Usted está aquí: lunes 11 de julio de 2005 Política La PGR libera al arquitecto Joaquín Romero Aparicio

Pruebas de ADN comprobaron que no es el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes

La PGR libera al arquitecto Joaquín Romero Aparicio

Fue sacado de madrugada para evitar a la prensa

También fue liberado Francisco José Ramírez

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Ampliar la imagen Joaqu�Romero Aparicio y su esposa, en una fotograf�familiar

Las investigaciones en contra de Joaquín Romero Aparicio, a quien se confundió con el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, concluyeron la madrugada de ayer luego de su liberación del Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República (PGR). También fue liberado Francisco José Ramírez, quien junto con el primero fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) el pasado 2 de julio en el centro comercial Perisur.

El vocero presidencial, Rubén Aguilar, se comprometió el pasado 5 de julio a ofrecer una disculpa oficial a Romero Aparicio y a su familia, si se demostraba que no era el narcotraficante que especularon las autoridades.

El arquitecto fue puesto en libertad horas después de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recibió el informe de los resultados de nuevos exámenes genéticos efectuados por agencias de inteligencia estadunidenses (FBI y DEA) y por la misma dependencia mexicana. Esos estudios de ADN volvieron a confirmar lo que había trascendido desde el inicio de la semana pasada: que Romero Aparicio no es Vicente Carrillo Fuentes, sino un ciudadano mexicano sin antecedentes penales.

''Que la sociedad juzgue''

Mario Romero, hermano de Joaquín, aseguró en entrevista telefónica con La Jornada que por el momento su familiar no tiene pensado exigir a la PGR la reparación de daño moral y/o económico, porque ''ya terminó la indagatoria y no queremos dar motivos para nada más; le aclararon que todo fue una confusión y ahora a seguir adelante''.

Se negó a responder si después de esta experiencia él y su hermano consideran que el Ministerio Público Federal es una institución de buena fe. ''Que la sociedad juzgue y saque sus propias conclusiones, lo que podemos decir es que todo esto fue terrible.''

Dijo que el arquitecto se reintegrará hoy a sus actividades laborales y que ayer únicamente sería un día familiar. ''Por el momento no quiere dar declaraciones, pero está agradecido con los medios que estuvieron pendientes de él y posiblemente hoy dé una conferencia de prensa'', indicó Mario Romero Aparicio.

Ayer domingo, familiares del profesionista acudieron a la Basílica de Guadalupe para dar gracias por la liberación de Joaquín, y por la tarde se reunieron con él en la casa de su madre, donde estuvo presente José Ramírez.

Este caso se suma a otros en los que la PGR no ha podido comprobar la responsabilidad delictiva de la parte acusada, como ocurrió con el ex director de Giras Presidenciales, Nahúm Acosta Lugo, o con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Fueron tres días de detención en la SIEDO y cinco de arraigo los que tuvo que pasar el arquitecto Romero Aparicio, quien tiene cierto parecido físico con uno de los capos mexicanos más buscados a escala mundial. La PGR le notificó la decisión de liberarlo durante las primeras horas del domingo, como estrategia para que abandonara la casa de arraigo sin que fuera visto por algún reportero.

El pasado jueves, José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la SIEDO, aseguró en conferencia de prensa que la indagatoria en contra del arquitecto continuaría por tiempo indefinido; aclaró que los primeros análisis de ADN, que confirmaron que el detenido no era el líder del cártel de Juárez, no eran suficientes para liberar al inculpado, pues ''esto no es tan sencillo como para que simplemente se termine dejándolo en libertad''. Sin embargo, ayer la procuraduría emitió un comunicado en el que confirmó el levantamiento del arraigo, pero nada dijo respecto de si continuarán las pesquisas, ni se explicó el motivo por el cual se desestimó lo declarado por dos supuestos testigos protegidos que sostenían que Romero Aparicio era Carrillo.

Tampoco se dio a conocer que junto con el arquitecto fue liberado Francisco José Ramírez, ni se hizo mención alguna de si la dependencia indemnizará a la persona confundida con un narco por los días en que estuvo detenido y fue denostado ante la opinión pública, como prevé el artículo 30 del Código Penal Federal.

''De las diligencias practicadas destaca la declaración ministerial del indiciado, quien negó ser Vicente Carrillo Fuentes, dedicarse a la arquitectura y que, en el ejercicio de su actividad, hace siete u ocho años llevó a cabo el mantenimiento de una casa que actualmente está asegurada por esta procuraduría, de la cual se conoce que fue propiedad del extinto Amado Carrillo Fuentes (mejor conocido como El señor de los cielos)'', indicó la dependencia.

Agregó que ''el día de hoy (ayer) se recibió el resultado de la confrontación genética en la que se determinó que existe afinidad (...) entre el indiciado y quien dijo ser su progenitora. Se determinó solicitar al juzgado séptimo el levantamiento del arraigo, en congruencia con los resultados de los dictámenes en materia de genética forense, no obstante los dos testimonios que lo identificaban como Vicente Carrillo'', concluyó la Procuraduría General de la República.

El caso de Romero Aparicio fue del dominio público a partir de una declaración del vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar, quien sin tener datos precisos confirmó el lunes 4 de julio una información periodística de que probablemente se había detenido a Vicente Carrillo Fuentes.

Las reacciones no se hicieron esperar y voces como las del presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Uscanga, o las de diversos juristas, criticaron la labor de la PGR en este asunto y pidieron reformas legales para evitar situaciones similares.

Incluso, el ministro (jubilado) de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro consideró que el arraigo de sospechosos y el uso de testigos protegidos para incriminar delitos a alguien son actos inconstitucionales.

 
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