La empresa insiste en culpar al trabajador al asegurar que no llevaba protección
Muerte de joven en la refinería de Tula evidencia apatía de Pemex y su sindicato
Su madre y hermana aseguran que la fosa en que cayó no estaba tapada; exigen no cerrar el caso
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Personal de Pemex fue enviado a Salina Cruz, Oaxaca, para reparar la fuga en un ducto ocurrida el s�do pasado FOTO Jes�ram Moreno
Foto: Jes�ram Moreno
Tula de Allende, Hgo., 24 de julio. La muerte del joven obrero Samuel Vargas Jurado, en un accidente de trabajo ocurrido el 27 de junio de este año, en las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo de Petróleos Mexicanos (Pemex), evidenció la negligencia patronal, el nulo interés sindical por sus agremiados y las deficientes medidas de seguridad en una empresa de "alto riesgo", denunciaron familiares.
La mañana del 27 de junio alrededor de las 11:30 horas, Vargas Jurado, estudiante de leyes en la UNAM, de apenas 24 años de edad y a 12 meses de titularse, acompañó a su jefe, Felipe Salgado Villegas, a realizar labores de mantenimiento cerca de la fosa TK-5121, que contenía azufre hirviendo a 170 grados centígrados.
Cuando caminó en busca de una herramienta llamada maneral, cayó a la fosa por un hueco de apenas 70 centímetros de diámetro y alcanzó a gritar a su compañero "mi rey", según recuerdan sus compañeros, quienes aseguran que en el lugar no había ninguna tapa que cubriera el pozo.
Para la madre del joven, Edith Jurado, quien padece esclerosis y camina ayudada con una andadera de aluminio, y para su hermana Arely Vargas Jurado, "Samuel era extremadamente precavido. El día del accidente llevaba puesto su uniforme completo, lentes y sobre éstos unas gafas de trabajo".
Irónicamente, hasta en el bolsillo de su camisola llevaba el contrato que le acreditaba como "operador de segunda en plantas de proceso, con la partida presupuestal 19 y más curioso aún es que ese día vencía su contrato trimestral", recuerda Arely, al mostrar el papel aún con residuos de azufre.
La refinería elaboró el reporte mediante el formato SASIPA-GSIR-01, en el cual se responsabiliza del accidente al occiso. Por ejemplo, en el apartado de "causas humanas" concluye tres puntos: "remover protección y dejar un orificio abierto o sin tapa sólida; acceder al área de pozo sin precaución; y, no se tomaron acciones al observar la condición de riesgo".
En cambio sólo reconoce algunas irregularidades de carácter administrativo como la "falta de coordinación empresa-sindicato en aspectos de seguridad y contratación de personal, dadas las condiciones actuales del contrato colectivo de trabajo; no existe una valoración y percepción del riesgo en el personal que permita prevenir accidentes; falta una función que coordine los trabajos de mantenimiento y la planeación por seguridad".
En su domicilio de la colonia Pemex, en Tula, madre y hermana de Samuel Vargas insisten en denunciar las irregularidades y exigen que la muerte del joven no quede impune, pues la empresa, mediante su abogado Guillermo Omaña Gama, plantea que el caso se cierre porque no hubo perjuicio a la paraestatal, salvo la muerte de un obrero.
Incluso, el Ministerio Público Federal, que lleva el caso del expediente AP/PGR/HGO/TL/121/05, pretende declararse incompetente para seguir las indagaciones y remitir el caso al Ministerio Público del fuero común, pues, insiste, no hubo daño patrimonial a la empresa.
Pero Edith Jurado y Arely Vargas demandan que "Pemex no dé carpetazo al tema y pretenda culpar del accidente a quien ya murió".
Arely Vargas, que ha seguido puntualmente las investigaciones, mostró una secuencia fotográfica que muestra, entre otras cosas, que la fosa no tenía protección alguna y que su hermano llevaba todo el equipo de seguridad. Los peritos encargados de hacer las pesquisas también comprobaron que el pozo no estaba cubierto, en la parte donde Samuel Vargas cayó accidentalmente.
Edith Jurado exige que se responsabilice del accidente a Alfredo Díaz Rodríguez, superintendente de inspección de seguridad, pues no tomó las medidas necesarias para evitarlo.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), sección 35; mediante su secretario general, Edgar Pulido Galván, quien heredó el cargo de su padre Leonel Pulido Avendaño, ofreció investigar y dar respuesta el miércoles 20 de junio, pero "es viernes 22 y no ha llamado nadie".
Dicen que es constante de la empresa responsabilizar de cualquier accidente a los trabajadores y curiosamente ocurre una desgracia después de un simulacro para demostrar que la pararestatal es segura. A finales de 2003 ocurrieron dos explosiones en las plantas hidrodesulfuradoras, que causaron la muerte de cinco obreros y dejaron heridos a veinte más.
Por estos incidentes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó a la empresa por más de 2 millones de pesos y la emplazó a mejorar las condiciones de seguridad.