Serán factor de desprestigio en 2006, dicen legisladores
Frustran televisoras intento de acotar su influencia política
La oposición de las dos principales cadenas televisivas, que concentran 80 por ciento de las operaciones en el país, y la falta de compromiso de los partidos en el Congreso, frustraron la intención de legisladores de PRI, PAN, PRD y PT de impedir que los medios electrónicos ''participen de la disputa política favoreciendo con tiempos o tarifas a partidos o candidatos'', y que se conviertan, por el costo de la publicidad de las campañas y el origen de los recursos para pagar los espots, en factor del desprestigio de las elecciones en el país.
En la congeladora legislativa permanecen -tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados- el dictamen de la nueva ley de radio y televisión y el proyecto de dictamen de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que pretenden construir un nuevo marco normativo en el que se acote el gasto de los partidos en publicidad para Televisa y Tv Azteca.
El dictamen, elaborado por el senador panista Javier Corral, establece que la ley vigente en materia de radio y televisión no cuenta con mecanismos que limiten la concentración de las concesiones para la operación de empresas televisoras y radiales, lo que por ejemplo reduce la oferta de radiodifusión a 15 grupos, lo cual a su vez resulta en perjuicio de la sociedad, porque no cuenta con fuentes alternativas de información y entretenimiento a través de los medios masivos de comunicación. Y detalla: ''80 por ciento de la televisión es operada sólo por Televisa y Televisión Azteca, y 80 por ciento de las emisoras de radio por 15 grupos empresariales, lo cual cuestiona la necesaria pluralidad de la oferta mediática en un país democrático''. Además de las reformas a la regulación de los medios electrónicos se incluyeron dos modificaciones consideradas ''fundamentales para el futuro de la democracia''.
La primera establece que durante los 90 días previos a la jornada electoral, en el caso de los comicios presidenciales o de gubernaturas de los estados, y 45 días antes en el caso de los demás procesos electorales, el Consejo Nacional de Radio y Televisión -como órgano regulador en la materia- debería poner a disposición del Instituto Federal Electoral (IFE) la totalidad de los tiempos de Estado, excepto los dispuestos para la difusión de mensajes referidos a seguridad nacional y salud pública, para que se destinen a la promoción del voto y a los partidos para la publicidad de sus candidatos y la difusión de sus plataformas.
La segunda medida señala que sólo podría transmitirse la propaganda proselitista en radio y televisión contratada por los órganos electorales, ''con el fin de garantizar que los prestadores del servicio no participarán en la disputa política favoreciendo con tiempos o tarifas a partidos específicos. Esta disposición está orientada específicamente a los prestadores de radio y televisión, se refiere sólo al modelo de medios de comunicación que queremos, por lo que no invade el sistema electoral y de partidos''.
Por su parte, el proyecto de dictamen de la Comisión Especial para la Reforma del Estado para reformar el Cofipe fue congelado por el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Julián Angulo Góngora, a quien se entregó el documento en una reunión pública. Uno de los ejes de la reforma se refiere precisamente a reducir el monto de recursos que se pagan a las televisoras, el establecimiento de tarifas únicas y acotar la influencia de los medios electrónicos en la definición del ganador de la contienda presidencial de 2006.
La reforma plantea la creación, por parte del IFE, de una comisión integrada por representantes de los partidos políticos y de las comisiones de Fiscalización, Partidos Políticos y Radiodifusión, para convenir tarifas comerciales, durante el año electoral respectivo, con concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Dichas tarifas, se define, serían convenidas por la comisión y contratadas por los partidos para la difusión de sus mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas.
Se establecía la obligación del IFE de informar las diferentes modalidades y tarifas comerciales, así como el pago de los tiempos y dejar a los partidos la atribución exclusiva de la contratación. También se previó la prohibición a los funcionarios públicos, al personal del IFE y a los concesionarios de dar a conocer información relativa a los tiempos y horarios contratados de medios, y se advirtió que la inobservancia de dicha obligación sería sancionada conforme a lo establecido en el delito de revelación de secreto.
En el caso de los candidatos se definió que sólo podrían hacer uso de los tiempos que les asigne el partido o coalición que los postulara. Los diputados Alberto Aguilar Iñárritu, del PRI, y Manuel Camacho, del PRD, en su iniciativa de reforma electoral advirtieron que las debilidades en el proceso electoral de 2000 podrían repetirse en 2006, de no modificarse el marco legal.