La acción de la justicia provoca rebeliones en sectores del ejército
Militares, policías y civiles comparecerán ante jueces uruguayos por 14 causas judiciales
Buenos Aires, 19 de julio. Militares, civiles y policías uruguayos serán citados por la justicia en 14 causas judiciales de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó ese país entre 1973 y 1985. Ocho de estas causas están abiertas en Uruguay y por sus características quedaron fuera de la Ley de Caducidad, votada en 1986 y refrendada tres años después, y seis en el exterior, derivadas de solicitudes de extradición, especialmente por la intervención de los grupos de tarea uruguayos en la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del sur.
Desde hace días el tema agita las aguas en Uruguay, ya que los militares en retiro rebelados contra las nuevas disposiciones tienen decidido apoyo en algunos sectores de las fuerzas armadas en servicio activo. La Ley de Caducidad permitió la impunidad para todos los responsables de delitos de lesa humanidad y se aplicó antes que comenzaran los juicios.
Ante la nueva situación debió ser relevado de su cargo el general Juan Córdoba, cuando éste anunció que protegería y ampararía en los cuarteles a militares citados por la justicia. Existe un grupo común de ex militares acusados en varias causas.
Entre las causas que quedaron fuera de la Ley de Caducidad figuran el secuestro y asesinato de María Claudia García Irurueta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, secuestrada en 1976 en Argentina y trasladada embarazada a Uruguay, donde fue desaparecida después de nacer su hija, robada por los militares y entregada a una familia de Montevideo.
En los tribunales argentinos hay varios militares y policías uruguayos implicados en tres procesos judiciales en los casos del secuestro y asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en mayo de 1976, en lo que considera un caso típico de la Operación Cóndor.
Además, en este mismo esquema figuran los grupos de operaciones de militares uruguayos que actuaron en el centro clandestino Automotores Orletti, en Argentina, lo que incluye, entre otros, el secuestro y traslado a Montevideo de la nuera de Gelman y también una serie de desapariciones de ciudadanos uruguayos en la provincia de Buenos Aires, entre 1977 y 1978.
La reciente derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en Argentina, así como la decisión del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, al asumir el gobierno en marzo, para establecer los casos que quedaban fuera de la Ley de Caducidad, puso las barbas a remojar de muchos militares uruguayos, que vieron cómo se aceleraban los trámites para ir a fondo en aquellos casos en que figuran como responsables de operaciones varias y donde ya se ha pedido anteriormente su extradición, denegada por el anterior gobernante, Jorge Batlle.
En Uruguay están considerados dos procesos anteriores a la dictadura uruguaya: la desaparición del estudiante Héctor Castagnetto, en 1971, y la ejecución del matrimonio Ivette Jiménez y Luis Martirena, en 1972. También quedó fuera de los alcances de la Ley de Caducidad el asesinato en 1974 de la joven comunista Nibya Sabalsagaray, cuyo caso estaba ya desde entonces en manos de la justicia del país.
Por los casos de Michelini y Gutiérrez Ruiz ha pasado ante los jueces el ex presidente Juan María Bordaberry. También está en juicio el caso del secuestro de la maestra Elena Quinteros desde los predios de la embajada de Venezuela, en junio de 1976, que continúa desaparecida.
Otros militares uruguayos están comprometidos en el secuestro y asesinato del químico chileno Eugenio Berríos, en 1992, donde su intervención fue muy clara, cuando este hombre que fue a parar a Montevideo bajo vigilancia de esbirros del dictador Augusto Pinochet intentó escaparse, ante lo cual intervinieron uniformados uruguayos.
Berríos desapareció en medio del escándalo y su cadáver fue encontrado tiempo después en una zona de playa de Uruguay con señales de torturas, final inesperado para quien logró producir gas sarín, entre otros productos de muerte, para Pinochet.
El fuerte malestar entre los militares uruguayos, donde sin embargo el comandante en jefe del ejército, Angel Bertolotti, ratifica su respaldo al gobierno, se expresó ahora con la decisión del ejército de crear una oficina especial para asesorar jurídicamente a los oficiales que sean citados por la justicia para responder por violaciones a los derechos humanos.
El anuncio lo hizo ayer Bertolotti, junto con la ministra de Defensa, Azucena Berruti, acción evidente para calmar las aguas ya que varios militares deberán acudir ante la justicia. El gobierno de Vázquez también está dispuesto a hacer cumplir el punto de la Ley de Caducidad que establece el derecho a la verdad.
Bertolotti aclaró que entiende "que no hay lugar para extradiciones y haremos la defensa que corresponde a todos los integrantes del ejército, tanto retirados como en actividad, para salvaguardar la parte institucional, lo corporativo y lo individual". Esto, en referencia a militares que han sido solicitados por la justicia de Chile.
Además, dijo que se realizará el "máximo de esfuerzo" para defender a quienes actuaron cumpliendo órdenes "cualesquiera que fueran las causas", y advirtió que no quiere un quiebre institucional.
Ninguno de estos casos, por su índole, pueden estar amparados por la amnistía que permitió la transición democrática del país, truncada por la ausencia de justicia.
Hace tres semanas la justicia de Uruguay ordenó cerrar las fronteras para ocho militares y policías retirados, a los que se acusa de estar implicados en la desaparición de la nuera de Gelman.
Esto son los coroneles retirados Manuel Cordero -quien huyó a Brasil desde hace tiempo-, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Antonio Rodríguez Buratti, José Gavazzo -uno de los más reconocidos cóndores-, el ex capitán Ricardo Arab y el ex capitán de policía Ricardo Medina, y los convocará a declarar en los próximos días.
También los coroneles Eduardo Radaellli y Wellington Sarli y el ex coronel Tomás Casella esperan el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre su extradición a Chile, que fue concedida por un juez y por un tribunal de apelaciones, oficiales que estarían implicados en el caso Berríos, que salpicó de sangre a dos países del Cono Sur.