Niega el líder que pensiones a viudas, huérfanos e incapacitados sean cargas para el IMSS

El foxismo busca anular el sistema solidario de seguridad social: Vega

Las autoridades condicionan la apertura de más plazas

Buscan la privatización, señala

El instituto subroga servicios y viola el contrato

FABIOLA MARTINEZ Y PATRICIA MUÑOZ

El diagnóstico de la dirección del Seguro Social de que las pensiones a viudas, huérfanos e incapacitados resultan una carga evidencia la intención del gobierno del presidente Vicente Fox para desmembrar no sólo el contrato colectivo de los trabajadores del IMSS, sino anular el sistema solidario de seguridad social en el país.

Es la visión de los tecnócratas que este año "van por todo" para privatizar las instituciones sociales, sostuvo Roberto Vega Galina, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y anunció que este gremio se prepara para enfrentar un "choque" mayor en las negociaciones contractuales que comenzarán el mes próximo.

En entrevista con La Jornada, el dirigente señaló que los trabajadores tienen una propuesta alternativa en torno al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), misma que esperan sea discutida con la dirección del IMSS. Sin embargo, advirtió, "no vamos con los brazos cruzados, esperando que nos mutilen... el equipo de Levy ofrece al sindicato la autorización de 20 mil plazas si nos ponemos a modo con el RJP, pero eso no va a ocurrir".

Por lo pronto ha iniciado en todas las unidades médicas y administrativas la difusión de un comunicado que a la letra señala: "consideramos extremadamente peligroso e irresponsable que las autoridades institucionales provoquen intencionalmente el deterioro de los servicios, cuyas consecuencias se manifestarán en la pérdida de vidas humanas.

Vega Galina responde de esta forma a un análisis del Seguro Social, el cual señala que los criterios para la asignación de pensiones por invalidez, riesgos de trabajo y viudez deben modificarse "para adecuarlos a la realidad y reducir la carga financiera que representan para la institución y el gobierno federal". El estudio, publicado ayer por este diario, asegura que en las condiciones actuales 60 por ciento de los pensionados obtienen alguna de estas prestaciones entre los 40 y 48 años de edad, sin que necesariamente estén impedidos para laborar.

El dirigente indicó que en términos reales la dirección y el consejo técnico del instituto (integrado por representantes patronales, obreros y del gobierno federal) tienen como objetivo eliminar la seguridad social solidaria y generalizar el esquema las Afores y los seguros privados. Esa es su meta, que va de la mano con la privatización de los servicios, señaló.

En octubre próximo vence el plazo para la revisión del contrato colectivo de trabajo del SNTSS, el cual involucra las prestaciones y el régimen de retiro de unos 400 mil empleados. En agosto pasado, pese a la movilización de los trabajadores, fueron reformados dos artículos de la ley del Seguro Social que han derivado en congelamiento de plazas y en mayor deterioro de la atención a derechohabientes.

Sin embargo, el SNTSS dejó en claro que no cejará en la defensa de sus derechos, por lo que "si nos obligan a llegar al extremo ahí estaremos otra vez".

Según el dirigente, la posición de las autoridades no pone en riesgo sólo sus prestaciones sino el servicio médico mismo, en una clara actitud "deliberada y con dolo".

Incluso, expresó, "si la solución a los problemas financieros del IMSS fuera una persona, como han querido manejar en el instituto, Roberto Vega renuncia y ya está, pero el Seguro Social no se está hundiendo por Roberto Vega, sino por los rezagos añejos y malas administraciones, y sólo en este gobierno se les han querido adjudicar a los trabajadores.

"Quienes dirigen actualmente al IMSS son funcionarios que ven al instituto como una plataforma para seguir en la nómina y como una forma de cuidar su imagen a fin de tener una chamba después de 2006. No es posible que cuando le hablamos de problemas de atención a la derechohabiencia, los tecnócratas sacan la calculadora y nos responden que no hay dinero", añadió.

Recordó que los eventuales cambios a los criterios para la asignación de pensiones y jubilaciones son un proyecto viejo que pretendían aplicar desde la reforma a la ley del IMSS en 1997; han pasado, agregó, otros cambios en 2000, 2001 y 2004 sin que ninguno repercuta en una mejor administración o calidad de atención a los trabajadores. "En suma, estamos frente a un nuevo intento de desmembrar al IMSS y a la seguridad social, no sólo lo que establece nuestro contrato, sino derechos que consagra la Constitución, que en caso de derogar estarían asestando un golpe mortal al sindicalismo", expuso.

