La reforma electoral pendiente
El PRI y el PAN bloquearon la reforma electoral que el país necesita. No quieren fiscalización ni vigilancia ni control ni restricción de los gastos de sus aspirantes. No aprendieron la lección de los Amigos de Fox, del Pemexgate ni mucho menos de los videoescándalos. En el PAN no hubo sancionados por el caso Amigos de Fox, y en el PRI protegieron abiertamente a los implicados en el Pemexgate. Sólo el PRD hizo un ajuste interno derivado de los videoescándalos: aplicó sanciones y reformó sus normas para evitar gastos excesivos y la intromisión de intereses económicos en la vida interna del partido.
Estamos viendo correr enormes sumas de recursos para financiar la promoción de aspirantes a la Presidencia de la República de Acción Nacional, pero sobre todo del PRI. Es un gasto que se realiza ya no digamos en precampaña, sino aun antes de la precampaña. No se conoce el origen de los recursos, si son públicos o si son privados. Si son públicos, estaríamos ante la comisión de diversos delitos electorales y contra el patrimonio público. Si son privados, estamos ante el establecimiento de compromisos que pueden dar lugar a presiones empresariales sobre el poder público como las que se evidenciaron con los propios videoescándalos.
No existe legislación precisa para regular y vigilar precampañas, pero en el caso de las actividades proselitistas que se realizan antes de las precampañas la situación está peor: no hay nada. Los aspirantes pueden juntar dinero de donde sea y gastarlo como quieran.
El elevadísimo costo de las tarifas publicitarias de los medios electrónicos de comunicación agudiza exponencialmente la recolección de recursos y los gastos. Este fenómeno también constituye un grave retroceso político: la política se vuelve una actividad sólo para millonarios. En un país con gran pobreza extendida y graves carencias, la competencia política se convierte en otra carga para el pueblo. El producto del trabajo en lugar de invertirse productivamente se convierte en una herramienta de negociación política de grandes empresarios, mientras una parte de los impuestos de la gente termina por obra de la corrupción en la promoción de diversos personajes.
El costo de transmisión de un espot en el horario estelar del canal televisivo con mayor audiencia va de 402 mil a 435 mil 500 pesos, en tanto que en el horario de menor audiencia tiene un costo de 90 mil pesos. Esto hace que una campaña por televisión sea necesariamente millonaria. Según las cifras del PAN, hasta el 25 de mayo del 2005 los aspirantes del PRI, Enrique Jackson, Enrique Martínez y Tomás Yarrintong, habían gastado 310 millones de pesos. De acuerdo a estimaciones de Jorge Castañeda, Enrique Jackson ha gastado 100 millones de pesos. El propio Castañeda informa que en el año 2004 destinó 14 millones de pesos para espots televisivos y, entre enero y febrero de 2005, 8 millones de pesos, con lo cual ya gastó 70 por ciento de los fondos que había reunido.
De acuerdo con un monitoreo de El Universal, con datos del 1º al 27 de junio, Santiago Creel ha erogado 59 millones 786 mil 533 pesos en espots televisivos y 27 millones 686 mil 722 pesos en promocionales de radio; Enrique Jackson, 29 millones 274 mil 928 pesos; Enrique Martínez, 19 millones 144 mil 304; Arturo Montiel, 18 millones 879 mil 954; Tomás Yarrington, 15 millones 752 mil 918 pesos en espots televisivos y 390 mil en promocionales de radio; Francisco Barrio ha gastado 16 millones 880 mil pesos en promocionales de radio, y Víctor González un millón 326 mil 174 pesos en espots de televisión.
Toda esta situación nos llena de preocupación. Si así estamos ahora, ¿cómo estarán las precampañas? Y, peor aún ¿cuánto costará la campaña formal? Por eso era tan importante la reforma electoral a nivel federal, para poner un alto a este derroche irracional.
Es probable, sin embargo, que el Distrito Federal se coloque nuevamente a la vanguardia en estos temas. Si se hace reforma electoral en el Distrito Federal, en el tema de las precampañas hay un punto verdaderamente importante: restringir la contratación de publicidad televisiva de los aspirantes durante las precampañas y aun antes, desde el momento en que hacen públicas sus aspiraciones.
De cualquier manera, aunque se avance en el Distrito Federal, seguirá faltando la reforma electoral a nivel nacional, y mientras no ocurra seguirán repitiéndose los Pemexgates y los Amigos de Fox.