Crece la evidencia de tortura; los procesos, una farsa, denuncian fiscales militares

Se multiplican las voces críticas contra los abusos en Guantánamo

Jimmy Carter se suma a la demanda para cerrar la base donde hay más de 500 detenidos

Bloquea la Casa Blanca intento del Senado por prohibir trato cruel o degradante a prisioneros

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 2 de agosto. Guantánamo continúa como símbolo de tortura, abusos y violaciones del derecho internacional, y para los pocos que todavía tenían ilusiones sobre la "justicia" estadunidense, se revelaron pruebas contundentes de que lo que ocurre en ese rincón colonial estadunidense obligó a dos fiscales militares a rehusar participar en lo que consideraron una farsa legal.

Extractos de un diario publicados hoy en el periódico británico The Guardian de un arrestado en Pakistán y enviado secretamente a Marruecos en un avión estadunidense, detallan con precisión la tortura a la que fue sometido por órdenes de Washington.

"Llevaron el escalpelo a mi pecho derecho. Sólo fue una cortada pequeña, tal vez una pulgada. Primero grité... estaba sorprendido, no lo esperaba. Después cortaron mi pecho izquierdo... Uno tomó mi pene en su mano y empezó a hacer cortes. Lo hizo una vez, y se mantuvieron quietos tal vez durante un minuto, observando mi reacción. Estaba en agonía. Tendrían que haber hecho esto unas 20 o 30 veces, durante quizá dos horas. Había sangre por todas partes". Detalla cómo lo golpearon, lo sometieron a música rock a alto volumen, y repetían lo mismo con la navaja. Benyam Mohammed cuenta su tortura e "interrogatorio" que duró 18 meses en Marruecos, Afganistán y Guantánamo.

Mientras se incrementa la evidencia de tortura y abuso de autoridades estadunidenses, las voces críticas de figuras mundiales -entre ellos premios Nobel y altos de oficiales militares estadunidenses- se multiplican, y esta semana el ex presidente Jimmy Carter se sumó a este coro, demandando la clausura del centro de detención estadunidense. "Creo que lo que está ocurriendo en la bahía de Guantánamo y otros lugares es una ignominia para Estados Unidos", dijo en una conferencia de prensa en Inglaterra.

Aunque Carter descartó que estos abusos provoquen el terrorismo, indicó que sí lo nutren. "Lo que ha ocurrido en Guantánamo no representa al pueblo estadunidense. Me avergüenza, creo que está mal y les ofrece a los terroristas una excusa no justificable para emplear medios viles y dañar a gente inocente".

A todo esto, en la semana se reveló que los propios abogados militares encargados de montar un ejemplo de la "justicia" estadunidense en la guerra contra el "terrorismo" en Guantánamo, denunciaron que estos procesos se estaban manipulando a tal nivel como para convertirlos en una farsa.

El año pasado dos fiscales militares estadunidenses denunciaron que los juicios militares -llamados "comisiones militares"- de "combatientes enemigos" encarcelados en la base estadunidense en Guantánamo están viciados de origen, no serán imparciales aun dentro de los parámetros de por sí ya muy limitados de un proceso militar, y que violan el código militar.

El Wall Street Journal y el New York Times revelaron las denuncias de los dos fiscales militares, el ahora mayor John Carr y el mayor Robert Preston de la fuerza aérea, enviadas a su jefe el año pasado donde acusaron a la oficina encargada de las comisiones militares de suprimir acusaciones de tortura, destrucción de pruebas exculpatorias, ocultar información a superiores y otras violaciones. Todo esto podría "constituir negligencia de deber, declaraciones oficiales falsas y otra conducta criminal", escribió el mayor Carr en un correo enviado al entonces fiscal militar en jefe, el coronel Fred Borch. Según el Journal, ambos fiscales renunciaron y fueron reasignados a otros puestos en Estados Unidos al negarse a formar parte de estos juicios militares que ellos acusaban de estar viciados y manipulados de antemano, lo cual hacía imposible un proceso imparcial para los "terroristas" acusados en Guantánamo.

