A tres semanas de la alerta roja, silencio sobrecogedor en las comunidades rebeldes

Para el gobierno ''no pasa nada'', pero persiste la guerra contra el zapatismo

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Ocosingo, Chis., 10 de julio. Tres semanas de alerta roja general. Acercarse a las comunidades rebeldes significa encontrar un silencio tenaz y sobrecogedor. O desesperante, según se mire. Un no decir nada tal, que ni siquiera confirma o niega el "no pasa nada, hay tranquilidad" del gobierno, ahora tan locuaz respecto al tema.

La resistencia, otra vez y como siempre, está en el corazón del problema en la ''otrora llamada zona de conflicto'' (según la nueva fórmula del comisionado para el diálogo y la negociación -ya no "paz y reconciliación"-, Luis H. Alvarez, quien hace unos días anduvo por aquí repartiendo dones y recibiendo peticiones). El dialogador oficial da a entender que ya no hay ''conflicto''. De ser así, las más de 100 posiciones del Ejército Mexicano, ¿acaso vacacionan en una zona distendida y "normal"? O si nos frotamos los ojos, a lo mejor desaparecen, junto con los casos de tortura policiaca, como el ocurrido en Yabteclum el mismo día que se estableció la alerta roja rebelde.

La guerra de baja intensidad en Chiapas parece correr despacio, imperceptible. Pero no se detiene. La opinión pública puede olvidarla; las comunidades la comprueban en carne propia cotidianamente.

El tablero es complicado. Además de la militarización profunda, hay grupos paramilitares activados (en general, los mismos de antes); habrá quien diga que sólo latentes, pero nadie puede negar su existencia en Tila, Sabanilla, Palenque, Chilón, Chenalhó, etcétera.

En sus acciones, el gobierno federal ha subestimado la alerta roja del EZLN. Continúa el reacomodo táctico de posiciones castrenses que se inició hace dos meses en Chenalhó, donde se encuentra visiblemente empantanado. Asimismo, se realizan y sostienen movimientos de tropas hacia la "otrora" zona de conflicto para "prácticas y ejercicios" en Rancho Nuevo y sus alrededores.

En la misma línea, el comisionado gubernamental Luis H. Alvarez realizó su undécimo recorrido en lo que va del año la primera semana de julio. Visitó Monte Líbano, uno de los lugares más "normales" de Ocosingo, y de todo el estado: foco de prostitución, enclave militar, paramilitar y priísta en el acceso a Montes Azules y a la última cañada de la selva Lacandona, en la región del río Perla. De manera sugerente, Alvarez también visitó la comunidad llamada Absalón Castellanos, próxima a la cabecera municipal de Altamirano.

Según la versión de su oficina, el funcionario realizó encuentros "con representantes de organizaciones campesinas indígenas y con habitantes de comunidades con alto índice de marginación. Alvarez refrendó la disposición del gobierno federal para nutrir con ellos un diálogo respetuoso y atender sus legítimas solicitudes de apoyo". Lo acompañaron los presidentes municipales de Ocosingo, Matías Morales Hernández, y de Altamirano, Pedro Rodríguez Hernández.

Y ya que sale a colación el nombre del ex gobernador y ex prisionero de guerra del EZLN Absalón Castellanos Domínguez, cabe mencionar que el general es uno de los muchos que han saludado en fechas recientes un presunto ''adiós a las armas'' de los rebeldes que inventó la televisión.

La Jornada recorrió esta semana diversos puntos de la "otrora" zona de conflicto. Los municipios autónomos mantienen vedado el acceso a sus sedes, y las oficinas de los concejos, lo mismo que las de las cinco juntas de gobierno en los caracoles, están cerradas. Sólo se percibe actividad en los caracoles donde funcionan clínicas autónomas en su interior (Oventic y La Garrucha). Los caracoles restantes lucen desiertos, no necesariamente abandonados.

Todo indica que los zapatistas han dado un giro a su autonomía para proteger sus estructuras de gobierno en un momento de riesgo y de cambio. Por el contrario, nada indica que los gobiernos autónomos hayan dejado de funcionar. Simplemente dejaron de hacerlo a la vista de quien acuda a sus oficinas, como ocurrió entre agosto de 2003 y el 19 de junio del presente año.

Distintas agrupaciones y personas de la sociedad civil que trabajaban con las comunidades autónomas hasta el inicio de la alerta roja, permanecen a la expectativa tanto en Chiapas como en diversas partes de México y el extranjero. De manera anticlimática y silenciosa, las comunidades zapatistas llevan al extremo su funcionamiento autónomo.

Al anunciar el EZLN una iniciativa política de alcance nacional e internacional, no dijo que las comunidades dejaban la resistencia. No tendrían por qué. Los acuerdos de San Andrés siguen sin cumplirse. La militarización es sostenida y actuante. El cerco económico resulta espectacular. La contrainsurgencia se enmascara en un vasto operativo institucional de "labor social" e inversión desarrollista.

Salta a la vista la inversión espectacular en los municipios oficialistas ''leales'', cuyo paradigma sería Oxchuc, bastión priísta por la buena y por la mala, y desde hace varios años coto particular de una familia, representada de momento por la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez. Un caso de enriquecimiento conyugal inexplicable que dará mucho de qué hablar en el futuro, pero cuya impunidad parece garantizada, se cubre tras una vistosa obra urbana y carretera, la edificación de un auditorio monumentalmente municipal, y el reparto clientelar de tinacos y materiales de construcción. Adicionalmente, cobija una red "pulpo" del transporte público que tiene copada la importante ruta San Cristóbal de las Casas-Ocosingo.

En tanto, municipios rebeldes como San Pedro Polhó, San Andrés Sakamch'en de los Pobres, San Juan de la Libertad, Ernesto Che Guevara o Primero de Enero permanecen cerrados, no inmóviles. Resulta curioso que justo ahora que los zapatistas anuncian una salida que busca ir más allá del movimiento indígena, nos remitan una vez más al ''tiempo indígena'' del que tanto se hablaba durante los diálogos de San Andrés, allá por 1996. El lector quizá lo recuerda. Pese a todo, la resistencia, la autonomía, la alerta roja y la nueva iniciativa política se materializan en territorios predominantemente indígenas.