Insistió en que los empleados difícilmente podrán hacer milagros, si no cuentan con el material e insumos necesarios y si existe un rezago de 7 mil plazas congeladas de agosto pasado a la fecha, y la suspensión de contrataciones de 10 mil plazas más, es decir, "sin mentir, estamos hablando de que mis compañeros sacan adelante al instituto con 17 mil plazas menos". El único esfuerzo que ha hecho la administración es adelgazar la plantilla de trabajadores de confianza, aunque éstos acuden a los tribunales para obtener una mayor liquidación y le ganan miles de juicios al instituto.

FABIOLA MARTINEZ Y PATRICIA MUÑOZ

Miles de pruebas cérvicouterinas que se toman en unidades médicas familiares y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son procesadas en laboratorios privados, con los cuales las autoridades del organismo han establecido contratos que van de 30 a 40 millones de pesos.

Más allá de la subrogración de servicios vigente, este año se agudizó el desplazamieto de mano de obra del instituto y la negativa a dotar de insumos para que los empleados realicen sus labores. Las autoridades prefieren pagar a empresas privadas, lo mismo exámenes de laboratorio y estudios especializados que cirugías, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Documentos de los contratos emitidos desde agosto del año pasado, unos días después de la reforma a la ley del IMSS, revelan que una de las principales empresas beneficiadas es Laboratorios Química Humana SA de CV, con domicilio en Monte Albán 555, colonia Letrán Valle, en la ciudad de México.

Las autoridades del Seguro Social han enviado órdenes explícitas a las unidades médicas familiares 52, 56, 57, 60, 62, 95, 184 y 185, entre otras, para indicarles que los estudios cérvicouterinos deberán ser llevados a esa empresa para su procesamiento. Esto pese a que la infraestructura del IMSS cuenta con el personal y las instalaciones necesarias para la realización de los diagnósticos.

La información difundida por el secretario de Trabajo del SNTSS, Federico Arrellano Parra, detalla que en los primeros reportes de esa empresa, hacen referencia a la devolución de estudios de Papanicolau de pacientes registradas en el hospital general de zona número 57, La Quebrada.

Tan sólo en una de tantas remesas, el laboratorio mencionado procesó 3 mil 12 estudios. Cada informe detalla la situación de los pacientes, precisa un diagnóstico e incluso emite recomendaciones a los médicos especialistas, como en el caso de una carta girada el 19 de noviembre pasado, donde ese laboratorio detecta una displasia leve y "recomienda realizar colposcopia".

Esta situación no sólo viola la cláusula 70 del contrato colectivo de trabajo, la cual señala que el IMSS debe suministrar a sus empleados el equipo adecuado, instrumental, material y herramientas que sean necesarios para el desempeño de labores, sino otros apartados del convenio bilateral, como el respeto a la materia de trabajo.

Lo anterior ya constituye una clara violación al contrato colectivo y es evidente causal de huelga, además demuestra que no hay ahorro de recursos, al canalizar el servicio de laboratorio de hospitales y clínicas a empresas privadas. En principio, porque el instituto eroga doble vez: a sus trabajadores y, al mismo tiempo, a una empresa privada. "Son intereses oscuros" los que hay detrás, porque se están subrogando servicios básicos, con una intención de dolo deliberado, señaló Arellano Parra.

Los trabajadores empiezan a hacer denuncias por escrito no sólo a su sindicato, sino también a sus superiores en protesta por la salida de las pruebas citológicas, entre otras, y advierten que no se hacen responsables del "mal manejo y diagnóstico de las piezas sustraídas en forma arbitraria y sin enterar al derechohabiente; ¿cómo es posible que se pague cierta cantidad por diagnosticar piezas y no se pueda equipar los laboratorios para que nosotros realicemos las actividades correspondientes de nuestra área?", denuncian los empleados.

Estas quejas se han repetido en la mayoría de las unidades médicas del estado de México, aunque desde ahora empiezan a llegar reportes de subrogración ilegal de otros servicios como hemodiálisis, estudios histopatológicos y hasta cirugías de alta especialidad, estas últimas contratadas en hospitales privados de mediano nivel.

Los trabajadores son desplazados de su materia laboral, y en diversas áreas y unidades los mantienen "sin hacer nada", como estrategia para señalarlos de improductivos e ineficientes, alertó el secretario de Trabajo, y dijo que todo parece formar parte de un plan para entrar de lleno en la privatización del IMSS.

Otras empresas implicadas en estos contratos reclaman al personal del IMSS la realización de listados "ordenados" y "completos" para el correcto pago de sus servicios. Es decir, se pretende que el personal especializado y administrativo del instituto sirva sólo de "enlace" o, en el peor de los casos como office boy entre la dirección del IMSS y las empresas privadas.

Esto desmiente el argumento del director del Seguro Social, Santiago Levy, respecto a que "están preocupados por la situación financiera, cuando prefieren pagar a particulares antes que comprar insumos. Lo que está haciendo la administración es enrarecer el ambiente y aumentar la confrontación con los trabajadores", concluyó Federico Arellano.