Con "el afán de calmar a la opinión pública" han fabricado culpables, afirma
En Juárez, el de El Cerillo no es un caso aislado: defensor de derechos humanos
El hecho de que la cuarta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua haya otorgado a Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, el auto de libertad ratifica que en el "afán de calmar a la opinión pública nacional e internacional" en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el "gobierno de aquella entidad es capaz de crear culpables bajo tortura", aseguró Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quien consideró que ahora las autoridades deben "reparar el daño".
García Uribe fue aprehendido a finales de 2001, junto con Gustavo Meza, La Foca, a quien se consideraba su cómplice en el asesinato de ocho mujeres, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Por este supuesto delito a García Uribe se le condenó a 50 años de prisión, pero el jueves el magistrado de la cuarta sala penal, Rodolfo Acosta Muñoz, le otorgó la libertad, por considerar que no había pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.
La CMDPDH realizó durante el proceso "intervenciones en cuanto a medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", señaló Sánchez Matus, y agregó que está en pláticas con García Uribe para presentar ante este organismo una "denuncia por tortura", pues, tanto éste como Gustavo Meza habrían confesado los homicidios tras haber sido presionados con violencia por personal policiaco.
No obstante, esto último -de acuerdo con lo que establece el fallo del magistrado- no pudo ser acreditado, pero sí el hecho de que la detención fue irregular, pues no hubo orden de aprehensión. Tras las denuncias de tortura ambos prisioneros fueron sometidos a exámenes que se inscriben en el denominado Protocolo de Estambul -manual de investigación y documentación eficaz para detectar casos de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes-, ello luego de recomendaciones de instancias internacionales de defensa de los derechos humanos, incluida la CIDH.
En entrevista, Sánchez Matus precisó que el caso de García Uribe es "representativo de la situación que se vive en Ciudad Juárez en cuanto a la impartición de justicia", y agregó que con la determinación del mencionado magistrado se pone en evidencia que los culpables de estos y los demás asesinatos no han sido capturados, y por lo tanto, deja ver que las autoridades no han hecho su trabajo para esclarecer los crímenes, sino que se dedican a buscar "chivos expiatorios".
Sostuvo que tras los casi cuatro años de cárcel que purgó García Uribe debe haber una "reparación del daño en forma de indemnización económica, pero sobre todo en reconocimiento público de que se actuó mal y se violaron los derechos humanos, y de asegurar que no se repetirán este tipo de errores". Cabe mencionar que el presunto cómplice, Gustavo Meza, murió en prisión luego de haber sido sometido a una cirugía, y hubo muchas dudas respecto a la verdadera causa del deceso.
Las madres de las ocho víctimas exigen resultados en la investigación
ciudad juarez, chih, 15 de julio. Las madres de las ocho mujeres localizadas sin vida en un campo algodonero en noviembre de 2001 exigieron al gobierno estatal y a la comisionada presidencial para prevenir y sancionar la violencia en Ciudad Juárez, que intervengan para localizar a los homicidas de sus hijas, luego de que un juez del Supremo Tribunal de Justicia del estado decretó que no se aportaron las pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de Víctor García Uribe, El Cerillo, en esas muertes.
Irma Monreal, progenitora de una de las víctimas, dijo que ella y el resto de las madres se preguntan quién mató a sus hijas, y tienen el dolor de saber que se han perdido casi cuatro años de investigaciones en este caso. Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados de la entidad, Salvador Urbina Quiroz, dijo que se debe castigar a los elementos del Poder Judicial que fabricaron "chivos expiatorios" en los homicidios de mujeres, en especial en este caso.
Rubén Villalpando, corresponsal