Gobierno y organizaciones civiles
Durante muchos años las organizaciones civiles fueron vistas por el gobierno mexicano con bastante sospecha. Se les acusaba, entre otras cosas, de "expresar intereses del extranjero", de "desestabilizar la política", de "difundir una imagen negativa del país en el ámbito internacional". Y es que el empeño de desprestigiar a estas agrupaciones de ciudadanos devenía del papel que en las transiciones latinoamericanas a la democracia habían jugado.
En Brasil fueron espacios desde los que se combatió al autoritarismo militar, sea en la educación popular tendiente a generar conciencia política entre la población marginada, o en la promoción de investigaciones sociales, políticas y económicas fundamentales para un proyecto de cambio, que, dado el habitual temor autoritario a la universidad pública, no se podían realizar en las instituciones de educación superior. En Chile fueron espacios destacados en la resistencia a la dictadura militar, pues, por medio de organismos de derechos humanos, se denunciaba y daba seguimiento a las múltiples violaciones que cometía el gobierno militar. Por ello mismo fueron actores destacados en la promoción del "no" en el referéndum convocado por Pinochet, el cual llevó a su desplazamiento del gobierno. Sirvan estos dos casos, que pueden extenderse a toda América Latina, para dar cuenta de lo que estas organizaciones han representado.
En México las acciones realizadas por las organizaciones civiles también han contribuido de manera significativa a la transición política -ciertamente, aún inconclusa- hacia la democracia. Desde los años 60 se destacaron en la promoción de la organización popular y de la autogestión, ambas muy mal vistas por el autoritarismo corporativo. En los 70 participaron en el apoyo a las luchas sociales por la construcción de espacios independientes de organización sindical y campesina, y comenzaron a participar en la promoción y defensa de los derechos humanos. En los 80 se destacaron en la promoción de la solidaridad con los afectados por los sismos, y en el apoyo al Frente Democrático Nacional como alternativa para el gobierno federal. En los 90 iniciaron la observación electoral y las campañas de educación cívica, que mucho contribuyeron a transformar el sistema electoral, a la vez que fueron promotoras de una salida pacífica al levantamiento indígena en Chiapas. Fueron ellas, en efecto, quienes promovieron primero el cese de la embestida militar en contra de los zapatistas, que llevó a la realización de la memorable manifestación del 12 de enero de 1994; después fueron garantes de los diálogos para conseguir negociaciones de paz en febrero de ese mismo año. Sirva este breve recuento para poder afirmar que las organizaciones civiles son un componente fundamental de la actual etapa de la democracia.
Junto con muchos otros tipos de organizaciones de la ciudadanía, han contribuido a la conformación de una sociedad civil que, en su sentido más profundo, es la creadora de nuevas realidades políticas. Por ello resulta de interés público que la semana próxima, los días 18, 19 y 20, se vaya a realizar en el Centro Médico Nacional Siglo XXI un diálogo entre el gobierno federal y las organizaciones civiles, acerca de la corresponsabilidad institucional de uno y otras en el desarrollo nacional. Planteado en lo fundamental como un espacio público de información de la oferta gubernamental y rendición de cuentas a las organizaciones civiles, en virtud de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en sus mesas redondas y talleres se abordarán, sin duda, muchos de los temas aún pendientes de la transición a la democracia.
Han quedado pendientes cuestiones tales como una verdadera reforma económica y social, que modifique de fondo, y no sólo circunstancialmente, las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos que viven en la pobreza. Ha quedado aún pendiente el cumplimiento irrestricto de la integralidad de los derechos humanos, la existencia de reconocimiento eficaz a los pactos suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, lo que sólo se puede alcanzar con la creación de instrumentos eficientes para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos pactados. Ha quedado, por tanto, pendiente una reforma del Estado que, más allá de adecuaciones en la administración pública, se ponga a la altura de la democracia que hoy exige la sociedad mexicana.
Por ello es también importante que las mismas organizaciones se dejen cuestionar por la opinión pública, ya que no es imposible que algunas -de ninguna manera todas- pretendan convertirse en empresas de consultoría o en mecanismos de ascenso a puestos públicos; o que sólo quieran contribuir a calmar las conciencias de quienes dirigen las empresas, realizando acciones de caridad que mucho lucen, pero que poco contribuyen a las soluciones de fondo que urgen al país.