Plantean reformas en la materia al Comité Judicial del Senado de la nación vecina
Obispos: "moralmente inaceptable", el sistema de inmigración estadunidense
Proponen privilegiar la legalización de indocumentados, aunque descartan amnistía
Como parte de una campaña a la cual se comprometieron prelados de México y de Estados Unidos asentados en la frontera común, el obispo de San Bernardino, California, Gerald R. Barnes, puso a consideración del Comité Judicial del Senado del país vecino seis puntos para impulsar una reforma migratoria amplia que privilegie la legalización de los indocumentados y establezca normas que resguarden la vida de quienes cruzan la línea divisoria.
Calificó al actual sistema de inmigración estadunidense de "moralmente inaceptable", y recomendó al Congreso considerar un paquete económico dirigido a varios sectores de la economía mexicana, especialmente el agrícola, para ayudar a generar empleos.
Señaló que la "integración económica entre Estados Unidos y México en los pasados 25 años, especialmente desde la adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, no ha mejorado los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos", y por ello insistió en el interés de la Iglesia católica por el bienestar de los migrantes.
Barnes, director del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de aquel país, insistió en que "el actual sistema migratorio, que puede llevar a la separación familiar, al sufrimiento e inclusive a la muerte, es moralmente inaceptable y debe ser reformado".
En torno a los seis puntos presentados al Senado, señaló que es necesario atender las causas económicas que provocan la migración hacia territorio estadunidense, y propone estimular el mercado laboral mexicano.
Añadió: "un tema principal de cualquier reforma migratoria amplia debe ser un programa de legalización, que brinde a los inmigrantes indocumentados de todas las nacionalidades la oportunidad de obtener residencia permanente, ya sea con base en contribuciones hechas o mediante requerimientos de trabajo en prospectiva".
Específicamente se pronunció por que dicho programa mantenga a las familias unidas, reconozca la contribución económica de los indocumentados, "promueva el desarrollo y la estabilidad en México y Centroamérica, y ayude a poner en línea las políticas migratoria y económica" de Estados Unidos.
No obstante, en este punto, aclaró que "en la Iglesia no creemos que un programa de legalización sea una amnistía, como tradicionalmente se entiende, dado que estaría sujeta a un examen de habilidades y a un requerimiento de trabajo de seis años, antes de que un interesado pueda ser objeto de residencia permanente".
También pidió un mayor control sobre los abusos que generan programas del tipo Trabajador Invitado, además de hacer reformas a las normativas para la migración familiar, porque en la actualidad la espera para cónyuges e hijos de empleados en Estados Unidos "puede llevar hasta ocho años, mientras para otros parientes adultos 20 o más. Estos tiempos son inaceptables y se convierte en un incentivo para la migración ilegal".
Demandó una aplicación justa de la ley en procesos contra extranjeros, porque
a unos se les puede negar la admisión a Estados Unidos, permanentemente en algunos casos, debido a infracciones previas, por mínimas que sean.
Finalmente, reafirmó el reconocimiento de la Iglesia católica a proteger las fronteras estadunidenses, aunque, aclaró, "nos estamos preocupando cada vez más porque las leyes de inmigración de Estados Unidos violan la dignidad humana básica y ponen en riesgo la vida de los migrantes". Ello, subrayó, porque pese al gasto gubernamental por más de 20 mil millones de dólares desde 1994 para asegurar su frontera sur, se estima que aún cruzan por ella entre 300 y 500 mil indocumentados desde México cada año.