Informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro sobre seguridad pública
El abuso policiaco, centrado en indígenas, gays y campesinos
Los modelos de vigilancia, anticuados
Se reprime en lugar de prevenir, señala el organismo
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Foto: Carlos Ramos Mamahua
En México el abuso policiaco radica en la corrupción, la discrecionalidad con la que actúan los efectivos y el hecho de que se perciben como soldados y no como servidores públicos, establece el informe especial 2004-2005, Seguridad pública, ¿represión o protección?, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
En este documento se analiza el abuso policiaco, el uso excesivo de la fuerza pública y la represión, expone "casos documentados que sustentan el análisis", así como el futuro de la seguridad pública en México en caso de que se aprueban las reformas en la materia del Ejecutivo federal, las cuales buscan renovar el procedimiento penal, crear una sola institución policial y establecer estrategias que vinculen a los niveles municipal, estatal y federal, entre otros.
El Prodh refiere que las violaciones a los derechos de integridad física, libertad, la no discriminación y a la seguridad jurídica son características del abuso policiaco, el cual se agrava en determinadas situaciones socioeconómicas, es decir, con la población marginada.
Es así como la tendencia de abuso policiaco es dirigida principalmente a "tres grupos socialmente vulnerables: indígenas, homosexuales y campesinos", y en general es ejercido sobre los más pobres, indefensos y discriminados, lo cual no sólo confirma la persistencia de metodologías del anterior régimen autoritario, sino la complicidad de los tribunales y los políticos.
De acuerdo con el Prodh, construir un modelo de seguridad pública que no socave los derechos humanos implica "reconocer que los viejos modelos de seguridad representan puntos de vista que limitan la visión del problema", y agrega que las políticas del sistema de orden público se ajustan el concepto de tolerancia cero, lo cual se traduce en el despliegue de "espectaculares operativos policiacos", que terminan siendo contrarios a la protección de los derechos humanos.
Advierte que con esta lógica los cuerpos policiacos son "diseñados como cuerpos especializados en la represión de grupos de población, pues se les prepara para usar armas, repeler manifestaciones, disolver plantones, antes que a la prevención de delitos".
La fórmula más efectiva para tener seguridad es la que "menos se ensaya" a escala nacional e internacional, y ésta es "respetar y garantizar los derechos económicos, civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales a todas las personas sometidas a la jurisdicción de los estados".
Por eso "las sociedades más seguras son aquellas en las que hay menos pobreza y se distribuye la riqueza de manera más equitativa; las que brindan a toda la población educación, salud y servicios básicos; las que registran menor índice de desempleo: las que mantienen estrictos mecanismos de control hacia los poderes del Estado, y las que no permiten la corrupción y la impunidad".
Prodh destaca que ante la sensación de inseguridad, de los índices delictivos y de las políticas erráticas para combatir la delincuencia, la seguridad se ha convertido en uno de los principales reclamos de la sociedad. Algunos proponen impulsar medidas represivas, otorgar más facultades y poderes a las policías para investigar y prevenir el crimen, fortalecer la presencia y mando militares en la actividad policiaca y, fundamentalmente, medidas dirigidas a grupos socialmente marginados y excluidos.
Otras posiciones apuntan a impulsar cambios estructurales que conduzcan a una reforma policiaca desmilitarizada, con mecanismos eficaces de protección para el policía, monitoreo externo de su actuación, políticas integrales de combate a las causas que generan las actividades delictivas, reducción de la prisión preventiva y la permanente rendición de cuentas y transparencia de las instituciones responsables de la seguridad."
En razón de lo anterior, el Prodh refiere que hay una aparente disyuntiva entre los derechos humanos y la seguridad pública.