Visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Pendientes en México, respeto a garantías para indígenas y mujeres: Louise Arbour

Se congratuló de la eliminación de la pena de muerte y la ratificación del Estatuto de Roma

Aun cuando México está "institucionalmente bien equipado" para atender los problemas de los derechos humanos, entre sus tareas pendientes está la de avanzar en el respeto de los derechos indígenas y erradicar la violencia de género, aseguró la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.

En el primer día de su visita a México, y en una apretada agenda de trabajo que la llevó a entrevistarse con legisladores, varios secretarios de Estado, los presidentes de las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos y representantes de múltiples ONG, la alta comisionada recibió un panorama general de lo que realiza el país en defensa y promoción de estas garantías, pero también escuchó las quejas y reclamos que las organizaciones civiles expresaron, tales como que la impunidad y la falta de acceso a la justicia aún son las principales violaciones a las garantías fundamentales en México.

Al reunirse por la mañana con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la comisionada Arbour ofreció todo su respaldo para que México avance en la prevención de crímenes contra mujeres y, en general, para erradicar la violencia de género, y advirtió que es necesario un mayor avance en la legislación en materia de justicia en el país.

En ese encuentro se congratuló de que se haya abolido la pena de muerte de la Constitución, y dijo que la ratificación del Estatuto de Roma, por el que México acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, "es más que un gesto simbólico". Era muy importante, recalcó, que estuviera dentro del grupo de países que apoya a la justicia mundial.

Durante el encuentro, la senadora perredista Leticia Burgos expuso a la alta comisionada que no fue fácil lograr esta adhesión a la Corte Penal, que debió realizarse una reforma constitucional y el instrumento se aprobó con tres reservas, que son "tres vergüenzas", toda vez que deberá analizarse caso por caso de denuncias de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, además de requerir el aval del Presidente de la República y la ratificación del Senado.

Burgos deploró que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sea a partir de este momento, dejando fuera la posibilidad de llevar a ese tribunal los casos más sentidos en el país, como son las matanzas estudiantiles de octubre de 1968 y de junio de 1971. Recordó que ayer se cumplieron 10 años de la matanza de campesinos en Aguas Blancas, sin que se haya castigado a los autores intelectuales.

La alta comisionada hizo notar que no puede intervenir en asuntos que competen sólo a los gobiernos, pero dijo que el desafío de México es alcanzar un desarrollo en materia de procuración de justicia similar al que alcanzó ya en el respeto a los derechos humanos, pero dijo que le alienta que en el Congreso estén comprometidos con iniciativas sobre justicia penal y seguridad pública.

Louise Arbour se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez; el procurador de la República Daniel Cabeza de Vaca; el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes les explicaron los esfuerzos que realiza el gobierno mexicano en la materia, tras la cual ofreció, junto con el canciller Derbez, una conferencia de prensa. Aunque reconoció el liderazgo de México a escala internacional, citó también algunos de los pendientes.

Tras la reunión con los ombudsman del país, el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, expresó que "la preocupación" de la comisionada es que el Programa Nacional de Derechos Humanos no trascienda y que el próximo gobierno federal pretenda iniciar desde cero, sin ninguna base, para crear una nueva propuesta en materia de derechos humanos, inquietud que también expresó en la conferencia de prensa en la cancillería.

Soberanes indicó que en la reunión los presidentes de comisiones estatales solicitaron una mayor comunicación entre ambas partes, a fin de establecer lazos más sólidos de colaboración, y asegurar así que las quejas y propuestas sean escuchadas, al igual que las que son presentadas por organizaciones civiles y autoridades gubernamentales.

Agregó que a pesar de que no se estableció una agenda de temas prioritarios en materia de las garantías fundamentales con la alta comisionada, "reiteramos la denuncia presentada en torno a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, que hoy representan la violación más importante y grave de los derechos humanos en México".

Por la tarde, en una reunión privada con la alta comisionada, representantes de más de 20 ONG denunciaron que la impunidad y la falta de acceso a la justicia aún son las principales violaciones a los derechos humanos en México, por lo que reiteraron su llamado para que continúe la "estrecha cooperación" entre esta agencia de la ONU y las organizaciones civiles, a fin de garantizar que el Estado mexicano cumpla con los compromisos internacionales suscritos en esta materia.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguró que la presencia de la alta comisionada en México es "fundamental" para asegurar que superaremos la coyuntura sexenal que y continuará la aplicación del Programa Nacional de Derechos Humanos. Destacó que entre los temas más urgentes para la mayoría de las organizaciones está el combate a la impunidad y el pleno ejercicio del derechos a la justicia y la verdad en los hechos del pasado.

Andrea Becerril, José Antonio Román, Roberto Garduño y Laura Poy