presentan querellas hasta los magistrados que se atreven a llevar esos casos y el gobierno que respeta la autonomía del Poder Judicial.
En México la historia es muy diferente. A finales de julio pasado la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio negó las órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, acusados de genocidio por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado por la matanza de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971. En su resolución la juez consideró que no hubo genocidio y reclasificó los crímenes como homicidios simples, los cuales ya prescribieron. Este fallo pone en evidencia que la justicia mexicana no tiene interés en llevar hasta sus últimas consecuencias los procesos sobre la guerra sucia.
Por su parte, el gobierno del cambio no ha tenido la fuerza de voluntad para cumplir sus promesas de aclarar las matanzas de Tlatelolco (1968) y del 10 de junio de 1971. En una reunión a principios de esta semana con el presidente Fox, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, señaló que el gobierno federal ha cometido "fallas" en estos procesos: "Todas las partes del Estado mexicano, entre ellas el Poder Judicial y los militares, deben tener un papel importante para acabar con la impunidad para las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia. Las barreras legales e institucionales que protegen a los responsables de violaciones a los derechos humanos deben ser retiradas". Hasta el momento, la Presidencia no ha respondido a estos señalamientos, dejando esa tarea a posteriores administraciones.