Se cumplen condiciones para que la CIDH haga justicia por el halconazo, señalan

El Comité 68 promoverá juicio político contra la magistrada Herlinda Velasco

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El Comité 68 buscará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga en el caso del 10 de junio de 1971 y promoverá, además de una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, una demanda de juicio político contra la magistrada Herlinda Velasco por haber negado las órdenes de captura contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, señalados como responsables de la masacre perpetrada el jueves de Corpus.

Agregaron que la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), conforme a sus facultades, debe realizar una investigación propia en torno a los delitos cometidos y a la violación sistemática de las garantías individuales en los hechos del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y durante la llamada guerra sucia.

Lo anterior, con el propósito de terminar con la impunidad y los vicios que mantienen vigente el encubrimiento de los crímenes de Estado cometidos durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría y José López Portillo, y también para que finalmente el Poder Judicial se desmarque de anteriores connivencias con el poder.

En conferencia de prensa, ex líderes del movimiento estudiantil de 1968 aseguraron que la impartidora de justicia emitió su fallo sin tomar en consideración la normatividad internacional respecto de una acusación de genocidio, y dejó en indefensión a las víctimas de la masacre ocurrida en la ciudad de México en 1971.

Raúl Alvarez Garín, David Roura, Ignacia Rodríguez, Pablo Gómez, Félix Hernández Gamundi y Jesús Martín del Campo, entre otros, expusieron que la acusación contra el ex mandatario y su ex secretario de Gobernación "estaba referida a un fenómeno de criminalidad gubernamental, y por ello constituía un caso excepcionalmente importante, razón por la cual no debió ser examinada ni resuelta con base en criterios propios de los delitos ordinarios en los que no está presente el abuso de los recursos e instrumentos del Estado".

Los ex líderes estudiantiles expusieron que la magistrada Velasco "no debió acudir a lugares comunes ni alegatos absolutamente frívolos e improcedentes, sino que debió hacer uso del método filosófico propio e inherente del derecho penal", ya que con su resolución "se dio cauce a un verdadero estado de impunidad, se dejó en indefensión a las víctimas, los denunciantes y sus familias, atropellando el derecho humano a la verdad y a la tutela judicial efectiva".

La decisión judicial "es precisamente la condición requerida para que tribunales internacionales abran plenamente las puertas de la justicia para el caso del 10 de junio de 1971".

Además exigieron a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que de inmediato consigne el expediente del 2 de octubre de 1968, "para ver si también en ese caso los jueces que continúan sometidos a las viejas estructuras del poder no determinan que lo sucedido fue homicidios en riña", como argumentó la magistrada Velasco al resolver respecto de las órdenes de captura de Echeverría y Moya Palencia, dentro del expediente del 10 de junio de 1971.

Los ex dirigentes estudiantiles externaron que si bien la CIDH es el camino para que se haga justicia por la matanza del jueves de Corpus, es necesario que su presidente, el mexicano Sergio García Ramírez, se excuse de conocer del asunto, pues fungió como procurador de justicia en 1971, y a él correspondió tomar las primeras diligencias de la masacre, sin que procediera legalmente contra los responsables.