Enviará el PRD un extrañamiento: diputada García Luna

Exigen a Torreblanca limpie de "represores" su gobierno

Mantiene a priístas cubiertos por la duda, acusa Rosario Ibarra

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La estructura de funcionarios encargados de la seguridad pública en el estado de Guerrero fue repudiada por Rosario Ibarra de Piedra y la diputada perredista Eliana García Laguna, quienes acusaron al gobernador Zeferino Torreblanca de "mantener el mismo equipo represor de los movimientos sociales que existe desde el régimen priísta".

A 100 días de haber iniciado su gobierno, Zeferino Torreblanca fue objeto de una inusual crítica, a tal grado que García Laguna anunció que su partido emitirá un extrañamiento político con objeto de remover toda la estructura de seguridad pública en Guerrero.

Al presentar evidencias de que ex funcionarios priístas ahora realizan trabajos de seguridad pública en la administración de Torreblanca, la diputada del sol azteca refirió como uno de los casos más significativos el de Víctor Parra Catalán, sobre quien recaía una orden de aprehensión, aun durante el gobierno de René Juárez Cisneros, por el homicidio de nueve personas, y hoy es el coordinador de la Policía Ministerial del estado en la región de Zumpango.

Ibarra de Piedra intervino en una sola ocasión durante la conferencia de prensa que se ofreció en el Palacio Legislativo de San Lázaro para señalar a Torreblanca como responsable de tener en su equipo de colaboradores a personajes cubiertos por la sombra de la duda.

"A este señor (el gobernador) lo propuso el PRD; no sé si sería en especial el señor (jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel) López Obrador o sería decisión colectiva de ese partido, pero tiene en sus dependencias a gente que participó en la represión, y por eso estamos aquí. Celia Piedra de Nájera, una compañera, habló con este señor y le dijo que está en contra de lo que hace; le reclamó, pero él se fue con evasivas, al más clásico estilo priísta. Sea quien sea el que esté en el aparato gobernante, a ése vamos a reclamarle. No importa si es panista, priísta o de toda la gama de colores que tiene el país".

Fue la diputada García Laguna quien describió a los principales responsables de la represión y violación de derechos humanos en Guerrero, y que participan en el actual gobierno estatal.

"Antonio Nogueda Carvajal, subprocurador de Procedimientos Penales durante el gobierno de Juárez Cisneros, es una ofensa, no sólo para los guerrerenses, sino para todos los que hemos luchado en contra de la impunidad en el estado y en el país. Nogueda tiene en su haber dos recomendaciones de la CNDH (005/1991 y 007/1991) por su presunta participación directa en la desaparición forzada de José Ramón García Gómez, militante de izquierda y primer desaparecido del gobierno salinista."

Actualmente, refirió la legisladora, el secretario de Seguridad Pública estatal es el general retirado Heriberto Salinas Altes, quien fue comandante de la Novena Región Militar, con sede en Acapulco, en la época de mayor represión contra los luchadores sociales, particularmente contra los perredistas. "Existe incluso una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Francisco Ruiz Massieu por las violaciones que se cometieron a las garantías y a los derechos fundamentales de las personas durante esa administración."

Arnulfo Jacobo Luviano, quien es el actual encargado de la Policía Ministerial en el estado, es identificado como participante en la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, en 1996, recordó García Laguna. "Por si fuera poco, en prácticamente toda la estructura policiaca se mantienen personajes como Epifanio Hernández Vélez, quien es comandante de la policía en Atoyac, donde más desaparecidos existen y donde este señor fue acusado de desaparición forzada de cientos de campesinos durante la represión que hubo contra Lucio Cabañas."

Al recordar que la sociedad guerrerense ha sido víctima de la represión y violación de sus derechos humanos durante décadas, Eliana García advirtió que las señales enviadas por el gobernador en turno no dan claridad en torno de la mejoría en las condiciones de justicia.

"El titular del Ejecutivo estatal está obligado ética, jurídica y políticamente a realizar una limpia en todas las corporaciones policiales de aquellos individuos que causaron daño a las personas y han contribuido, junto con sus jefes políticos priístas, a la destrucción de los derechos y las libertades de las personas. Es urgente que Zeferino Torreblanca destituya a Noguega Carvajal, a Salinas Altes y a Jacobo Luviano. Si el gobernador no se hace eco entonces los sectores progresistas, democráticos y la sociedad civil deberán realizar un deslinde de este gobierno, que, ante los oídos sordos que muestra, está actuando en complicidad con los genocidas, los represores, los torturadores y los criminales de Estado que gobernaban a los guerrerenses en el pasado."

-¿Zeferino Torreblanca no representa ningún cambio, sino un retroceso en la protección y defensa de los derechos humanos?

-Considero que el mensaje que mandó Zeferino a 100 días de su gobierno es que no hay ninguna intención de terminar con la estructura de impunidad y de corrupción que crearon los gobiernos del PRI en Guerrero. Cuando menos en el área de seguridad y procuración de justicia se mantiene intacta la estructura de la represión.

"De los crímenes de Estado, se mantiene intacta la impunidad. A la mayoría de estos señores los formó Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Ellos fueron sus mentores y actualmente están presos ante la justicia militar por sus nexos con (el finado narcotraficante) Amado Carrillo Fuentes y, en el caso de los derechos humanos, están protegidos por la justicia militar de los crímenes que cometieron en contra de civiles."

Más tarde, Eliana García emitió una carta advirtiendo sobre cualquier agresión contra ella, su familia y sus colaboradores. "Hago responsables de la seguridad física y moral de mi persona, de mi familia y de la de los compañeros que colaboran en mi equipo de trabajo al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca; al procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, y a sus subalternos, así como al secretario de Seguridad Pública del estado, general Heriberto Salinas Altes."