Admite el gobernador
Narcotráfico, principal amenaza en Guerrero
Chilpancingo, Gro., 6 de agosto. El gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo reconoce que el problema central en materia de seguridad en Guerrero es el narcotráfico en lo relativo a distribución, tránsito y consumo de drogas.
Según el diagnóstico del Sistema Estatal de Seguridad Pública, entregado con carácter de "confidencial" a los legisladores locales, los desastres naturales o provocados, y las delincuencias común y organizada son otras dos preocupaciones del nuevo gobierno perredista.
No obstante, en el diagnóstico, de 74 páginas, no se hace una sola mención a la vinculación que pudiera tener el crimen organizado con los delitos cometidos de 2004 a la fecha, principalmente los asesinatos o ejecuciones. Se trata más bien de una descripción escueta del delito.
El miércoles el gobernador informó que en materia de seguridad se invertirían este año mil 500 millones de pesos, 60 por ciento de los cuales ya se habían utilizado en el último trimestre del gobernador René Juárez Cisneros (enero a marzo de 2005).
Este presupuesto contrasta con las cifras que entregó el gobierno saliente en el Libro Blanco 2004 a la nueva administración, en el que se menciona que el Fondo de Seguridad Pública del estado recibió de las autoridades federales 108 millones 969 mil pesos, en tanto que el gobierno estatal habría aportado 59 millones, que suman 167 millones 969 mil pesos, que se ejercerían en ese año y los primeros meses de 2005.
En el apartado primero del diagnóstico se desglosa por regiones el número de delitos, entre ellos homicidios dolosos y culposos, cometidos en las siete regiones de la entidad, donde destaca Acapulco, con 10 mil 274 crímenes cometidos en 2004 y 3 mil 438 en los primeros meses de 2005. En la región centro hubo 3 mil 737 delitos el año pasado y 722 en lo que va de este. En la zona norte ocurrieron 2 mil 130 el año pasado y 414 a principios del actual, mientras en la Costa Grande sucedieron mil 800 y 510, respectivamente.
La semana pasada el procurador estatal, Eduardo Murueta Urrutia, presentó un informe en el que se menciona que los municipios más proclives a la violencia, en sus distintas formas, y por tanto considerados críticos son: Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, Zihuatanejo, Altamirano, Iguala y Tlapa, en ese orden.
En el apartado segundo del documento se destacan 10 líneas de acción, entre ellas definir ''una política de acción que garantice en forma sostenida a mediano y largo plazos el desarrollo y la modernización de la seguridad pública, acorde a las necesidades reales y las previsibles".
En el apartado tres se propone "constituir un instrumento policiaco profesional, moderno, con altos valores morales y con uso intensivo de tecnología", así como ''desarrollar un moderno sistema penitenciario''.
Además se propone organizar a los cuerpos policiacos por especialidades, tales como policía preventiva, de seguridad a instalaciones penitenciarias, de seguridad a instalaciones del estado, de seguridad al sector productivo, de seguridad a caminos estatales, de protección civil y ecología, y fuerzas especiales.