Iniciativa común del Legislativo y la Comisión de Derechos Humanos locales
Promueven revisar el Código Penal del DF sobre delitos de lesa humanidad
Tortura, desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y genocidio, los crímenes considerados
Ampliar la imagen Diputado local Carlos Reyes G�z FOTO Luis Humberto Gonz�z Foto: Luis Humberto Gonz�z
Los presidentes de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa (ALDF), Carlos Reyes Gámiz, y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, proponen incluir en el Código Penal capitalino los delitos de lesa humanidad, como tortura, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y genocidio.
En la exposición de motivos de la iniciativa, la cual será presentada hoy, se puntualiza que el objetivo es reubicar los tipos penales previstos en el Código Penal para el DF en un título propio, bajo la categoría de delitos de lesa humanidad.
En lo concerniente a la desaparición forzada se plantea aumentar las sanciones, que hoy son de 15 a 40 años de prisión y multa e inhabilitación para ocupar cargos hasta por 10 años, para quedar de 20 a 25, "con lo cual se busca que el mínimo no sea menor de 15 años y el máximo no alcance los 40 años, lo cual no es compatible con los márgenes democráticos".
Sobre la ejecución arbitraria se señala que es una figura "típica novedosa" desarrollada en el derecho internacional, la cual pondera la posición de garante que tienen los servidores públicos que con motivo de sus funciones hacen uso de la fuerza respecto de la vida de las personas que son objeto de esa fuerza.
Se advierte que la "privación de la vida es un delito grave; más aún cuando quien lo comete tiene el deber general de proteger a los habitantes". Para la ejecución arbitraria se proponen de 20 a 25 años de prisión.
En la iniciativa se reconoce que esta sanción puede parecer incongruente si se toma en cuenta que para el homicidio la pena va de 20 a 50 años de prisión: "sin embargo, lo que se busca es proponer un sistema de punibilidades que revele una política criminal democrática que tome en cuenta la proyección de vida de una persona media, respecto de la cual 50 años se convierte en una pena virtualmente perpetua".
Para el genocidio se plantea incluir el tema de lesiones mentales -no previsto por la tipificación federal- y el supuesto de esterilización, los cuales pueden "subsumirse en una especie de la aplicación de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo". Como sanción se propone que sean de 25 a 30 años de prisión.
Se establece que comete el delito de tortura quien provoca dolores o sufrimientos físicos o sicológicos con el fin de obtener información o una confesión por actos que haya cometido o que se sospeche que hizo, así como la aplicación sobre una persona de métodos que pretendan anular la personalidad de la víctima, disminuir su capacidad física o provocarle angustia síquica. Para el delito de tortura se propone una pena de 15 a 20 años de cárcel.