Demandas contra dos ex titulares de salud y el ex director del Instituto de Vivienda estatal

Contraloría guerrerense denuncia por fraude a funcionarios de René Juárez

No se trata de una cacería de brujas sino de transparentar acciones, afirma Zeferino Torreblanca

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS Y SERGIO OCAMPO ARISTA CORRESPONSALES

Acapulco, Gro., 29 de julio. La Contraloría General de Guerrero interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra los ex secretarios de Salud locales, Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, así como contra el ex director del Instituto de Vivienda estatal, Marco Antonio Lobato Castrejón, a quienes acusa de un fraude por más de 50 millones de pesos, ya que presentaron facturas apócrifas sobre presuntos gastos realizados en la anterior administración, encabezada por el priísta René Juárez Cisneros.

En conferencia de prensa en este puerto, el contralor José Martín Rayo, acompañado por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y los actuales titulares de los organismos defraudados, dijo que lo anterior es parte del proceso legal de revisión de los expedientes de las dos dependencias, pero que aún faltan otras instancias por revisar, como la Secretaría de Educación, donde se presume que se realizó un fraude por cientos de millones de pesos.

El actual titular de Salud, Luis Barrera Ríos, aseguró que al realizar una revisión contable del periodo julio de 2004-marzo de 2005, fecha en que administrativamente terminó el gobierno de René Juárez Cisneros, se encontraron mas de 600 facturas apócrifas por un monto cercano a los 17 millones de pesos.

Dichos documentos fueron presentados por los dos últimos titulares de esas instancias en el anterior gobierno estatal, Verónica Muñoz Parra y Herón Delgado Castañeda, para comprobar la compra de material y equipo de cómputo, papelería, utensilios de escritorio, mantenimiento y vehículos.

"La mayoría de los cheques fueron expedidos a nombre del tesorero, en ese entonces, de la Secretaría de Salud, Ricardo Jesús Figueroa Guerrero, quien cambiaba los cheques por efectivo y entregaba el dinero a los funcionarios que habían solicitado los materiales o servicios, éstos a su vez comprobaban los gastos con facturas apócrifas", explicó Barrera Ríos.

Cabe recordar que Muñoz Parra fue acusada por 14 indígenas mixtecos de la comunidad El Camalote de que por medio de engaños fueron obligados por la funcionaria a practicarse la vasectomía, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de la entidad en la que exigió que se reparara el daño causado a esos hombres; sin embargo, la funcionaria rechazó el dictamen del organismo, alegando que tenía pruebas de que los demandantes se habían operado por su propia voluntad.

En su intervención, el director del Instituto de la Vivienda, Ramón Sotres Núñez, dijo que en lo que va de la actual administración se han registrado más de 50 expedientes jurídicos, 23 asuntos civiles, cinco amparos y cinco controversias, derivadas de demandas por diversos asuntos de tenencia de la tierra, así como ocho expedientes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y nueve denuncias por ventas fraudulentas, lo que ha significado un quebranto por más de 30 millones de pesos en contra del organismo, cometido por funcionarios anteriores, quienes ya fueron demandados ante la PGJE.

"Hasta el momento se encuentra en proceso de revisión la demanda de Fonhapo (Fondo Nacional de Habitaciones Populares) que exige el reintegro de 11 millones 615 mil pesos, aportados en 1999, para la construcción de 480 viviendas que no fueron terminadas y que las administraciones anteriores hicieron caso omiso cuando se les exigió la conclusión de las mismas" comentó.

De su lado, el gobernador Torreblanca Galindo señaló que no se trata de crear una "cacería de brujas" sino de transparentar las acciones que cometieron los funcionarios del gobierno anterior; agregó que todas las dependencias serán auditadas y que los resultados se darán a conocer de manera pública mediante la prensa.

El ex gobernador René Juárez Cisneros, estuvo al pendiente de la rueda de prensa, ya que un reportero le marcó a su teléfono celular para que no perdiera detalle de las declaraciones.

Mientras, en Chilpancingo, la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, denunció que se han detectado graves irregularidades en diversos programas de la dependencia a su cargo, por lo que anunció que pedirá a la Contraloría del estado que realice una investigación para que se finquen responsabilidades.

En conferencia, donde hizo un balance de los foros que se realizan para formar el Plan Estatal de Desarrollo, dio a conocer algunas anomalías en los apoyos que ofreció el gobierno de René Juárez Cisneros a varias organizaciones sociales; "algunas sí desarrollaron proyectos productivos, pero en otros casos no fue así", asentó.

"En algunos programas como Promueve, se revisaron al azar 10 casos aplicados en el munici- pio de Acapulco; ninguno de ellos era un beneficiario discapacitado, como debía ser, lo que evidencia que hubo actos de corrupción, tan sólo en este caso el monto desviado es de casi un millón de pesos; incluso una señora denunció que en lugar de recibir cien mil pesos sólo le entregaron cinco mil, además de que no coinciden las firmas, se alteraron", indicó.

Anunció que se darán a conocer mediante Internet las empresas que han incurrido en irregularidades y que están "en una lista negra", además de los funcionarios que fueron sancionados por la Contraloría del estado.

Sierra López se refirió también a otro desvío de recursos que se registró en dos obras realizadas en las comunidades de Loma Mamey y Loma Faisán, municipio de Malinaltepec, con una inversión de tres millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), "pero no se realizaron las obras."

Recordó que incluso el pasado 9 de abril, cuando visitó a la titular de la CNDI, Xóchitl Gálvez, "me hizo el reclamo de que estas obras no se habían ejecutado, y que los ciudadanos estaban exigiendo su conclusión, por lo que se turnaron los expedientes a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría del estado".