Pugna por el agua entre activistas, gobierno y trasnacionales en Bolivia
Protestan por aumento en tarifas del servicio que ofrecen extranjeros
"La respuesta podría ser que la gente incremente las estrategias de presión"
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Las protestas contin�n Bolivia, en contra de diversas acciones del gobierno de Carlos Mesa FOTO Ap
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A Bolivia se le está haciendo hábito expulsar a los inversionistas extranjeros.
En abril de 2000, violentas protestas en Cochabamba, 241 kilómetros al sureste de La Paz, provocaron la salida de Aguas del Tunari, consorcio administrado por Bechtel, la compañía estadunidense de ingeniería. Los activistas dijeron que las manifestaciones habían sido provocadas por el aumento en los precios del agua: en los seis meses durante los cuales manejó el servicio, la compañía incrementó las tarifas entre 35 y 106 por ciento. La empresa argumentó que los aumentos habían sido revocados mucho antes de las protestas, a las que denunció como orquestadas por intereses políticos y comerciales locales.
Sus argumentos fueron inútiles: el Estado se hizo cargo del servicio, y Aguas del Tunari emplazó a Bolivia a un arbitraje internacional. El caso está todavía pendiente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, donde el trámite jurisdiccional está empantanado.
Durante cinco años el gobierno de Bolivia ha tratado de evitar que otra compañía lo demande. Aguas del Illimani, empresa subsidiaria de Suez, el conglomerado empresarial francés, ha manifestado que podría impugnar en la corte la pérdida de un contrato de 30 años para administración y saneamiento de aguas en La Paz y en El Alto, la empobrecida localidad aledaña a esa capital.
El caso surge en el contexto de una extensa y profunda desconfianza hacia las compañías multinacionales que operan en Bolivia. El mes pasado, Carlos Mesa renunció a la presidencia en medio de violentas protestas que exigían la nacionalización de la industria del gas.
Eduardo Rodríguez, el sucesor de Mesa, instauró una legislación que elevó los impuestos a las inversiones extranjeras en el sector del gas, segundo de la región en tamaño. Y este mes British Gas, Total y Repsol, entre las grandes compañías afectadas, siguieron el ejemplo de Suez y advirtieron al gobierno que se prepararán para ir al arbitraje en caso de que no se logre un acuerdo en los 180 días del periodo de tregua.
"El caso de Aguas de Illimani es una prueba más del sombrío entorno para la inversión extranjera", dice Carlos Alberto López, antiguo ministro de Hidrocarburos de Bolivia, quien ahora es asesor para la industria del gas.
El caso Suez estalló en enero, cuando organizaciones radicales de El Alto convocaron a un bloqueo indefinido destinado a expulsar a Aguas de Illimani. Su principal queja eran los costos de conexión que cobraba la compañía, de 335 a 445 dólares, los cuales consideraban prohibitivos en un país en el que el PIB per cápita es de aproximadamente 915 dólares. Unos días después, Mesa decretó que su gobierno podría revocar el contrato que la compañía había ganado en 1997. "Aguas del Illimani no jugó limpio con El Alto", dijo.
Según las informaciones, Mesa se reunió con los líderes vecinales de El Alto el mes pasado y les aseguró que Aguas del Illimani dejaría de administrar el sistema abastecimiento a finales de julio.
Pero Suez no parece estar empacando maletas. Está discutiendo los términos de su salida con el gobierno y las conversaciones no muestran mucho progreso. "Estas negociaciones son extremadamente difíciles", dice Alvaro Camacho, jefe del organismo regulador del agua de Bolivia. "Es probable que pasen muchos meses para que se resuelvan."
La compensación es la principal manzana de la discordia. Suez afirma que ha invertido 63 millones de dólares en infraestructura, y el gobierno, según medios de comunicación locales, le ofrece 11 millones.
El gobierno pretende revisar el historial completo de Aguas de Illimani para determinar sus activos. Suez afirma que sólo se requiere revisar los tres últimos años, ya que una auditoría efectuada en 2001 aprobó oficialmente sus primeros cinco años de operación.
Aun si pudiera llegarse a un acuerdo sobre la cifra, lo que no queda claro es cómo Bolivia podría pagarla. Los activistas de El Alto temen que se ofrezca a Aguas del Illimani acciones en la nueva operadora, lo que permitiría a la empresa permanecer en el lugar.
El caso Cochabamba pone en duda los beneficios del arbitraje. Bechtel no ha recibido ninguna compensación, y un vocero de la empresa informó al Financial Times que era "imposible predecir" cuándo se resolvería el caso.
Aunque Suez insiste en que solamente ha externado su disposición de recurrir a las cortes, Nigel Blackaby, especialista en arbitraje en el bufete Freshfields de abogados de empresa, dice que tienen buenos argumentos. "Sin una compensación apropiada, esto no puede verse sino como una expropiación", dice.
Si las pláticas demoran demasiado o si los activistas de El Alto perciben un convenio que permita que Suez permanezca, podría haber nuevas protestas.
"La amenaza de Suez de recurrir al arbitraje es una táctica de negociación", dice Jim Shultz, del Centro Democrático, organización de tendencia izquierdista en Cochabamba. "La respuesta podría ser que la comunidad incrementara sus estrategias de presión."
FUENTE: EIU