La demanda de garantías se negará a entidades públicas que omitan dar información
Improcedentes, amparos del IPAB contra requerimientos del IFAI
El instituto bancario pretendía evitar que se difundieran informes que mantiene bajo resguardo
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Sesi��a del Instituto de Acceso a la Informaci��a. Imagen de archivo FOTO Jos�ntonio L�
Foto: Jos�ntonio L�
Tres tribunales colegiados en materia administrativa del Poder Judicial Federal (PJF) resolvieron en definitiva el pasado miércoles que es improcedente otorgar amparos a las entidades públicas que se niegan a dar información solicitada con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Los tribunales decimocuarto, séptimo y cuarto de circuito, con sede en el Distrito Federal, confirmaron tres resoluciones emitidas por los juzgados cuarto y decimocuarto de distrito, en las que se habían desechado demandas de garantías interpuestas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en contra del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI).
El propósito del IPAB era, por medio de la protección de la justicia federal (amparos), evitar dar cumplimiento a varias órdenes que ha girado el IFAI para que se difunda información que el organismo bancario mantiene bajo resguardo.
Precedente jurídico
La resolución de los tres tribunales colegiados capitalinos deja un precedente jurídico favorable al IFAI para futuros juicios en los que alguna entidad pública -gubernamental o paraestatal- intente, mediante juicio de amparo, evitar hacer pública su información.
Mediante un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información puntualizó ayer que ''el PJF tuvo que revisar al menos siete amparos promovidos por el IPAB, o algunos de sus servidores públicos; el último fue interpuesto por el nuevo titular de la Unidad de Enlace, José Roberto González Corona; se debe destacar que en los juicios de amparo promovidos por el mencionado González Corona, Gabriel Dionisio Guzmán Martell, director general jurídico de lo consultivo del IPAB, así como por Rodrigo Brand de Lara, coordinador de la Unidad de Enlace, se argumentaba que si se daba cumplimiento a las resoluciones emitidas por el IFAI incurrirían en faltas de índole administrativa y penal, por violar el secreto bancario y fiduciario, contenido en los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito'', explicó el boletín informativo.
Sin embargo, continuó el comunicado, ''dichos argumentos quedaron invalidados porque los juicios de amparo fueron sobreseidos (desechados) por improcedentes, en primera y segunda instancia; además, dieron pauta a la formulación de la tesis siguiente: cuando las resoluciones del IFAI sólo afectan a una dependencia o entidad de la administración pública federal, es improcedente el amparo promovido por la persona física que la representa por falta de afectación a su interés jurídico''.
Las resoluciones de los tres tribunales, explicó el instituto, ''señalan que las dependencias y entidades de la administración pública, cuando son conminadas a dar acceso a la información, no afectan al particular, con lo que el PJF refrenda su respeto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y confirma la obligación de las autoridades como sujetos obligados a dar cumplimiento a esta última''.
En tres años, 80 mil peticiones de transparencia
El IFAI, creado en 2003, ha recibido cerca de 80 mil peticiones de transparencia durante estos dos años, pero ha encontrado resistencia de entidades de la administración pública, principalmente del sector financiero, que se han amparado judicialmente para no entregar la información solicitada.
Una de estas entidades con mayor reticencia a cumplir requerimientos del IFAI es el IPAB, antes Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que administra los pasivos derivados del rescate de la banca mexicana tras la crisis financiera de 1994-95.
También se han amparado contra resoluciones del IFAI la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras instituciones públicas.
Los juicios de amparo que fueron confirmados en segunda instancia (ante los tribunales colegiados) son tres. Uno promovido por José Roberto González Corona. Otro por Gabriel Dionisio Guzmán Martell; un tercero fue interpuesto por Rodrigo Brand de Lara. Los tres fueron desechados en definitiva.
Estos no fueron los únicos juicios de garantías que promovió el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Al menos otros cuatro amparos fueron desechados por ser ''notoriamente improcedentes'' desde la primera instancia, es decir, diversos juzgados de distrito en materia administrativa no los admitieron a estudio y por ello ya no continuaron los litigios.