Aguilar Valenzuela no debe ofrecer disculpas, pues "está fuera de lugar", afirma
La procuraduría se lanza a ciegas para ver si en alguna ocasión da al clavo: Carrancá
Que se sancione a los agentes del MPF; si no, Cabeza de Vaca será cómplice, sostiene
El caso del arquitecto Joaquín Romero Aparicio "pone de relieve que al hacer su trabajo la Procuraduría General República (PGR) se está lanzando a ciegas con el mazo en la mano para ver si en alguna ocasión da al clavo", consideró el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, quien agregó que el asunto es una "nueva pifia de la procuraduría que demuestra una lamentable impreparación de los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), falta de sentido de responsabilidad y de elementos técnico- jurídicos, que hacen responsables a los funcionarios que originaron las cosas de sanciones hasta penales".
En entrevista el jurista refirió que lo más grave del caso es que los errores de la PGR los esté avalando el vocero presidencial Rubén Aguilar Valenzuela, "que es un donadie en el espacio del MPF. Es ya intolerable que esta persona constantemente se esté metiendo en lo que no le incumbe", puntualizó.
Exhortó al procurador Daniel Cabeza de Vaca y al subprocurador en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, a sancionar de inmediato a los servidores públicos "responsables de tal barbaridad contra el arquitecto y su familia", porque "si no serán cómplices y encubridores de los actos delictivos cometidos por los funcionarios a su cargo".
Carrancá y Rivas refirió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe intervenir de manera urgente para "hacer hincapié en la responsabilidad penal de los agentes del MPF y que no solamente se exija la reparación del daño moral".
Joaquín Romero Aparicio fue detenido el pasado 2 de julio en un centro comercial de esta ciudad, debido a que dos testigos protegidos por autoridades estadunidenses lo identificaron como Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez.
Después de ocho días de permanecer privado de su libertad, primero en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y después en la casa de arraigos de la PGR, el arquitecto fue liberado, ya que exámenes de ADN efectuados en México y en Estados Unidos confirmaron que no era el jefe del narcotráfico con el que había sido confundido.
Credibilidad, por los suelos
-¿Qué va a pasar con la credibilidad de la PGR después de este nuevo caso que se le cayó?
-Seguirá por los suelos.
-¿Hubo abuso de la autoridad investigadora?
-Sí, pero además hay otros delitos que se refieren en el Código Penal Federal (CPF) al castigo de quien inicie una averiguación previa con elementos insuficientes, como que dos testigos hayan señalado al arquitecto como Vicente Carrillo.
El arraigo, inconstitucional
Para el doctor en derecho constitucional la figura del arraigo de la que se vale la SIEDO para mantener retenidas a las personas que enfrentan cargos por delincuencia organizada es "totalmente inconstitucional".
Refirió que el compromiso que hizo el vocero presidencial de ofrecer disculpas de manera oficial a Romero Aparicio y su familia "está fuera de lugar. ¿Quién es él para dar disculpas a nombre de la PGR?, esa función corresponde al procurador o al subprocurador".
Carrancá y Rivas dijo que "independientemente de que el arquitecto decida o no irse por la vía de la reparación del daño, él, como víctima, o sus familiares, deben presentar una denuncia de carácter penal contra los agentes del MPF de la SIEDO responsables de este vericueto; además la PGR, de oficio, debe sancionarlos, porque cualquier ciudadano está sujeto a que se le puedan fabricar delitos y eso no debe continuar".