No soy tapadera de nadie; actúo con legalidad: el presidente de la Permanente

Senadores demandan a Fernández de Cevallos liberar informe sobre casinos

Otros directivos de medios, beneficiados: Ojeda Zubieta

Intensifica sospechas la retención del expediente, coinciden

Preparan PRI y PRD denuncia contra Creel

ANDREA BECERRIL

Senadores de PRI, PAN y PRD demandaron a Diego Fernández de Cevallos que turne de inmediato a la comisión especial investigadora la información sobre los permisos para operar salas de juego y de apuestas que otorgó Santiago Creel antes de dejar la titularidad de la Secretaría de Gobernación (SG), ya que el Congreso no puede ser cómplice de un asunto que a todas luces es "un intercambio de favores".

El perredista César Raúl Ojeda Zubieta dijo que se sabe que, además de Olegario Vázquez Raña, hay otros empresarios y directivos de medios masivos de comunicación beneficiados con autorizaciones para instalar centros de apuestas remotas y salas de sorteos, por lo que es necesario transparentar el proceso, que generó ya la repulsa de la sociedad mexicana.

''Difícilmente vamos a convencer a la ciudadanía de que no se trata de concesiones que Creel otorgó a cambio de beneficios igualmente generosos en la difusión de su precampaña electoral, así es que lo más prudente es que Fernández de Cevallos entregue ya a la instancia encargada de investigar ese asunto la información remitida por la SG", agregó el senador del PRD.

Subrayó que no se trata de documentos relacionados con asuntos de seguridad nacional, por lo que no se justifica la clasificación de reservados.

Con Ojeda Zubieta coincidieron, en entrevistas por separado, la priísta Laura Alicia Garza y el panista Luis Alberto Rico Samaniego.

Este último recomendó que, "por salud pública", se dé solución inmediata al problema, ya que la información sobre los permisos para abrir casas de apuestas no puede quedar eternamente resguardada por Fernández de Cevallos.

Rico Samaniego, quien encabeza la batalla por transparentar el rescate bancario, planteó que el presidente de la Comisión Permanente debe poner a disposición de la comisión especial de la Cámara de Diputados la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación, ya que, como en el caso del IPAB, no hay secretos que valgan; ''primero está el interés nacional''.

Retención sospechosa

Garza Galindo consideró que tanto la dependencia ahora encabezada por Carlos Abascal, como Fernández de Cevallos, buscan proteger a Creel. Lo más probable, dijo, es que el panista pretenda dar a conocer las seis cajas con documentación ''hasta después de julio del 2006''.

Es absurdo, señaló la legisladora, que se dude en entregar la información a una comisión plural, conformada por diputados que sólo tienen interés en que prevalezca el estado de derecho.

''Si nada deben, si esos permisos son legales, por qué tanto afán en mantener reservada esa información que solicitó el Congreso y debiera ser pública. Es obvio que algo esconden.''

En tanto, Ojeda Zubieta advirtió que la determinación de Fernández de Cevallos de no entregar a la comisión investigadora los expedientes enviados por la SG da la impresión de que el Congreso es cómplice de actos que se presumen irregulares.

''Es necesario que se sepa a quiénes les otorgó Creel, desde la SG, los permisos para operar los llamados bingos y books, es decir, centros de apuestas remotas y sorteos de números, y sobre todo cuándo hicieron las solicitudes los ahora beneficiados, porque sabemos que había muchísimos empresarios en lista de espera, desde hace varios sexenios incluso".

Lo que genera dudas sobre la legalidad e imparcialidad de esas autorizaciones es ''que se concentraron, curiosamente, entre quienes son dueños, representantes o están involucrados en el negocio de la comunicación masiva'', destacó el senador tabasqueño.

Puntualizó que la mayoría de los beneficiados son gente respetable, pero el punto es que Creel utilizó su posición como titular de la SG para otorgar las concesiones a grupos que luego le ayudarían mediáticamente en sus aspiraciones a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.

-¿Se habla de que además de Vázquez Raña hay otros empresarios de la televisión beneficiados por Creel.

-Sí, parece ser que no sólo lograron permisos aquellos a los que ubicamos como dueños o accionistas de los medios electrónicos; se habla de otros personajes a quienes se les otorgaron los permisos por su peso específico en las empresas.

Ojeda Zubieta insistió en la responsabilidad del Congreso: "Debemos informar con veracidad; no es posible que se pretenda dar a la información el mismo tratamiento que a las auditorías del IPAB. Lo prudente es que Diego no retenga los documentos, pues lo único que han logrado hasta ahora es generar mayores sospechas".

