Debe cubrir 219 millones de dólares a empresa estadunidense con la que se "asoció"

Orden de embargo podría dejar al sindicato petrolero en "quiebra total"

PATRICIA MUÑOZ RIOS

A los problemas legales del líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, se suma ahora una orden de embargo contra el sindicato que encabeza, la cual asciende a 219 millones de dólares, fue emitida el 13 de abril de 2005 por el juez cuarto en materia civil del Distrito Federal, Sergio Higuera Mota, y obliga al pago de una indemnización a la empresa estadunidense denominada Arriba Limited.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) incluso tuvo que pagar el 18 de abril de este año una fianza por 92 millones de dólares para obtener un amparo contra esta resolución, y utilizó para ello las cuotas de los trabajadores, lo que ha dejado en números rojos sus finanzas y, de cumplimentarse la orden de embargo, quedaría en la "quiebra total".

Documentos entregados a La Jornada por el coordinador general del Frente Nacional Petrolero, Jorge Fuentes García, y Aarón Hernández Jarillo, miembro de esta organización, revelan que la resolución emitida por el juez obliga al sindicato a un pago millonario a esta trasnacional y su principal accionista, Bill Flanigan, quien entabló demandas legales en tribunales de Estados Unidos y México por "incumplimiento de un contrato" desde hace más de 20 años.

Aseguran que el contrato "estuvo marcado por el fraude y la corrupción" de los dirigentes sindicales, y exponen además que Petróleos Mexicanos ya entregó en tres ocasiones recursos al sindicato para enfrentar ésta y otras querellas legales: la primera vez por 640 millones de pesos, la segunda por 850 millones y la tercera por 250 millones, y no sólo no se liquidaron estos procesos, sino que tampoco se supo el destino del dinero.

La historia del contrato

El caso de Arriba Limited se remonta a 1980, cuando Pemex otorgó una concesión para que fuera comercializado todo el "producto contaminado" o residual, cuyos beneficios serían entregados al sindicato. La concesión es la número 1714 del expediente 9/303, registro de trámite 371232 del 13 de noviembre de 1980, y según los denunciantes esto es totalmente violatorio del artículo 27 constitucional, porque sólo al Estado compete la explotación, producción y comercialización del petróleo y sus derivados.

En 1983 fue creada en las Bahamas la empresa Arriba Limited, "en asociación con la directiva sindical del STPRM, cuyo objetivo era comercializar petróleo y sus derivados residuales de refinación, hecho que permitió un corrupto negocio de los directivos de Pemex y de la dirigencia del sindicato petrolero", señalaron.

En 1984 los líderes de esta organización obrera firmaron un contrato con esa empresa estadunidense, en el que se comprometían a entregar 6 mil barriles de producto residual al día; este convenio se signa en Estados Unidos y México. Sin embargo, los representantes sindicales no cumplieron porque recibieron una mejor oferta del mercado europeo y ahí mandaron el producto, de cuyas ganancias los trabajadores nunca vieron ningún dinero.

Ese mismo año, Arriba Limited demandó por incumplimiento de contrato y obtuvo en una corte de Houston, Texas, un fallo en su favor por 91 millones de dólares, que no se pagaron; en 2000 otra corte, esa vez de San Diego, actualizó el adeudo a 218 millones de dólares, más un cargo diario de 25 mil dólares de intereses y, a partir de 2001, esta empresa buscó homologar su juicio en México para hacer efectivas las sentencias ganadas en Estados Unidos.

El 10 de marzo de 2005 lograron que los jueces mexicanos homologaran las sentencias y obligaran al sindicato petrolero a pagar 220 millones de dólares, más 10 por ciento de intereses anuales.

Según refieren Fuentes García y Hernández Jarillo, "parte del desvío de fondos de Pemex al sindicato, que fue a parar a la campaña de Francisco Labastida en 2000, en el denominado Pemexgate, fue el dinero que los líderes solicitaron para pagar a Arriba Limited, y la empresa nunca ha recibido un solo dólar de este dinero".

Este frente demanda que no se acepten las deudas contraídas por los dirigentes sindicales y los contratos firmados por ellos, ya que en ningún momento se consultó a las bases mediante una asamblea -como lo marcan los estatutos- para llevar a cabo las acciones que emprendieron y que significaron una serie de delitos y fraudes.

"Que paguen quienes cometieron los ilícitos y no los trabajadores", señalan en la serie de denuncias que han interpuesto contra Romero Deschamps y su comité ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Gobernación, mismas que hasta el momento no han prosperado.

Las copias de las demandas presentadas hacen ver que la trasnacional busca embargar los 43 millones 223 mil 600 dólares que fueron depositados por los dirigentes del STPRM en la casa de bolsa de Nueva York Donalson Lukfin & Jenrette (filial de Credit Swiss), cuenta 6MH-215309; sin embargo, la PGR intervino esa cuenta porque los recursos son producto del desvío de fondos de Pemex hacia el sindicato.

"Sin embargo, por la defensa tan parca y ridícula que ha hecho la PGR, estos recursos se van a quedar en manos de la demandante. No es posible que como institución hallan señalado que estos recursos eran producto del lavado de dinero y del narcotráfico y no lo hayan podido comprobar. En ese caso se hubieran quedado callados", expresaron.

Indicaron además que Arriba Limited está tratando de congelar las cuentas del sindicato ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como hacer un embargo de los bienes del sindicato, locales, deportivos, terrenos, hoteles, etcétera, es decir, después de ser una de las organizaciones obreras económicamente más poderosas de América Latina, ya se encuentra en números rojos y en riesgo de perderlo todo por el saqueo, robo y corrupción que han prácticado los actuales dirigentes sindicales, encabezados por Romero Deschamps.

Afirman que desde 1983 el Movimiento Nacional Petrolero denunció ante la PGR lo que pasaba con la concesión otorgada a los dirigentes del STPRM, la que según sus propios cálculos generó cerca de 700 mil millones de pesos, pero las autoridades no hicieron nada y recientemente volvió a presentarse una demanda contra Carlos Antonio Romero Deschamps, Luis Ricardo Aldana Prieto, así como contra Fernando Carvajal Servín, Carlos Vasconcelos y Héctor Domínguez por los delitos de fraude, robo a propiedad de la nación y los que resulten.

Esta organización, convertida ahora en el Frente Nacional Petrolero, no está de acuerdo en que los 92 millones de dólares con los que se pagó la fianza para evitar el embargo hayan salido del patrimonio sindical, de las cuotas de los trabajadores, ya que por la mala administración de los bienes y recursos del sindicato se perdió una demanda en la cual sus dirigentes mostraron indolencia y desde el primer momento llevaron a cabo una operación corrupta y fraudulenta que les dejó recursos millonarios, de los cuales nadie supo su destino.

Estiman que a más tardar en julio de este año se dará a conocer la resolución de los tribunales nacionales sobre la demanda de amparo, en la que se determinará si se concreta el embargo al sindicato, que lo pondría en la quiebra, ya que de un momento a otro saldrá el dictamen final sobre este caso.

Sea cual fuere la determinación jurídica, el juicio amenaza con continuar, ya sea por la parte acusadora o por el sindicato, pero ahora con la variante de que existe la homologación de los juicios llevados en Estados Unidos y en México, concluyeron.