Faltan permisos estatales para los centros: Arturo Chávez
Subsecretario "ignoraba" a quién representa Alberdi González
El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Chávez Chávez, aseveró que el área a su cargo no tenía conocimiento de que el representante legal de Eventos Festivos de México SA de CV (una de las siete empresas beneficiadas con permisos para casas de juegos y sorteos, en mayo pasado), José Luis Alberdi González, es a la vez apoderado jurídico de los consorcios que encabeza Olegario Vázquez Raña, entre estos varios relacionados con los medios de comunicación.
El funcionario puntualizó también que, aun cuando Gobernación otorgó permisos, las empresas involucradas todavía tienen que presentar las correspondientes autorizaciones de los gobiernos municipales y estatales, requisito indispensable para que la dependencia les entregue la autorización de apertura de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números. Es decir, faltaría ese paso para la puesta en operación de los establecimientos referidos.
Del caso de Olegario Vázquez Raña expresó: "Yo no tengo conocimiento de lo del abogado (Alberdi González)". No obstante, el funcionario sugirió que, en todo caso, quien tendría que ofrecer detalles al respecto sería la dirección general Adjunta de Juegos y Sorteos, dependiente de la subsecretaría de Gobierno de dependencia.
Aquella es la instancia -comentó- donde se analizó la documentación que entregó cada uno de los solicitantes y la cual debe establecer si existen irregularidades e incluso la eventualidad de que hubiera prestanombres.
"Yo no tengo ningún conocimiento de ello, lo que sí tengo claro es que el Reglamento de Juegos y Sorteos contiene una serie de disposiciones tratando de evitar (sic) que se vaya a meter a esta activi- dad (juegos y sorteos) dinero de procedencia ilícita", señaló el subsecretario en entrevista.
El reglamento fue expedido en septiembre de 2004; enseguida, la Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que el entonces titular de Gobernación, Santiago Creel Miranda, invadió las funciones del Poder Legislativo al decretar una normatividad que, según los diputados, sobrepasa lo establecido en la Ley de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947.
Al respecto, Chávez admitió que la resolución de la SCJN podría derogar el reglamento referido. "Sí, es una de las posibilidades que se contemplan. Precisamente la Cámara de Diputados considera que el reglamento excedió el alcance de lo que prevé la ley. Ese es el motivo de la controversia".
Comentó que aún no existe un proyecto de la ministra ponente, Olga Sánchez Cordero. "Evidentemente la SCJN tiene muchísimo trabajo, está consciente de la importancia del tema (y) seguramente lo abordará regresando de su periodo vacacional".
Faltan autorizaciones estatales
El subsecretario aclaró que las empresas beneficiadas con permisos deben aún sortear un segundo paso para la apertura de centros de apuestas. De acuerdo con la explicación de Chávez, similar a la que dio la víspera el subsecretario de Gobierno, Felipe González, Gobernación no exigió las constancias de permisos de uso de suelo -como lo marca el reglamento- porque "es difícil pedirle a una persona que celebre un contrato de arrendamiento o adquiera inmuebles en diferentes partes de la República cuando ni siquiera tiene la certeza o la certidumbre de que el permiso va a ser expedido".
Entonces, agregó, por eso se diferencian dos etapas: una que es propiamente la expedición del permiso y otra que comprende la autorización para la apertura.
"Si no nos traen ellos la autorización del municipio o del estado, la SG no autorizará la apertura de casas de juego... El permiso ya se dio y la autorización para la apertura aún no", comentó.