Plantea que en los libros de texto gratuito se incluya la matanza de estudiantes
Demanda PRD en la Comisión Permanente que no haya impunidad para Echeverría
Después de dos intentos frustrados del PRI por evitarlo, ayer finalmente el PRD pudo llevar a la tribuna de la Comisión Permanente la demanda de que no haya impunidad y se sancione a Luis Echeverría, Mario Moya Palencia y los demás involucrados en las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, así como los demás crímenes del pasado.
El diputado perredista Salvador Martínez della Rocca recalcó ante el pleno que no se trata de enconos personales contra el ex presidente Echeverría, sino de que se haga justicia para que hechos como esos, en los que se masacró a jóvenes que demandaban libertades políticas, "nunca más vuelvan a darse en el país".
Protagonista central, ya que Martínez della Rocca, mejor conocido como El Pino, participó en los movimientos estudiantiles que concluyeron en las matanzas de Tlatelolco y el jueves de Corpus -estuvo preso por ello más de dos años-, hasta ayer pudo tocar el tema ante el pleno del órgano legislativo.
El pasado día 15, cuando la Suprema Corte resolvió que los delitos de genocidio por los hechos del junio de 1971 no han prescrito en el caso de Echeverría y Moya Palencia, el priísta Mariano González Zarur ordenó inclusive romper el quórum para que El Pino no pudiera aludir a ello en tribuna. Una semana después la sesión terminó antes.
Por ello, Martínez della Rocca se explayó ayer y demandó que no haya impunidad, que se juzgue a Echeverría y a quien entonces era su secretario de Gobernación, además de exigir que en los libros de texto gratuito aparezca la historia de los estudiantes asesinados, de la tortura a luchadores sociales, de desapariciones forzadas, de juicios sumarios.
En su respaldo, el diputado Francisco Amadeo Espinosa, del Partido del Trabajo, advirtió que tanto en 1968 como en 1971 muchos jóvenes fueron "cobarde y vilmente asesinados", y aunque en aquellas fechas era del dominio público quiénes fueron los responsables intelectuales y materiales, "el régimen de partido canceló toda posibilidad de ejercer justicia".
La Suprema Corte, 37 años después, resolvió que Echeverría y Moya Palencia pueden ser juzgados por esos "hechos sangrientos", lo que significa un avance en el tortuoso camino en busca de la verdad. Sin embargo, recalcó el diputado del PT, "no queremos una nueva y grotesca burla" y que mientras en otras naciones se procesa y castiga a los responsables de las guerras sucias de los años 70, "en el nuestro se evadan y dilaten las acciones judiciales".
Por su parte, la senadora perredista Leticia Burgos comentó que la resolución de la Suprema Corte fue parcial y "tramposa", e insistió en la necesidad de actualizar el marco legal mexicano en torno a la prescriptibilidad de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
Paralelo a ello, dijo, los familiares de desaparecidos y asesinados durante la guerra sucia de los años 70 en el país pueden recurrir a tribunales internacionales.