Protector de terroristas
¿Quién es el protector de terroristas? ¿Qué hace? Ni más ni menos que el gobierno de Estados Unidos. Ese gobierno que en nombre de la lucha "antiterror" violenta ordenamientos jurídicos y protege ahora además al terrorista Luis Posada Carriles que, entre muchos crímenes, "brilla" como destello negro su hazaña de haber derribado un aparato de Cubana de Aviación en que viajaban 73 personas, la mayoría deportistas cubanos y coreanos (6 de octubre, 1976).
Las autoridades de Estados Unidos "desvían" la atención sobre los crímenes terroristas de Posada Carriles (bombas en hoteles de La Habana, intento de asesinato de Fidel Castro en Panamá), instruyéndole un ridículo proceso como espalda mojada a fin de evitar la deportación que ha reclamado Venezuela, de una de cuyas cárceles se fugó estando procesado por la voladura del avión en el que viajaban los deportistas cubanos y coreanos. El confeso agente de la CIA e instrumento criminal de Estados Unidos es protegido ahora por el país que ha hecho de la "lucha antiterror" el eje de su política interna e internacional.
Entre las violaciones de Estados Unidos al derecho internacional en este caso sobresalen tres: la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU del 28 de septiembre de 2001, aprobada 15 días después de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, de la cual resulta prácticamente imposible para cualquier Estado sustraerse de la obligación de perseguir y castigar a terroristas. Tal obligación se ha convertido en deber "sagrado" de los gobiernos, precisamente a instancias del estadunidense. Sin embargo, el gobierno de Bush tiene ahora el descaro, tratándose de un agente de la CIA, de ser su primer violador.
El gobierno de Estados Unidos viola también la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos del Terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 2 de febrero de 1971, y la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, aprobada por la Conferencia Internacional de Derecho Aéreo de Montreal, en vigor desde el 26 de enero de 1973.
Según ambas convenciones, los estados se comprometen a investigar exhaustivamente las condiciones en que se destruye en pleno vuelo una aeronave, a detener al culpable y a proceder a su extradición incondicional. Inclusive, si un Estado decidiera que no procede la extradición, está obligado a procesar al presunto delincuente como si el delito de sabotaje o terrorismo se hubiera cometido en su propio territorio.
Es decir, si el gobierno de Estados Unidos rechazara la extradición de Luis Posada Carriles a Venezuela estaría obligado, según esos acuerdos internacionales, a juzgarlo por actos de terrorismo, al menos la voladura del avión cubano en vuelo de Caracas a La Habana el 6 de octubre de 1976.
Además de las pruebas ya existentes en 1976 en contra de Posada Carriles, ahora se sabe por documentos desclasificados de la FBI (entre los que se encuentra un informe al secretario de Estado Henry Kissinger, del 17 de octubre de 1976, firmado por Harold Saunders, director de Análisis e Investigaciones) que prácticamente desde el día siguiente de la voladura del aparato de Cubana los agentes de Estados Unidos en Caracas hicieron todo lo posible para que Posada Carriles y Orlando Bosh, los dos criminales culpables de la explosión de la aeronave, abandonaran esa ciudad en el menor tiempo.
"Por supuesto, Luis Posada Carriles -aclara en un discurso reciente Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Popular de Cuba- no se fugó por propios medios de la cárcel de Caracas en que estaba detenido, sino que salió por la puerta grande de la prisión, con oficiales que lo acompañaron a un automóvil que lo llevó al aeropuerto, y después de Aruba, a tierras salvadoreñas."
Otra gran mentira -precisa Alarcón- es que Luis Posada Carrilles haya residido clandestinamente en El Salvador con documentos falsificados (la otra variante del gobierno estadunidense para buscar la deportación de Posada Carriles a El Salvador), sino que su estancia en ese país fue bien conocida y tolerada por el gobierno salvadoreño, ya que la CIA lo colocó allí -bajo el nombre de Ramón Medina- para realizar actividades de espionaje, incluso convirtiéndose en uno de los principales asesores de inteligencia del presidente Napoleón Duarte.
En estos días también ha salido a relucir el papel de Posada Carriles en el caso de la operación Irán-contras, que ameritó el juicio y la condena por tribunales de Estados Unidos de algunas cabezas importantes del gobierno de Ronald Reagan. Luis Posada Carriles estaba allí, en Centroamérica, y todo indica, según documentos de la inteligencia estadunidense, que participó activamente en esas operaciones clandestinas.
Para negarse a conceder la extradición a Venezuela de Luis Posada Carriles los voceros del gobierno de Estados Unidos han dicho que carecen de información suficiente, que no les ha proporcionado el gobierno venezolano. Resulta cinismo mayor, porque la real información de toda la carrera criminal de Posada Carriles obra en poder de las propias autoridades estadunidenses, en documentos inclusive dirigidos al secretario de Estado, Henry Kissinger.
Estamos, pues, ante un caso de doble moral, pero además de desprecio altanero a los tratados internacionales y al derecho interno estadunidense. Y ante un caso de cinismo consumado de la potencia que, por un lado, ha construido su última política internacional con base en la lucha "antiterror", y por el otro, protege a terroristas confesos y contumaces. Las obligaciones son para los demás y para ella las excepciones que revelan su mentira y descaro.
Bajo todas las normas Estados Unidos está obligado a extraditar a Venezuela a Luis Posada Carriles. Cualquier otra decisión será un mero engaño al pueblo estadunidense y a los pueblos del hemisferio y del mundo. Ya es tiempo de que la potencia cumpla con las mínimas responsabilidades morales y jurídicas que ha asumido.
* Para la redacción de este trabajo fue esencial la documentación que muy amablemente nos proporcionó Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba