Usted está aquí: miércoles 10 de agosto de 2005 Política Navarrete acecha a dos mandos de la AFI

Anuncia consignación; los acusa de proteger a extorsionadores de Enrique Salinas

Navarrete acecha a dos mandos de la AFI

El procurador mexiquense no ha ordenado las capturas "para evitar una balacera"

ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Toluca, Mex., 9 de agosto. Aun cuando dos mandos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) promovieron amparos para evitar ser detenidos por agentes del estado de México dado su presunto involucramiento en el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, el Ministerio Público que lleva la investigación ya prepara la consignación del expediente para que ambos enfrenten procesos penales.

Así lo anunció el procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, quien sostuvo que a pesar de que ambos tienen una suspensión provisional que les fue otorgada por la justicia federal, ésta quedará sin efectos en el momento en que el juez libre la orden de aprehensión, lo que puede ocurrir pronto.

Los funcionarios de la AFI son Nahúm García Martínez, director de Atención de Mandamientos, y Eleazar Rubén Muñoz Valdez, subcomandante de la corporación, a quienes se acusa de encubrir las actividades irregulares de los agentes José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy, encarcelados como presuntos responsables de extorsión contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas.

Navarrete Prida volvió a poner en entredicho la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta investigación, toda vez que no ha cumplido con el compromiso de separar del cargo a la gente relacionada con el asesinato. Hasta el momento ninguno ha sido puesto a disposición de la visitaduría interna, como se acordó con el procurador Daniel Cabeza de Vaca.

Aclaró que para evitar cualquier acto violento o de enfrentamiento "a balazos" entre procuradurías se ha abstenido de mandar a agentes mexiquenses a capturar a los funcionarios de la AFI.

Navarrete Prida explicó que luego de cuatro citatorios los dos funcionarios no se presentaron a declarar ante el Ministerio Público, lo que significa que ya perdieron su garantía de audiencia y su situación jurídica puede cambiar.

 
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