De acuerdo con el Journal y el Times, estas denuncias se hicieron en torno a tres de los primeros cuatro casos de detenidos en Guantánamo acusados de crímenes de guerra, donde el mayor Carr afirma que se realizaban en "un ambiente de encubrimiento, decepción y deshonestidad" dentro de la oficina de los fiscales. Además, los oficiales denunciaron que los integrantes de las comisiones serían "seleccionados" para asegurar que los veredictos de culpabilidad fueran garantizados, y que a pesar de ausencia de pruebas, había la intención de vincular a los acusados con todos los atentados terroristas de Al Qaeda.

El mayor Carr criticó varios aspectos de los procedimientos cuestionando cualquier intención de imparcialidad. "Es difícil creer que la Casa Blanca haya aprobado esta situación, y espero que un día, pronto, alguien tendrá que rendir cuentas por lo que nuestra oficina ha hecho durante los últimos 14 meses". El mayor Preston escribió que proceder con los juicios bajo estas condiciones "representaría una grave amenaza a la reputación del sistema judicial militar y hasta un fraude sobre el pueblo estadunidense".

Bush autorizó las comisiones militares hace un par de años afirmando que los juicios serían "plenos e imparciales", aunque señaló que a los acusados no necesariamente les serían otorgados los derechos establecidos por la Constitución de Estados Unidos o por las reglas para las cortes marciales.

El Pentágono fue obligado a confirmar la existencia de estas denuncias, pero declaró que después de una investigación interna se determinó que las acusaciones carecían de sustento. Sin embargo, también confirmó que el entonces fiscal en jefe, el coronel Borch, encargado de la oficina en Guantánamo, fue trasladado a otro puesto un mes luego de que circularon las denuncias de sus subordinados, y poco después se jubiló de las fuerzas armadas.

Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha criticado el uso de las "comisiones militares" y ha revelado documentos oficiales detallando el abuso de los detenidos en Guantánamo y otros reclusorios militares en Irak y Afganistán, declaró: "claramente las preocupaciones presentadas por estos dos (oficiales) confirman lo que hemos dicho desde el inicio: el Pentágono manipuló el sistema para rendir el resultado deseado por el gobierno de Bush, el cual es la condena de los primeros acusados, a cualquier costo".

Los primeros cuatro juicios realizados a través de estas "comisiones militares" comenzaron en agosto pasado pero fueron detenidos en noviembre, cuando un tribunal federal falló que los procedimientos violaban normas del proceso legal establecido, así como obligaciones del gobierno estadunidense bajo la Convención de Ginebra.

En julio de este año un tribunal federal de apelaciones desechó el fallo del tribunal inferior, declarando legales estos procedimientos. Vale señalar que entre los tres jueces del tribunal de apelaciones que revirtieron el fallo anterior y ahora dieron luz verde a las comisiones militares estaba John G. Roberts, Jr. nombrado por Bush como su candidato para ocupar el puesto vacante en la Suprema Corte de Estados Unidos.

En breve reiniciarán los juicios

Ahora, el gobierno de Bush desea reiniciar los juicios, y el Pentágono indicó al Times que esto podría ocurrir en las próximas semanas. Se calcula que hay unos 510 extranjeros detenidos bajo sospecha de terrorismo originarios de unos 40 países, aunque la mayoría fueron capturados en Afganistán, encarcelados en la base naval estadunidense en Guantánamo.

Muchos han estado ahí más de tres años; críticos señalan que muchos no han sido informados de las razones ni se les han mostrado pruebas de su detención, y sólo cuatro han sido acusados formalmente (aunque el Pentágono informó que está por presentar acusaciones formales contra otros ocho detenidos).

Mientras, en una muestra de qué tanto le importan al gobierno de Bush las demandas de sus críticos, la Casa Blanca logró bloquear una medida en el Senado la semana pasada que hubiera prohibido el trato cruel, degradante o inhumano hacia prisioneros. La medida, copatrocinada por varios senadores, incluso varios republicanos, busca establecer una definición de "combatiente ilegal", establecer reglas para interrogatorios y prohibir el trato cruel a prisioneros. La Casa Blanca intenta derrotar la medida al argumentar que impone un límite innecesario sobre los poderes del comandante en jefe.