Acuerdan crear red internacional en defensa de las instituciones de seguridad social
Abogados de varios países piden al gobierno respeto a derechos humanos de jornaleros
Las denuncias sobre la corrupción que existe en México asociada al reclutamiento de trabajadores agrícolas temporales originaron que el dirigente del Farm Labor Organizing Committe (FLOC), Brendan Greene, haya sido acusado de delitos que ahora le impiden realizar su trabajo en la ciudad de Monterrey, denunciaron ayer abogados laboristas de varios países de América Latina, Estados Unidos y Canadá, quienes solicitaron al gobierno de México respeto y protección a los derechos humanos de los jornaleros, así como el nombramiento de un procurador que investigue los abusos señalados.
El FLOC es un sindicato que protege a los migrantes mexicanos del campo en Estados Unidos, el cual obtuvo en 2004 un contrato que protege a ocho mil personas reclutadas bajo el programa H2A de trabajadores huéspedes por la Asociación de Rancheros de Carolina del Norte.
Durante la sesión de clausura del Encuentro Internacional de Abogados y Sindicalistas en Defensa de la Seguridad Social y la Empresa Pública, en la que los participantes acordaron crear una red internacional que permita diseñar una estrategia de protección de las instituciones de seguridad social en contra de los intentos de privatización, Luis Carlos Moro, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, leyó la carta que será enviada al secretario de Gobernación, Carlos Abascal.
En la misiva al titular de Gobernación mencionan que entre las cláusulas del contrato de FLOC está una que prevé la educación de los trabajadores sobre sus nuevos derechos, para advertirles de los abusos y explotación de que pueden ser víctimas tanto durante su reclutamiento en México como en las jornadas laborales en Estados Unidos.
El trabajo del sindicato, dice el texto, ha sacado a la luz una serie de irregularidades asociadas con el reclutamiento de los jornaleros en México, incluyendo "el pago de mordidas" con las que supuestamente obtienen el derecho a trabajar bajo la protección del programa H2A. Además de que el contrato prohíbe esta práctica, se ha detectado que muchos de los trabajadores que pagan no son enviados a Carolina del Norte a trabajar.
El FLOC ha denunciado estas irregularidades y con ello "afecta muchos intereses creados en torno a la contratación de trabajadores temporales", dice la carta, y advierte que estos mismos intereses son los que comenzaron una campaña para obstaculizar el trabajo del FLOC en México, en la que se incluye una serie de falsas acusaciones en contra del representante del gremio, Brendan Greene.
Dicha denuncia ha obligado al dirigente a permanecer en Estados Unidos en tanto persistan las acciones de persecución, explicaron los abogados en lo que constituyó la primera demostración de las acciones conjuntas que a partir de ayer realizarán en defensa de los trabajadores.
La misiva solicita al gobierno de México que terminen los ataques sufridos por los integrantes del FLOC en México; se elimine la corrupción en el reclutamiento de los jornaleros, y se tome una acción inmediata para nombrar un procurador oficial de trabajadores migrantes que investigue los abusos que padece este sector de la población.
Entre las conclusiones del encuentro internacional está la de condenar los intentos de privatizar los sistemas de seguridad social, los cuales han afectado los derechos de los trabajadores, la salud y garantías sociales de los pueblos.
La actitud sumisa de los gobiernos de América Latina ante las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han ocasionado condiciones de inseguridad y desprotección "nunca antes vistas", explicó Lauro Sol, presidente de la Junta Especial de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
También coincidieron en que existe una estrategia que busca responsabilizar a los trabajadores de la ineficiencia de los administradores de las instituciones, por lo que la defensa de la seguridad social pasa necesariamente por la defensa de los sindicatos, advirtieron.
Abogados y sindicalistas asumieron el compromiso de defender el carácter público y solidario de las instituciones de seguridad social, las cuales son garantes de la protección de los pueblos.