Adela Mac Swiney González, Madrid

En 2004 España exportó armamento por 407 millones 251 mil euros, 6 por ciento más en comparación con 2003, cuando las ventas alcanzaron 383 millones 100 mil. No es un monto menor.

Con la lupa de las principales organizaciones no gubernamentales (ONG) encima del gobierno e incluso con la crítica de algunos países, España continúa la venta de armas a estados que incumplen el Código de Conducta de la Unión Europea (UE), entre ellos algunos latinoamericanos que enfrentan problemas de violaciones a los derechos humanos o de inseguridad.

El año pasado España exportó armas a países con conflictos, como Colombia o Israel; a otros con algún tipo de embargo o restricción para comprarlas, como Sudán o Ghana, y unos más en los que no se respetan los derechos humanos, como Arabia Saudita. Lo que es un hecho es que desde 2000 el volumen de exportaciones españolas de material de defensa ha ido en aumento, lo que se debe en gran parte a la inclusión de empresas españolas en programas europeos de producción conjunta de armas, como: Eurofighter, Leopard y A400-M.

Desde hace 10 años, la Escuela de Cultura de Paz, Amnistía Internacional (AI), Intermón Oxfam y Greenpeace siguen de cerca las actividades gubernamentales al respecto y, tras un informe publicado sobre la venta de armas de 2003, Madrid se comprometió a avanzar en dos aspectos fundamentales de la presentación de las estadísticas oficiales sobre venta de armamento: la puntualidad de los datos y el nivel de transparencia de la información.

Aquellos organismos han destacado avances en los dos compromisos asumidos por el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aunque todavía al menos 30 por ciento de las transferencias de 2004 podrían violar el Código de Conducta de la UE en exportación de armas, por no superar la aplicación de criterios que deben valorarse antes de autorizar una transferencia.

Además de la vigilancia de las ONG sobre las exportaciones de armamento español, el tema ha despertado polémica internacional luego de las "discretas" visitas del ministro de Defensa, José Bono, a Sudamérica el año pasado, concretamente a Venezuela, en enero de este año, para promover la venta de material bélico español. En ese entonces, Bono negoció un acuerdo que comprendería la venta de buques de transporte civil, patrulleras de vigilancia costera y oceánicas, y aviones de transporte militar.

Ese no era el primer acuerdo que cerraba el gobierno de Rodríguez Zapatero, pero sí el que despertó mayor polémica ante la actitud que han tomado el opositor Partido Popular (PP) y otros países respecto al gobierno del presidente Hugo Chávez. Antes, desde abril de 2004 y hasta febrero de 2005, se habían firmado al menos 10 pactos de venta de material militar, la mayoría referidos a aviones, helicópteros y sistemas de radares, cuyos principales beneficiarios han sido las empresas españolas Indra y EADS-CASA.

Ante esta situación, José Bono ha comparecido tres veces ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, la última en abril pasado, para hablar sobre la venta de armas a Venezuela y aseguró que cumple con su misión al lograr contratos para la industria de defensa de España.

Precisó que ésta no es la primer venta de armas de España a Venezuela en los últimos 10 años. En 2003, cuando aún gobernaba José María Aznar, del PP, se concedieron 10 licencias de exportación a ese país. Las ventas entre 2001 y 2003 incluyeron 6 mil pistolas, 631 granadas y 600 mil cartuchos antimotín, además de chalecos, cascos y otro material antidisturbios. Bono aclaró que lo exportado a Venezuela es fundamentalmente material de equipamiento de defensa más relacionado con la protección del territorio y sus recursos, que con la amenaza disuasoria.

Luego de argumentar que otros países europeos y americanos han vendido material militar a Venezuela, reconoció que en estos años España autorizó la venta de armas a países como Marruecos, Angola, Pakistán, Irán, Israel, Arabia Saudita, Cuba, Túnez, Moldavia, Omán y Turquía, ya que "sin seguridad no hay desarrollo; sin defensa no hay seguridad; sin seguridad no hay progreso y sin progreso no hay bienestar".

Sin embargo, para AI, Intermón Oxfam y Greenpeace hay otra visión con respecto a la venta de armas a Venezuela y países como Colombia. Esta se enmarca en el 30 por ciento de países en los que llega el material bélico español, en incumplimiento con el Código de Conducta de la UE.

Las ONG citaron en su último informe que en 2004 España exportó a Colombia un millón de euros en el apartado de bombas, cohetes, torpedos y misiles, cuando se trata de un país inmerso en un conflicto armado y con una grave crisis de derechos humanos. El Congreso de los Diputados había manifestado con anterioridad la conveniencia de suspender el acuerdo de cooperación militar. Por otro lado, España cedió dos aviones a Colombia que no figuran en el informe oficial.

En Venezuela, las exportaciones de distintas partidas de armas ascendieron el año pasado a 2.2 millones de euros, cuando se trata de un país en condiciones de tensión interna y con relaciones inestables con los países de la región.

Pese a lo anterior, las ONG señaladas han reconocido algunos avances principalmente en lo relativo a la transparencia en la información. Por ejemplo, ha mejorado la puntualidad, pues los datos sobre las exportaciones de 2004 han sido enviados al Congreso por primera vez en el primer semestre de este año y también se ha avanzado en el nivel de detalle de la información ofrecida.

Sin embargo, consideran que España aún está lejos de las mejores prácticas de otros países. El negocio de las armas es parte relevante de las actividades de las empresas, en estrecha relación con las órdenes de los gobiernos, en los mercados globales §