Sindicalismos sospechosos
Jorge Carrillo Olea
Una enfermedad congénita del derecho colectivo del trabajo en México es el corporativismo. La expresión se toma de las fórmulas fascistas de Mussolini, en la Italia de los años 20, donde los sindicatos formaban parte de la estructura del Estado, se integraban al mismo tiempo por trabajadores y patrones, eran dirigidos por un funcionario público, y sus conflictos se resolvían al margen del poder judicial, para lo cual se inventó la famosa Magistratura del Trabajo. El modelo caracterizó a los estados fascistas de la época, y por muchos años a Portugal y España.
A finales de la decena de los 20, en un viaje de turismo, Plutarco Elías Calles se dio una vueltecita por Italia. A mí no me cabe la menor duda de que en presencia de un régimen dictatorial que tan bien jugaba con su espíritu caudillesco, le pareció que la Ley Federal del Trabajo que se estaba gestando en México tenía un buen modelo a seguir en el Codice del Lavoro italiano. En 1931, promulgó la LFT Pascual Ortiz Rubio, un hombre con dignidad, pero que no soportó el mando ilícito de Calles y renunció a la Presidencia.
La LFT nació corporativa y se mantiene corporativa, inclusive en el proyecto Abascal formulado por abogados empresariales. Ahí los sindicatos deben registrarse ante la autoridad, y sin hacerlo tienen personalidad jurídica pero no pueden acreditarla. Los contratos colectivos valen sólo con su depósito, previa firma del secretario general y del representante de la empresa, y por lo general los trabajadores no se enteran de su existencia. La huelga, en lugar de ser una expresión libre, como manda la Constitución, es un mecanismo tortuoso, controlable desde su emplazamiento, ya que se otorgan facultades al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) para rechazar los pliegos petitorios, y los conflictos deben ser resueltos por nuestras magistraturas, las propias JCA, cuya integración tripartita es expresión de un control estatal si, como ocurre, los sindicatos que se registran deben ofrecer su plena lealtad al Estado. Somos un país, en ese sentido, fascista. Y si los dirigentes sindicales no son funcionarios públicos, lo parecen, y a fin de cuentas para acreditar su condición tienen que presentar el oficio de toma de nota de la autoridad que, como puede suponerse, no se concede sino mediante amparos a los representantes de los sindicatos independientes.
En este momento hay dos conflictos visibles, y sin la menor duda el protagonismo sindical se vincula al más rotundo de los corporativismos. En primer lugar está el caso del periódico Noticias de Oaxaca, y en segundo, el del Canal 40.
En el primer caso el titular del contrato colectivo es un sindicato de la CROC que evidentemente está actuando contra los trabajadores. Yo me pregunto -y no me pregunto demasiado- si no ha habido desde antes un notable contubernio entre esa confederación y la dirección de la empresa, con su contratito de protección, que ahora aprovecha el gobierno de Oaxaca para agredir, con la complicidad de esa central, al periódico y a sus auténticos empleados. Las culpas, por tanto, habrán de ser compartidas por la propia empresa, la CROC y, por lo visto, la administración estatal.
En el caso del Canal 40, controlado por un sindicato de la CTM, no tengo la menor duda de que el origen de la relación nace de otro contrato de protección. Por lo visto, el sindicato se niega a que los trabajadores acepten el pago de sus salarios porque exige que se les informe sobre el origen de los recursos. Eso me huele, pero muy fuerte, a que la organización sindical está sirviendo a los intereses de la competencia y de ninguna manera quiere aceptar el pago con el absurdo pretexto de desconocer el origen de los fondos. Me gustaría conocer la opinión de los verdaderos trabajadores, y que rindieran su declaración sobre esa medida absurda.
En el proyecto de LFT que formulamos Carlos de Buen U. y yo, primero como simple memorándum para el PAN, a petición de Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro (con honorarios profesionales, por supuesto), y que después por nuestra pura iniciativa convertimos en proyecto, desaparecían los registros, las tomas de nota y los contratos de protección, y el ejercicio de la huelga era por la libre. De esa manera el corporativismo se iba al demonio. Razón suficiente, por supuesto, para que el Congreso del Trabajo se opusiera con todo a esa iniciativa de Acción Nacional.
El corporativismo es un lastre insoportable. Mientras no nos lo quitemos de encima, el derecho del trabajo no será más que un mito.