El tercer vínculo
Como ocurrió antes en México con la "guerra a las drogas" librada por distintas administraciones de la Casa Blanca en su patio trasero, el presidente Vicente Fox se ha venido alineando de manera sumisa a la actual "guerra al terrorismo" de su homólogo estadunidense George W. Bush. Por la vía de los hechos -producto de una negociación discrecional de espalda a la nación, que contó con el apoyo de un puñado de empresarios y académicos conservadores nativos-, Fox ha permitido la anexión de facto de México a Estados Unidos vía la creación del Comando Norte por el Pentágono, e integra ya, sin que el Congreso de la Unión haya podido intervenir, la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), proyecto transexenal que acentuará la dependencia de nuestro país.
La alianza, que también integra Canadá, propone la creación de una "frontera común de seguridad" para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado; iguala a los migrantes ilegales con los narcotraficantes y terroristas, y a mediano plazo persigue, según una propuesta de ley de legisladores estadunidenses contenida en las iniciativas S.853 y H. R. 2672, la firma de un pacto militar que en círculos diplomáticos ya ha sido definido como una "OTAN norteamericana".
En el caso mexicano, que en la década pasada siguió la tendencia hacia la militarización y trasnacionalización de las políticas antidrogas estadunidenses en el hemisferio americano -proceso que contribuyó al reforzamiento y la relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y cuerpos policiales militarizados- asoman hoy elementos que apuntan hacia la conformación de un nuevo modelo de Estado autoritario, en sustitución del que rigió en el antiguo régimen de partido de Estado.
A contrapelo de una eventual transición a la democracia (según la retórica propagandística de los impulsores del voto útil en los comicios de 2000), bajo el foxismo el precario estado de derecho del priísmo autoritario se ha transformado en un cascarón vacío.
Antiguos intereses económicos ilegales enquistados en el poder del Estado se vieron reforzados durante el gobierno derechista del Partido Acción Nacional, apuntalando la formación de un Estado paralelo cuya génesis puede ubicarse en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En la actualidad, frente a la cíclica propaganda oficial que construye la imagen de "una conspiración de maleantes en un Estado limpio", asistimos a un reforzamiento de las estructuras mafiosas del crimen organizado, de la narcotización de la economía y la política, y de la corrupción, el involucramiento estatal y la impunidad como instancia reproductora de las conductas delictivas.
La narcotización del Estado y la economía puede identificarse como un proceso en el que políticos, funcionarios gubernamentales, empresarios (semi) legales y criminales utilizan el aparato del Estado en beneficio de sus propios intereses.
Conviene remarcar que la trama oscura, donde el poder y la ilegalidad se entremezclan, está signada por una enmarañada red de intereses económicos, muchos de los cuales son de claro origen ilegal (no me refiero sólo a los que proceden del negocio de las drogas, la industria del secuestro y otras formas típicas de la delincuencia organizada, sino también a los banqueros, empresarios, funcionarios y políticos involucrados en el escandaloso fraude del Fobaproa-IPAB, impulsores de la cultura del no pago y verdaderos criminales organizados) o que, como en el caso de los principales accionistas del duopolio televisivo (Azcárraga Jean-Salinas Pliego), han doblado las manos al poder político, convirtiéndolo en tributario -en dinero y decisiones estatales- de un poder mediático que actúa con crecientes grados de autonomía.
En rigor, el "gobierno del cambio" mantuvo la vieja estructura de poder en la que los negocios ilícitos se van conjugando con el poder político. Una estructura donde se reproducen redes delincuenciales que han penetrado los organismos de seguridad y las mismas fuerzas armadas; que operan bajo esquemas de "protección" que perpetúan una cultura de impunidad, que actúan en colusión con funcionarios de un aparato de justicia complaciente con el poder y a la par de un Congreso dominado por caciques, facciones y grupos de interés sumidos en la corrupción de manera sistémica o institucional. Todo lo cual configura un Estado paralelo con leyes propias y funcionamiento propio.
Es sobre ese caldo de cultivo que, mediante la presión y el chantaje, actúa el gobierno de Estados Unidos. El primer paso fue la militarización de la seguridad pública y la criminalización de la pobreza en México. Después sumó la participación subordinada de las fuerzas armadas locales en la "guerra" a las drogas. Ahora, con la excusa del combate al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, el Pentágono busca completar su objetivo estratégico de alejar al Ejército Mexicano de su principal función constitucional: la defensa del territorio nacional, reduciendo su actividad a tareas domésticas de tipo policial.