Además de reducir en 10% los salarios, hace más complejo el esquema tributario, dice
Anticonstitucional, la reforma a la Ley del ISR, afirma la Secretaría del Trabajo
Buscan en la Cámara de Diputados echar abajo la medida que gravará las prestaciones
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alertó que la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que entrará en vigor a partir de 2006 y que gravará todas las prestaciones de los asalariados "viola" los artículos 123 de la Constitución y 97 de la propia Ley Federal del Trabajo, además de que reduce hasta en 10 por ciento los salarios y para las empresas representa un mayor costo administrativo.
Además hace más complejo el esquema tributario, ya que se tienen que diseñar, aplicar y controlar dos y posiblemente hasta tres procedimientos diferentes para el cálculo de los impuestos a los trabajadores.
En un documento denominado Impacto del nuevo esquema de tributación para asalariados, vigente a partir del 1º de enero de 2006, esta dependencia señala que el sistema de recaudación que se pretende imponer "representa un fuerte incremento en la carga tributaria de las personas físicas asalariadas".
A pesar de que el impacto se quiere compensar con una especie de subsidio para la nivelación del ingreso, este apoyo se aplicará sólo de manera temporal e irá disminuyendo proporcionalmente en el lapso de 10 años, lo que implica que los trabajadores que perciban un ingreso bruto de entre 14 mil 500 y 71 mil 400 pesos mensuales verán reducidos sus ingresos de inmediato entre 1.5 y 9.1 por ciento.
El análisis de la STPS indica que el hecho de que exista un tratamiento fiscal diferenciado en materia de prestaciones, a opción del trabajador, de los cuales deberá decidirse por uno u otro al inicio del ejercicio, conllevará una ruptura de la homologación de los ingresos en puestos de trabajo iguales, ya que quienes tengan un mismo nivel salarial con idénticas prestaciones tendrán ingresos diferentes dependiendo de la alternativa que se elijan para el pago de sus impuestos.
Eso implica violentar el principio de equidad señalado en el artículo 123 fracción VII de la Constitución y el 86 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que a trabajo igual debe corresponder salario igual.
La modificación a la Ley del ISR para 2006 es sumamente discrecional, ya que los trabajadores que cambien de empresa o hayan conseguido por primera vez un empleo "no tendrán derecho al subsidio para la nivelación del ingreso", lo que da origen a que puedan existir tres ingresos diferentes para empleados que realizan un trabajo igual, desempeñando en puesto, forma y condiciones de eficiencia también similares.
Los trabajadores que tengan más de un trabajo al 31 de diciembre de 2005 verán reducido su ingreso total de manera automática al 1º de enero de 2006, en virtud de que sólo tendrán derecho al subsidio en uno de los dos empleos que desempeñan.
Otro punto que resalta el análisis de la STPS es que se crea la posibilidad de que un obrero con salario mínimo pueda estar sujeto a una retención de 25 por ciento del total de sus ingresos, si éste elige la opción que llegara a ser menos favorable. Esto viola lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VIII, que señala que el "salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento"; además violenta el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, que especifica que estas percepciones no podrán ser objeto de ninguna reducción.
Sobre este tema, el Congreso del Trabajo señaló ayer que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados emprendió una labor legislativa sin descanso con el propósito de frenar la aplicación de la Ley del ISR, por lo que, además de que ya presentó una contrarreforma, está buscando el consenso de todos los legisladores sobre la misma para echar abajo la pretensión de gravar las prestaciones.
Hasta el momento ya hay un punto de acuerdo alcanzado entre los diputados del sector obrero, el cual establece que se tratará de impedir a toda costa la nulificación por la vía fiscal de las conquistas logradas en los pasados 40 años. En contraparte, esta central propone que se instrumente un programa integral de combate a la evasión fiscal para fortalecer la capacidad recaudadora.