Aplauden ONG argentinas la medida precautoria
Arraiga juez uruguayo a implicados en desaparición de nuera de Gelman
Buenos Aires, 29 de junio. Las organizaciones de derechos humanos argentinas respaldan las medidas de un juez uruguayo que prohibió la salida del país de ocho ex militares y policías involucrados en la desaparición de María Claudia García Irurueta Goyena, nuera del poeta Juan Gelman, radicado en México.
La decisión se tomó después que el presidente Tabaré Vázquez informó a la justicia uruguaya que el caso de la desaparición de la joven, llevada desde Argentina en 1976 a Montevideo, en el contexto de la Operación Cóndor, no estaba comprendida en la ley de caducidad, que impedía el juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos en ese país.
Vázquez, de la coalición de izquierda Frente Amplio, quien asumió en marzo de la presidencia en Uruguay, se comprometió a investigar lo sucedido bajo la dictadura con las violaciones a los derechos humanos y los desaparecidos de ese país -más de un centenar de ellos secuestrados en Argentina- para conocer la verdad, lo que en realidad no estaba prohibido en la ley de caducidad, que permitió la impunidad.
Los militares que quedan comprendidos en la medida son José Nino Gavazzo, Manuel Cordero Jorge Silveira, Antonio Rodríguez Buratti -implicados en la Operación Cóndor y en otras acciones fuera y dentro del país-, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez y el policía retirado Ricardo Medina.
María Claudia fue desaparecida después del nacimiento de su hija, entregada a un policía, dentro del mismo esquema que se aplicó en Argentina con el robo de niños nacidos en cautiverio. La joven fue encontrada en 2000, luego de una dramática búsqueda de su familia, y recientemente apareció en público por primera vez junto al abogado que lleva el caso, José Luis González.
Según datos que fueron contados al senador Rafael Michelini por el ex presidente Jorge Batlle, quien impidió todo paso de la justicia, ese grupo está implicado en el secuestro y asesinato de María Claudia, y el autor directo del crimen sería Medina.
Esta acción en Uruguay cambia de plano la situación en ese país, donde como en el resto de las naciones que sufrieron dictaduras en los años 70 se había impuesto la impunidad, de la misma manera que se aplicó la teoría de seguridad estadunidense que llevó al terrorismo de Estado, una acción casi continental.
Como sucede en Argentina, donde cada día aumentan las instigaciones de "hacer algo" para impedir que funcione la justicia, por parte de militares involucrados en crímenes de lesa humanidad que pueden ser juzgados, también en Uruguay ya salió al paso la llamada Legión Tenientes de Artigas, que en comunicado entregado al diario La República dice que apoyará al gobierno y a las autoridades "mientras éstas defiendan la soberanía nacional y actúen dentro de la objetividad de la Constitución y la ley sin interpretaciones sesgadas políticamente".
También advierte que "el incumplimiento del acuerdo celebrado entre organizaciones políticas (Partido Colorado, Unión Cívica y Frente Amplio) y las fuerzas armadas en agosto de 1984" -después de un plebiscito que sancionó la ley de caducidad-, "puede acarrear consecuencias no deseables para la familia oriental".
La República recuerda que la Legión Tenientes de Artigas se originó a mediados de los años 90, a partir de una escisión de Tenientes de Artigas, agrupamiento militar nacionalista que cobró protagonismo durante la dictadura cívico-militar.
Para muchos analistas políticos estas amenazas sólo resultan parte "del sueño eterno" de los militares por regresar al poder, pero las condiciones reales son cada vez más lejanas. No obstante, hay un llamado de los organismos humanitarios a estar atentos con estos nuevos y nostálgicos ruidos de sables en el Cono Sur.