RENATO DAVALOS, GEORGINA SALDIERNA Y ROBERTO GARDUÑO

Mientras PRI y PRD anunciaron que interpondrán denuncias penales contra el precandidato panista y ex secretario de Gobernación (SG), Santiago Creel Miranda, a quien calificaron de ''delincuente electoral'', el senador Diego Fernández de Cevallos aseveró que "no está tapando a nada ni a nadie".

El también presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aseguró que ha buscado al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente de la comisión especial que investiga la legalidad de las licencias otorgadas por Creel para la instalación de casinos, a fin de acordar el procedimiento que, conforme a la ley, corresponde, para entregarle la documentación que hizo llegar la SG en torno a esos permisos.

Luego de que La Jornada dio a conocer que el empresario Olegario Vázquez Raña fue otro de los privilegiados por Creel en la entrega de esas concesiones, el secretario general perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, anticipó que el sol azteca presentará la próxima semana una denuncia penal contra el ex funcionario.

En la siguiente sesión del Comité Ejecutivo Nacional -dijo- se integraría una comisión para elaborar el expediente jurídico, a fin de presentarlo ante la Procuraduría General de la República.

El funcionario perredista apremió además a investigar el origen de los recursos de la precampaña del panista: ''La sociedad tiene que saber de dónde están saliendo estos capitales para apoyar en forma desmesurada al ex secretario de Gobernación; es un asunto insultante".

Iván Jaimes, representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral, anunció que su partido configura la denuncia penal respectiva que presentará ante la Procuraduría General de la República y ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.

Creel incurre en "conductas veladas", aseguró Jaimes: desde la autorización de centros de apuestas a empresarios de los medios hasta los carteles que se distribuyeron en las tiendas Liconsa.

Entre los delitos que se plantearían en la denuncia -precisó el representante priísta- estaría el de tráfico de influencias; se trata de ilícitos de carácter federal.

En aras del estado de derecho

Fernández de Cevallos salió en defensa del ex titular de Gobernación:

''Ojalá que si alguien tiene algo que cuestionarle por haber violado la ley, lo acredite, porque de lo contrario se estaría cayendo en un juego perverso y haciendo imputaciones sin responsabilidad.''

Entrevistado en Tolimán, Querétaro, donde acompañó al presidente Vicente Fox de gira por el estado y donde sostuvo un diálogo privado con la esposa del mandatario, Marta Sahagún, el senador subrayó que urge definir lo que legalmente corresponde en torno a las 15 mil fojas que conforman el expediente sobre las casas de apuestas.

Insistió en que dicha información contiene datos confidenciales y reservados, como estados de cuenta y programas de inversión. Se trata, puntualizó, de datos que en términos de ley se considera reservados o confidenciales. ''Lo único que no quiero es violar la ley'', dijo.

Estamos -apuntó- ante un problema de tipo legal y político: si no entregamos la documentación de manera abierta se va a sospechar que estamos encubriendo alguna irregularidad, y si la entregamos abiertamente estaríamos violando la ley. Por eso hay que buscar una forma y estamos por hallarla.

Repudio de legisladores

Legisladores perredistas señalaron que la forma en que se ha manejado el asunto de los casinos es muestra ''de la degradación en el ejercicio del poder público, al permitirse a los intereses económicos encaramarse sobre el bienestar de la mayoría''.

El diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que los viejos beneficiarios del régimen priísta son los mismos del PAN. "Los pasos que se dieron en materia de transparencia han quedado conculcados. Creel incurrió en un grave error histórico al protegerse como precandidato a la Presidencia de la República. Su ambición lo hizo llegar muy lejos, al decidir que el poder político se ha convertido en la mejor oportunidad de abrir provechosos negocios".

A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, el también perredista Miguel Alonso Raya, calificó el privilegio a empresarios de medios de "decisión calculada; a todas luces es un tráfico de influencias, y lo cierto es que al otorgarse concesiones para favorecer a los medios de comunicación, se descubre una clara intencionalidad de apoyo a Santiago Creel".

El legislador zacatecano Guillermo Huízar refirió que la información publicada en este diario justifica aún más el trabajo de la comisión especial creada para investigar la legalidad del actuar de Creel.

"Exhorto a los compañeros de la comisión (especial para investigar el caso) para que bajo ninguna circunstancia se vayan a dejar atemorizar por los hombres y los nombres de este escándalo. Es necesario poner a cada quien en su lugar. Urge que la Cámara de Diputados legisle en torno a la distancia que debe haber entre el ejercicio del poder público y el ejercicio del poder económico. Regresar al pasado nos puede llevar a un callejón sin salida".