Editorial

Creel, casinos y medios de comunicación

El caso de los permisos otorgados por Santiago Creel a siete empresas para instalar casas de apuestas en México, decisión que se tomó de manera poco clara y de espaldas a la opinión pública, se ha convertido en un escándalo de grandes proporciones. De acuerdo con información ya confirmada por este diario, existe un patrón bien definido en la concesión de los permisos, pues benefician sobre todo a empresarios vinculados con medios de comunicación masiva.

Hay que recordar que Creel autorizó esas concesiones cinco días antes de abandonar la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura presidencial de su partido, Acción Nacional (PAN). En esa ocasión, finales de junio, la prensa nacional puso al descubierto que Creel había otorgado permisos en favor de Apuestas Internacionales, una filial de Televisa, para operar 130 establecimientos, entre ellos casinos y casas de bingo, así como hipódromos, galgódromos, frontones y centros de apuestas remotas.

La opacidad de la operación haría suponer que los permisos obedecieron a un intercambio de favores entre Creel y las empresas beneficiadas. Datos revelados por La Jornada fortalecen esta suposición: uno de los empresarios favorecidos es Carlos Enrique Abraham Mafud, socio de la compañía Juega y Juega SA de CV, la cual recibió una autorización para abrir 18 casas de juego. Abraham Mafud es integrante de la familia que detenta la concesión de Tv Azteca en Yucatán. Además, su hermano, Roberto Abraham, es presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Otra de las empresas beneficiadas es Eventos Festivos de México, la cual recibió 20 permisos. Al menos cuatro miembros del consejo de administración de esa empresa también forman parte del consejo de administración de la cadena hotelera Real Turismo, de la cual es presidente Olegario Vázquez Raña, accionista a su vez del grupo de comunicación Imagen, socia de Milenio, y uno de los postores para la compra del periódico Excélsior.

Ante este cúmulo de coincidencias sería saludable que la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados aclare este caso lo más pronto posible para no dar una ventaja injusta a Creel en la carrera por la Presidencia. Como declaró ayer César Raúl Ojeda Zubieta, senador del Partido de la Revolución Democrática, el Congreso no debe poner en duda su imparcialidad en este asunto, que parece un "intercambio de favores (...) Difícilmente vamos a convencer a la ciudadanía de que no se trata de concesiones que Creel otorgó a cambio de beneficios igualmente generosos en la difusión de su precampaña electoral".

Sin embargo, el propio presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Diego Fernández de Cevallos, ha retenido datos vitales sobre el caso, al argumentar que se trata de información "reservada y confidencial" que podría "poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas", o "ser violatoria del secreto comercial, industrial, fiscal bancario o fiduciario". Esa información, que difícilmente podría ser catalogada como sensible para la seguridad nacional ­y por tanto mantenida en reserva­, es importante para que la comisión realice bien su trabajo; el resguardo de los datos sólo genera mayores sospechas.

Pero este asunto no sólo apunta a una probable maniobra de Creel para beneficiarse de los medios de comunicación en su lucha por la Presidencia, tal como sostiene también la organización social Di no a los casinos. Sí al turismo nuevo. Esta ONG advierte además sobre los "onerosos perjuicios sociales y de salud pública que acarrearía la operación masiva de salas de apuesta", ya que la ley que permite su funcionamiento "está hecha a la medida de las mafias del lavado de dinero y de la explotación del juego".

En resumen, se trata de un escándalo que podría afectar la limpieza de la contienda electoral y que obstaculiza la consolidación de nuestra incipiente democracia.