Se niega a indemnizar a la empresa Viveros Villaverde por cancelación de contrato

Incurre la alcaldía de Naucalpan en desacato judicial

Desde hace más de dos años la presidencia municipal de Naucalpan, estado de México, que encabeza la panista Angélica Moya Marín, ha incurrido en desacato al negarse a pagar casi 10 millones de pesos como reparación de daños y perjuicios a la empresa Viveros Villaverde, a pesar de resoluciones judiciales definitivas en favor del prestador de servicios.

El conflicto legal se inició en 2000, debido al incumplimiento de un convenio signado entre el ayuntamiento de Naucalpan, representado por el entonces presidente municipal Enrique Jacob Rocha, y la compañía Viveros Villaverde, a través del cual el gobierno municipal se comprometía a ceder parte de un terreno para la instalación de un centro de producción y abasto de árboles, pastos y vegetación para reforestar lo que se conoce como Espacio Ecológico Tlatilco.

Según Eduardo Riva, uno de los propietarios de la empresa, a pesar de que el 26 de abril hubo un mandamiento judicial para que se interviniera la caja de la tesorería municipal, las autoridades locales se negaron a dar cumplimiento a la orden emitida por el juzgado sexto civil del distrito judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan.

La negativa a dejar en manos de Sergio Espinoza Chavarría, quien el juzgado designó como interventor de la caja general de la tesorería del ayuntamiento de Naucalpan, se sustentó en que, antes que Viveros Villaverde, otra empresa ya había ganado un litigio similar, la cual tenía intervenida la caja.

Esa versión no es cierta, indicó el abogado Juan Díaz Torres. El mandamiento judicial no se cumplió, aun cuando el juez Alexander López Terán ordenó el uso de la fuerza pública para tal efecto.

Los propietarios de Viveros Villaverde denunciaron que la afectación económica les ha impedido desarrollar nuevos proyectos, pero además se echó abajo un importante convenio que permitía al ayuntamiento contar con abasto de insumos ecológicos de manera gratuita, a cambio de usufructuar durante 15 años el terreno que inicialmente les fue otorgado y que se destinó a la construcción de una vialidad.

De acuerdo con la versión obtenida, Viveros Villaverde no sólo habían comenzado en 2000 el desarrollo del centro de producción y abasto, sino incluso entregó dos patrullas y otros insumos para el ayuntamiento de Naucalpan, como contraprestaciones por la firma del convenio, que obtuvo los correspondientes permisos federales, estatales y municipales para operar.

Luego de cinco años de litigio, Eduardo Riva aseguró que lo único que le interesa es recuperar los recursos de una empresa familiar y no llegar al embargo de los bienes del ayuntamiento, que es parte de lo que el juzgado sexto ordenó desde octubre de 2004.

Los representantes legales de Viveros Villaverde, expuso Eduardo Riva, han tenido que recurrir a múltiples recursos de amparo y otros instrumentos legales para lograr que la justicia ordene el pago de la reparación del daño provocado por el incumplimiento del convenio.

Sin embargo, el monto de casi 10 millones de pesos es apenas cercano a 50 por ciento de lo que inicialmente había ganado Viveros Villaverde en los tribunales, y ni así ha logrado que se le pague.