Se crea la figura de juez de ejecución de sentencias
Aprueban reformas para cambiar el funcionamiento de los penales
En la última sesión del periodo extraordinario, el Senado de la República aprobó anoche algunas iniciativas del paquete foxista en materia de justicia y seguridad públicas, entre ellas la nueva Ley Federal de Ejecución de Sentencias Penales, que modifica sustancialmente la organización y funcionamiento de los penales y centros de readaptación social del país.
El cambio fundamental es la creación de la figura de juez de ejecución de sentencias, que se encargará de dar garantías a los reclusos, decidir cuándo pueden ser preliberados, solucionar las controversias que se susciten con la autoridad penitenciaria local y vigilar que no se vulneren sus derechos humanos.
Con ello, advierten los legisladores, se abatirá la arbitrariedad y la corrupción que prevalecen en las cárceles del país. El panista Fauzi Hamdan y el perredista Jesús Ortega coincidieron en que esta nueva ley es un paso significativo para ayudar a que el Estado pueda cumplir con su función de rehabilitar a los reclusos, ya que se limita la discrecionalidad con que hoy actúa la autoridad administrativa en los penales.
Con la aprobación de esta legislación se abrogará la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, de mayo de 1971. Se restructurará la intervención de las autoridades administrativas en el sistema de justicia penal, en la ejecución de las penas privativas de libertad y en las medidas de seguridad que impongan los jueces y los tribunales federales .
Con la creación del juez de ejecución de sentencias penales los beneficios de reducción de condenas se fijarán con base en procedimientos jurisdiccionales que atiendan exclusivamente la conducta del interno. Se acabará con la posibilidad de manejar esos beneficios como instrumento de negociación con los sancionados, fenómeno que genera corrupción e impunidad.
Esta ley faculta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los defensores para ingresar a los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en cualquier momento, sin aviso previo y podrán llevar consigo cámaras fotográficas y grabadoras.
Los senadores aprobaron también, como parte del paquete presidencial en materia de seguridad pública, modificaciones al Código Penal Federal. Se trata de cambios a diez artículos para homologar sanciones, incrementar castigos y crear nuevos tipos penales, entre ellos los relativos a alterar la escena del crimen y sustraer elementos de prueba, que en adelante se considerarán actos ilícitos y serán motivo de sanción.
Se elevó la pena máxima a 70 años de cárcel sólo en el caso de los secuestradores, en caso de que la persona raptada fallezca. También se aprobaron modificaciones a tres artículos de la Constitución (18, 20 y 21), por los que se permite el traslado de reos a otros penales, siempre que no sean de alta peligrosidad; se establece que las víctimas de secuestro y violación no estarán obligadas a carearse con su agresor y que las penas privativas de libertad podrán conmutarse por jornadas de trabajo a la comunidad.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Jesús Galván, expresó el compromiso de seguir trabajando en las iniciativas que aún faltan, en el entendido de que "la parte más importante está por venir".
Pasadas las 21 horas, ya con pocos legisladores, Fernández de Cevallos clausuró el periodo extraordinario.
Diego Fernández y "la Santa Sede"
Por la mañana, durante la sesión de la Comisión Permanente, se ratificaron tres cargos diplomáticos. Diego Fernández de Cevallos, quien presidía la mesa directiva, debió rectificar en el caso de Luis Felipe Bravo Mena, a quien anunció como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en "la Santa Sede".
Cuando le tomaba la protesta al ex dirigente nacional del PAN, repitió el error: señaló que representaría a México ante la "Santa Sede". El senador priísta Manuel Bartlett le hizo notar que la denominación correcta es Estado Vaticano. No le quedó más remedio que aceptar el señalamiento, pero con un agregado:
"Se aprueba el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidiera a favor del ciudadano Luis Felipe Bravo Mena como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Estado Vaticano, la Santa Sede".